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SUSCRIBITERevelan que las provincias podrían mejorar hasta 52% en aprendizajes en Lengua y Matemática sin aumentar la inversión educativa sino optimizando los recursos.
Cada escuela deberá confirmar la regularidad del alumno a través de la plataforma correspondiente.
Un nuevo informe de Argentinos por la Educación apuntó directamente a los recursos y la inversión que realizan las provincias en la educación y la manera en la que una redistribución podrían mejorar significativamente los aprendizajes en Lengua y Matemática sin aumentar la inversión educativa.
El último informe titulado “Eficiencia de la inversión educativa provincial en Argentina”, con autoría de María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (Argentinos por la Educación), e Ivana Templado (FIEL), compara la eficiencia de la inversión educativa en las provincias argentinas. Para eso, contrasta la inversión por alumno estatal en relación con el ingreso per cápita (entre 2012 y 2023), y la cantidad de alumnos de 6to grado que alcanzan los resultados esperados de Lengua y Matemática en Aprender 2023.
Uno de los hallazgos más destacados del informe es que algunas provincias podrían mejorar sus resultados en Lengua y Matemática, materias centrales para el desarrollo académico de los alumnos, hasta en un 52% sin aumentar su inversión actual. De este modo, el trabajo realizado por María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (de AE) junto a Ivana Templado (FIEL) sugiere que hay un margen significativo para optimizar el uso de los recursos existentes, es decir, lograr mejores resultados con la misma inversión, haciendo eje en la eficiencia de cómo se utiliza y direcciona la inversión educativa.
Luego dele estudio realizado en base de las últimas Pruebas Aprender en alumnos de sexto grado, se observó que hay una correlación positiva pero no perfecta, donde algunas provincias invierten más recursos sin lograr mejores aprendizajes, mientras que otras con menos recursos logran buenos resultados. Esta relación no es directa, sino que se ve matizada por otros factores, como la gestión educativa, el contexto socioeconómico y las políticas implementadas en cada provincia inciden con fuerza sobre los objetivos de enseñanza.
CABA, Córdoba y Formosa son las jurisdicciones con mejores índices de eficiencia en la inversión educativa, considerando cuánto invierten por alumno del sector estatal y cómo rinden los estudiantes en las pruebas Aprender de primaria. En contraste, provincias como Chaco, Catamarca y Tucumán tienen importantes márgenes de mejora: allí se observan mayores dificultades a la hora de transformar los recursos invertidos en mejores resultados educativos. Estas provincias podrían mejorar sus resultados hasta 52 puntos porcentuales con los mismos recursos disponibles actualmente. Cabe destacar que se trata de una medida relativa de eficiencia, calculada únicamente entre las provincias del país.
Para Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva en Fundar, el punto central no es discutir sobre "la falsa dicotomía entre más o menos Estado, sin considerar lo más importante: la calidad del Estado y su capacidad para transformar recursos en resultados".
En ese sentido, agregó, "en un país con recursos fiscales escasos y enormes desafíos sociales, mejorar la eficiencia del gasto público es urgente, clave para la toma de decisiones”.
Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento y políticas educativas, consideró que "esto implica la posibilidad de hacer más con lo mismo", cuando se habla de la eficiencia en el uso de la inversión en educación. Por lo tanto, "vemos que hay provincias que podrían mejorar su desempeño revisando sus propias normas, estilos y prácticas. Se trata de que cada peso invertido cumpla su objetivo: mejorar la educación", puntualizó.
Es importante destacar que el estudio se basa en una medida relativa de eficiencia, lo que significa que la comparación se realiza exclusivamente entre provincias argentinas. No se trata de evaluar si los resultados alcanzan estándares internacionales, sino de estimar qué provincias logran más con menos, o cuáles logran menos aun disponiendo de más recursos.
Además del esfuerzo presupuestario, el informe incorpora indicadores relacionados con la infraestructura escolar y la organización del sistema educativo. Variables como el equipamiento tecnológico, la conectividad, la extensión de la jornada escolar (simple o completa), la cantidad de alumnos por docente y la proporción de docentes suplentes, también se consideran relevantes para comprender las diferencias de eficiencia.
Desde este enfoque, provincias como Chubut, Misiones, Córdoba y nuevamente CABA se posicionan como más eficientes en la gestión de sus recursos físicos. En cambio, Chaco, La Rioja y Tucumán vuelven a registrar los niveles más bajos de eficiencia.
Algunas provincias, como Santa Fe, registran un elevado esfuerzo presupuestario por alumno, pero no obtienen resultados significativamente superiores a otras con niveles de inversión por alumno menores, como Mendoza o Salta.
Un factor crucial cuando se habla de inversión en educación es el financiamiento. La Ley de Financiamiento Educativo y la Ley Nacional de Educación fijan como objetivo el 6% del PBI. La primera lo estipula como el objetivo a alcanzar a los cinco años de sancionada la ley, en 2010, y a mantener luego. En tanto, la segunda va un paso más adelante y lo estipula como un mínimo ese porcentaje, dado que “no será inferior al 6% del PBI” indica la norma.
El informe también compara la eficiencia educativa provincial a partir de variables relacionadas con recursos físicos, como el equipamiento, infraestructura y la conectividad, el porcentaje de alumnos que asisten a jornada simple o completa, la relación de alumnos por cargo docente y el porcentaje de maestros suplentes.
También se puede evaluar un conjunto de variables correspondientes a recursos físicos de las provincias, tales como alumnos por cargo docente, equipamiento y conectividad, el porcentaje de alumnos que asisten a jornada simple o completa y el porcentaje de docentes suplentes.
Se trata de recursos que están en poder de los sistemas que reciben la asignación del gasto educativo y reflejan directamente la capacidad instalada y las condiciones operativas de los establecimientos educativos:
A modo de conclusión, el investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA - CONICET), Javier Curcio, planteó que es necesario "mejorar el rol de los tres niveles de gobierno en el financiamiento de la educación, con especial relevancia en la función de la administración nacional".
Así, añadió, se podrán "implementar respuestas activas que disminuyan las inequidades territoriales y desvinculen las posibilidades de acceso a una educación de calidad del lugar de nacimiento o residencia de los niños y sus familias”.
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