Entre los más de 20 imputados se destacan los hermanos Schoklender, la titular de las Madres Hebe de Bonafini, y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Julio De Vido, José López y Abel Fatala.
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Después del escándalo, elevan a juicio la causa por la estafa de Sueños Compartidos
El juez Marcelo Martinez de Giorgi firmó la elevación a juicio de la causa "Sueños Compartidos", que significó un desvío de más de 200 millones de pesos de los $750 millones destinados al plan de viviendas.
El centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados, en empresarios agropecuarios ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127).
Durante la investigación, que comenzó en el juzgado de Norberto Oyarbide, la Justicia constató además que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales.
Los procesados
Entre los procesados aparecen el contador Alejandro Gotkin, que estuvo detenido junto a los Schoklender, pero por el delito de lavado de dinero. Por ese mismo delito fueron procesados el piloto Gustavo Serventich, quien tuvo un rol clave en la compra de dos aviones, y Fernando Caparrós Gómez, dueño de la financiera donde se cambiaron la mayor cantidad de cheques.
En una extensa resolución, de más de 60 carillas, el juez rechazó las oposiciones planteadas por algunas de las defensas y firmó la elevación. En las próximas horas quedará sorteado el tribunal y luego se elevará formalmente a juicio, explicó una fuente de la investigación.
Sueños Compartidos
El escándalo "Sueños Compartidos" arrancó el 25 de mayo de 2011, a partir de una investigación periodística, y fue un cimbronazo político en plena campaña electoral.
Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los Schoklender y a sus allegados. Pero la investigación fue un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartarlo.
Desde entonces, todo el expediente se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios.
FUENTE: Infobae
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