La falta de tres diputados impidió que el Gobierno de Javier Milei avanzara este miércoles 18 de noviembre con una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, donde estaba previsto debatir la Ley Malvinas, la reforma del Banco Central y otros cinco proyectos. El oficialismo logró reunir a 126 legisladores, pero necesitaba 129 para alcanzar el quórum y comenzar el tratamiento de las iniciativas.
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Diputados: el oficialismo no consiguió quórum y se cayó la sesión por Malvinas y el Banco Central
La sesión de Diputados reunió 126 legisladores, tres menos de los necesarios. Quedaron pendientes siete proyectos del Gobierno.
La convocatoria había sido impulsada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto a otros diputados oficialistas, con la intención de avanzar en una serie de proyectos considerados prioritarios por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, las ausencias de legisladores de Provincias Unidas y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) terminaron siendo determinantes para que la sesión no pudiera comenzar.
La situación se produjo a pesar de que previamente se había alcanzado un acuerdo entre los bloques para organizar el debate. Incluso estaba previsto que la jornada legislativa durara más de 13 horas, sin contar homenajes, cuestiones de privilegio y otros planteos parlamentarios.
El acuerdo sobre los tiempos de discusión, sin embargo, no significaba que todos los bloques estuvieran dispuestos a acompañar los proyectos con su voto.
Qué establece la Ley Malvinas que no pudo debatirse
Uno de los principales proyectos que quedaron sin tratamiento fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocida como Ley Malvinas. La iniciativa busca introducir cambios en las sanciones vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, además de establecer nuevas disposiciones relacionadas con la defensa, la seguridad nacional y la inteligencia.
Uno de los puntos que generó mayor discusión durante su tratamiento en comisiones fue el referido a la injerencia extranjera en los procesos electorales argentinos. El proyecto contempla penas de entre cinco y doce años de prisión para determinadas acciones organizadas o financiadas con el objetivo de interferir en elecciones o condicionar decisiones de las autoridades en beneficio de intereses extranjeros.
Este apartado recibió cuestionamientos de sectores opositores y de legisladores dialoguistas, especialmente por sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión.
Durante el trabajo en comisiones se incorporaron excepciones destinadas a proteger las actividades periodísticas, diplomáticas y académicas, aunque persistían diferencias sobre el alcance de esas garantías. La propuesta también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente de la Nación, que tendría funciones de coordinación en materia de defensa, seguridad e inteligencia.
El oficialismo esperaba conseguir la aprobación general del proyecto, pero todavía mantenía negociaciones sobre algunos artículos.
La reforma del Banco Central y otros proyectos que quedaron pendientes
Otro de los temas importantes de la jornada era la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto, que había regresado a Diputados después de recibir modificaciones en el Senado, establece como objetivo principal de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda.
Además, propone prohibir el financiamiento directo e indirecto del Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y otros mecanismos de emisión monetaria. En términos sencillos, la iniciativa busca limitar las posibilidades de que el Banco Central financie al Gobierno nacional mediante la emisión de dinero.
También introduce modificaciones en la utilización de las ganancias de la entidad, que deberían destinarse prioritariamente a cubrir pérdidas acumuladas, fortalecer su patrimonio o cancelar deuda pública.
El Senado había realizado cambios en las condiciones para designar y remover a las autoridades del Banco Central. Por eso, Diputados debía decidir si aceptaba esas modificaciones o insistía con su versión original.
Pero la agenda legislativa incluía otros asuntos:
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Acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Modificaciones al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.
Dos convenios para transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cambios en la Ley 24.467, vinculada con las pequeñas y medianas empresas, para ampliar el alcance de herramientas de promoción a cooperativas.
También estaban previstos un minuto de silencio en homenaje a la exdiputada Patricia Walsh y un posible reconocimiento a las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.
Ninguno de estos temas pudo abordarse debido a la falta de quórum.
Para el Gobierno nacional, el resultado representa una dificultad en su estrategia parlamentaria, especialmente en momentos en los que busca avanzar con otras iniciativas, entre ellas el Presupuesto 2027.
Ahora, el oficialismo deberá conseguir los acuerdos necesarios para volver a convocar a una sesión y garantizar la presencia de al menos 129 diputados.
La diferencia de apenas tres legisladores dejó una enseñanza concreta de la jornada: aun cuando existan acuerdos para organizar un debate, sin el número mínimo de representantes presentes, el Congreso no puede comenzar a sesionar ni votar los proyectos.
