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SUSCRIBITEEs el paso previo a una eventual indagatoria. Hay un desbalance de más de $40 millones y otros USD 400.000 destinados a inmuebles.
El fiscal Gerardo Pollicita le pidió más explicaciones a Manuel Adorni por las inconsistencias de su declaración patrimonial.
Datos que no cierran, montos que no cuentan con respaldo y una tenencia de dólares cuya procedencia genera dudas. Tras más de cuatro meses de investigación, el patrimonio de Manuel Adorni sigue dejando, para la Justicia Federal, más preguntas abiertas que respuestas concretas.
A raíz de estas inconsistencias, el fiscal federal Gerardo Pollicita formalizó este lunes el requerimiento de justificación, un paso procesal que antecede a una eventual declaración indagatoria. Ahora será el juez Ariel Lijo quien deberá comunicarle la medida al exfuncionario.
Dejar su puesto como Jefe de Gabinete no impedirá que Manuel Adorni deba presentarse ante la Justicia Federal para explicar las inconsistencias detectadas en su declaración patrimonial.
El análisis no se limitará a la presentación correspondiente al período fiscal 2025, sino que también abarcará todas las rectificaciones posteriores, mediante las cuales modificó la cantidad y valuación de sus bienes, además de los dólares declarados para respaldar el crecimiento de su patrimonio.
En el marco de la investigación por un presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) una declaración jurada anticipada. Sin embargo, para el fiscal Gerardo Pollicita, esa presentación lejos de despejar las dudas existentes, sumó nuevos interrogantes.
El documento se incorporó a una causa que ya contaba con numerosas declaraciones testimoniales y con cuestionamientos iniciales sobre el patrimonio del exfuncionario.
La medida impulsada por el representante del Ministerio Público Fiscal se basa en un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El organismo realizó un análisis de los movimientos económicos de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, contemplando tanto los ingresos registrados como los gastos efectuados.
Las irregularidades encontradas llevaron al fiscal Gerardo Pollicita a disponer este lunes el requerimiento de justificación, con el objetivo de que el exfuncionario brinde explicaciones sobre la composición de su patrimonio.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público señaló que el examen integral y detallado de la evidencia recopilada, incluido el informe técnico de SIFRAI-DAFI, y su comparación con las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, tanto públicas como reservadas, junto con las respectivas rectificaciones, "permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial, lo cual condujo a la Fiscalía a presentar, el 10 de agosto del corriente, ante el Juzgado Federal N° 4 un dictamen de 207 fojas, donde se desarrolla y estructura la intimación en veinte puntos concretos que Manuel Adorni deberá justificar".
A partir de los elementos reunidos, la Fiscalía dispuso un requerimiento de justificación patrimonial dirigido a Manuel Adorni, quien tendrá un plazo de 15 días para explicar el origen del incremento registrado en su patrimonio y en el de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
El período bajo análisis comprende desde el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, hasta el 27 de junio de 2026, fecha en la que dejó su cargo. La intimación se realizó en el marco de lo establecido por el artículo 268 (2) del Código Penal.
Según consta en el dictamen, el requerimiento abarca los aumentos patrimoniales, compras y gastos que pudieron ser reconstruidos y que, al ser comparados con los ingresos legales acreditados del grupo familiar, todavía no cuentan con una justificación suficiente.
En esa línea, Pollicita señaló que la investigación permitió establecer que, durante el período analizado, Manuel Adorni recibió 35 haberes correspondientes a su actividad en la función pública, a los que deben sumarse los ingresos que fueron comprobados y que corresponden a su esposa.
De acuerdo con el análisis realizado, el grupo familiar contó con recursos por un total de $229.752.283,20 durante el período examinado. Sin embargo, los gastos registrados alcanzaron los $272.820.832,20, incluyendo seguros de vehículos, expensas, compras de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito. De este modo, se estableció una diferencia de $43.068.549 en moneda nacional entre los ingresos disponibles y los desembolsos efectuados.
Por otra parte, el informe también puso el foco en las divisas cuyo origen no pudo ser vinculado con ingresos lícitos acreditados. Esos fondos habrían sido utilizados para afrontar distintos gastos del grupo familiar, entre ellos viajes y alquileres, además de cubrir la compra del lote 380 del Country Indio Cuá, su refacción integral, la adquisición del departamento ubicado en Miró 550 y el mobiliario destinado a ambos inmuebles. En total, el dinero desembolsado para estas operaciones alcanzó los 402.578,12 dólares.
La Fiscalía señaló que este desbalance todavía requiere una explicación y que forma parte de un conjunto de inconsistencias detectadas durante el análisis. Entre los puntos que deberán ser aclarados se encuentra el origen y la justificación de los dólares estadounidenses declarados al comienzo y al final de los ejercicios 2023, así como al cierre de 2024, consignados bajo el concepto de “venta de activos”.
También deberá precisarse de dónde provinieron las divisas utilizadas para cubrir diferentes gastos, incluidos varios viajes al exterior.
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