Los defensores de los imputados, entre ellos quien presidía Correo Argentino Jaime Cibils Robirosa, su abogado Jaime Leonardo Kleidermacher, y los funcionarios Oscar Aguad (actual ministro de Defensa, ex de Comunicaciones) y Juan Manuel Mocoroa realizaron diversos pedidos tendientes a cerrar el caso por inexistencia de delito y a anular los pedidos de indagatorias. En el dia de hoy se conoció que la Cámara Federal rechazó los planteos que tienen por objetivo anular el caso y ratificó que continúa el expediente penal.
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Avanza la causa por la deuda del Correo Argentino tras el aval de la Cámara Federal
La Cámara Federal rechazó este miércoles los planteos tendientes a cerrar la causa penal que investiga supuestos delitos en el acuerdo calificado de abusivo por una fiscal entre la empresa Correo Argentino y el Estado por el pago de una deuda millonaria.
Cabe mencionar que se confirmó la decisión del Juez Lijo, quien ahora, junto al aval del tribunal deberá resolver la situación de los imputados.
Las defensas había planteado lo que se conoce como excepción de falta de acción por la inexistencia de delito en la causa, donde se investiga a representantes de la empresa Correo Argentino SA y del Ministerio de Comunicaciones, por una propuesta de acuerdo originalmente aceptada ante la justicia comercial , y que fue calificada de abusiva por una fiscal en el marco del concurso preventivo de la firma mencionada.
La Sala II de la Cámara sostuvo que en el caso hay hechos controvertidos y posiciones contrapuestas que deben ser investigadas y aclaradas.
En uno de los legajos de la causa se confirmó el rechazo del juez al planteo de nulidad de las defensas respecto del dictamen del acusador donde pidió las indagatorias de los imputados.
Dijeron los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia que “el acusador efectuó un relato de los hechos y de las pruebas colectadas, valorando la participación que en ellos tuvieron -a su entender- los investigados”.
El juez Lijo había rechazado los planteos y ratificó un accionar irregular por parte los representantes del Estado dirigido a beneficiar a una empresa privada en perjuicio de intereses públicos.
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