Florencia y Máximo Kirchner tuvieron hoy un paso fugaz por los tribunales federales de Comodoro Py. Los hijos de la ex presidenta se presentaron ante el juez Claudio Bonadio , quien los citó para que brinden explicaciones en la causaLos Sauces.
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Florencia y Máximo dejaron escritos ante Bonadio y denunciaron "persecución política"
Ambos utilizaron la misma estrategia ante el magistrado: no respondieron preguntas y dejaron un escrito. En sus presentaciones, rechazaron las acusaciones, pidieron ser sobreseídos y dijeron ser víctimas de una persecución política.
La primera en ingresar a los tribunales fue Florencia. Llegó minutos después de las 8.40 acompañada por su abogado, Carlos Beraldi, el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli y el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Eduardo De Pedro, entre otros. Tal como estaba previsto, presentó un escrito y se retiró.
Luego fue el turno de su hermano, Máximo Kirchner. El diputado nacional y líder de La Cámpora también dejó un escrito ante el juez. Mañana debe presentarse la ex jefa del Estado.
Los hijos de la ex mandataria rechazaron las acusaciones de asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero e incompatibilidades con la función pública, vinculados a la causa Los Sauces.
Fueron indagados -al igual que Cristina- como dueños de la firma Los Sauces, cuyos inmuebles fueron alquilados a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, contratistas o beneficiarios del Estado.
Apoyo militante y operativo de seguridad
Militantes kirchneristas se movilizaron hasta los Tribunales de Retiro para acompañar a los hijos de la ex presidenta. Los manifestantes se encontraban en las inmediaciones del edificio de Comodoro Py 2002, con banderas y pecheras que los identificaban con sus organizaciones.
En tanto, los Tribunales amanecieron con doble vallado, con sólo dos ingresos laterales habilitados y con su playa de estacionamiento ocupada por camiones de la Policía Federal. Al menos 700 miembros de fuerzas de seguridad, entre gendarmes, prefectos y policías, custodiaban el edificio.
Fuente: La Nación