El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen pruebas suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, exjefe de Gabinete del Gobierno nacional. Sin embargo, solicitó que la investigación continúe en la Justicia Penal Económica para determinar si el exfuncionario cometió delitos relacionados con una posible evasión de impuestos.
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El fiscal descartó acusar a Adorni por enriquecimiento ilícito, pero pidió investigar una posible evasión
La Fiscalía no encontró pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito, pero detectó posibles irregularidades en los ingresos y bienes de Adorni.
Manuel Adorni justificó sus bienes ante la Justicia.
La decisión se conoció este viernes 6 de noviembre, después de que la Fiscalía analizara la documentación presentada por Adorni para justificar su patrimonio, especialmente los ingresos que aseguró haber obtenido mediante inversiones en Bitcoin antes de ingresar al Gobierno.
El dictamen no significa que el exfuncionario haya sido sobreseído ni que la investigación esté cerrada. Por el contrario, el fiscal considera que todavía existen movimientos económicos y declaraciones fiscales que deben ser examinados.
Ahora será el juez federal Ariel Lijo quien deberá resolver si acepta el pedido de cambio de competencia y envía el expediente al fuero Penal Económico.
Por qué el fiscal no encontró pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito
La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y se concentró en la evolución del patrimonio de Manuel Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026, período durante el cual ocupó distintos cargos en el Poder Ejecutivo. Durante la investigación, la Fiscalía identificó gastos por aproximadamente 402.578 dólares, de los cuales unos 374.000 habrían sido abonados en efectivo.
También detectó una diferencia superior a los 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados del exfuncionario y los gastos realizados durante ese período.
Entre las operaciones analizadas aparecieron la compra de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, un departamento en el barrio porteño de Caballito, reformas inmobiliarias, viajes y otros gastos familiares. Para explicar el origen de esos fondos, Adorni sostuvo que había realizado inversiones en Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de incorporarse al Gobierno nacional. Según su presentación, invirtió aproximadamente 200.000 dólares en criptomonedas y posteriormente obtuvo 591.544 dólares mediante la venta de esos activos.
La Fiscalía ordenó analizar ocho direcciones digitales aportadas por la defensa. Las pericias confirmaron que las billeteras existían y habían registrado movimientos durante los años señalados.
Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar con certeza quién controlaba esas direcciones digitales en aquel momento ni reconstruir completamente la identidad de las personas que participaron de las operaciones.
Ante esa situación, Pollicita consideró que los elementos reunidos no alcanzaban para descartar la explicación de Adorni sobre el origen previo de su dinero.
El delito de enriquecimiento ilícito requiere acreditar un incremento patrimonial apreciable e injustificado durante el ejercicio de la función pública. En este caso, la Fiscalía no encontró pruebas suficientes para sostener esa hipótesis.
Por qué Adorni podría ser investigado por evasión de impuestos
Aunque el fiscal consideró que no se pudo acreditar un enriquecimiento ilícito, advirtió que existen posibles irregularidades tributarias que todavía deben investigarse.
Entre los principales puntos aparecen los ingresos utilizados para comprar criptomonedas, la venta de esos activos, la tenencia de dólares en efectivo y las diferencias entre las operaciones realizadas y lo declarado ante los organismos fiscales.
También se analizarán determinadas operaciones inmobiliarias y préstamos privados cuya entrega efectiva de dinero no pudo ser acreditada completamente. Otro aspecto que llamó la atención de la Fiscalía fue la incorporación de bienes y fondos en declaraciones juradas rectificativas presentadas después de que comenzara la investigación.
Según el dictamen, estas circunstancias podrían justificar una investigación por eventuales delitos vinculados con el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales u otras obligaciones tributarias.
Por ese motivo, Pollicita pidió que la causa sea enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, que tiene competencia para investigar este tipo de delitos. Además, solicitó que se examinen por separado posibles irregularidades tributarias relacionadas con los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo y el contratista Matías Tabar. La Fiscalía también pidió remitir antecedentes sobre la actuación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko al organismo profesional correspondiente.
La resolución final sobre el traslado del expediente quedará en manos del juez Ariel Lijo. Si acepta el planteo, la investigación continuará en otro fuero judicial, donde se deberá determinar si existieron maniobras de evasión tributaria.
Por el momento, no existe una condena ni una resolución definitiva sobre las sospechas fiscales. La principal novedad es que la Fiscalía considera que no hay pruebas suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito, pero entiende que todavía corresponde investigar el origen y la declaración impositiva de determinados fondos.
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