"Creemos que a lo largo del proceso y por los testimonios que se prestaron en la etapa oral del proceso, existen elementos de prueba para revertir el procesamiento de De la Rúa y llevarlo a juicio Oral con el resto de los acusados", afirmó Medina en diálogo con Télam.
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"Hay pruebas para revertir el sobreseimiento de De la Rúa"
Maximiliano Medina, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que encabeza la querella en el juicio oral que se lleva a cabo por la represión del 20 de diciembre de 2001, consideró que "existen en la causa suficientes elementos de prueba como para revertir el sobreseimiento" del ex presidente Fernando De la Rúa, a horas de cumplirse 13 años del estallido de la crisis que determinó su renuncia.
La etapa oral del proceso por las muertes ocurridas en el día que terminó el gobierno de la Alianza comenzó el 24 de febrero de este año y está a cargo del Tribunal Oral Federal 6.
En la causa se analizan las responsabilidades materiales e intelectuales que tuvieron 17 acusados en los hechos represivos que sólo en el centro porteño causaron 5 muertos, 227 heridos y más de 300 detenidos.
Entre ellos se destacan el entonces secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, y el comisario Rubén Santos, a cargo de la jefatura de la Policía Federal.
Entre los autores materiales ocupan un lugar preponderante los policías Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa y Roberto E. Juárez, Sebastián Saporiti, Horacio Berardi, Mario Seia, Norberto Sabbino y Ariel Firpo Castro.
En tanto que el oficial principal de la Comisaría 4 Víctor Belloni, sindicado por algunos testimonios como el autor de los disparos que dieron muerte a Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, llegó a este juicio sólo con la imputación de haber participado en el intento de homicidio de otras dos personas.
De la Rúa recibió el beneficio de la absolución en mayo de 2012 por parte del juez federal Claudio Bonadío y esa decisión fue ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal y el CELS impugnaron ese fallo, e interpusieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema para que resuelva la situación del ex presidente.
"Estamos convencidos de que ese día hubo una orden emanada desde la Presidencia para desatar una represión. Eso buscó desalojar la plaza y darle al gobierno espacio para negociar una solución a la crisis con los líderes del justicialismo", explicó el letrado.
En una de las últimas audiencias que se llevaron a cabo este año, el entonces secretario privado de De la Rúa, Leonardo Aiello, declaró ante los jueces del Tribunal que "ese día, aunque estaba en la Casa Rosada, no escuchaba ni veía nada de lo que pasaba en la calle".
"Esa es la actitud que mostraron todos los colaboradores del ex presidente en sus declaraciones ante el Tribunal. Es imposible que no se hayan enterado de lo que estaba pasando", apuntó Medina.
En el expediente figuran las declaraciones de Luis Zamora, Marcela Bordenave y José Roselli, quienes como diputados concurrieron ese día a Casa de Gobierno para pedir que cesara la represión, y fueron recibidos por Lautaro García Batallán, que oficiaba como secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior.
Según el testimonio de los ex legisladores, Batallán les dijo que "las órdenes eran de Mathov y que el operativo en las calles se encontraba bajo la responsabilidad de Santos".
"Estamos conformes con el trabajo que venimos haciendo desde la querella en este juicio. Aportamos elementos que prueban que hubo una orden política de reprimir. Estimamos que entre mayo y junio de 2015 habrá una sentencia", añadió.
La noche del 19 de diciembre de 2001 el entonces presidente Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio por cadena nacional como respuesta a los saqueos a supermercados en distintos puntos del país, principalmente en el conurbano bonaerense, en medio de una inédita crisis social y económica.
Las protestas generalizadas en la ciudad de Buenos Aires que se extendieron hasta el día siguiente precipitaron la renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo, en primer lugar, y finalmente, la dimisión del mandatario.
La represión a las manifestaciones populares dejó un saldo de más de 30 muertos.
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