La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional poner en marcha de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional una parte del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la ejecución de la norma. La decisión fue adoptada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.
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La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que la frenaba
La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional parte del decreto del Gobierno.
El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional. El fallo establece que el Ejecutivo deberá dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795.
Qué parte del decreto fue declarada inconstitucional
La resolución cuestionó específicamente la cláusula del Decreto 759/2025 que establecía que la promulgación de la ley se hacía “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629”.
A partir de esa referencia, el Gobierno había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas necesarias en el presupuesto nacional.
Cormick consideró que esa disposición funcionó, en los hechos, como una nueva instancia de veto luego de que el Congreso ya hubiera rechazado el veto presidencial y ratificado la norma con una mayoría de dos tercios.
Según el juez, el decreto se transformó en un “mecanismo extraconstitucional”, ya que suspendió los efectos de una ley cuya sanción había quedado firme luego de la insistencia del Poder Legislativo.
La Ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025. Diputados y Senadores volvieron a aprobarla con las mayorías especiales previstas por la Constitución, tras lo cual el Gobierno debió promulgarla.
Qué contempla la Ley de Financiamiento Universitario
La normativa incluye medidas vinculadas con la actualización de los salarios docentes y no docentes, el financiamiento de las universidades nacionales, las becas estudiantiles, los programas de investigación y los hospitales universitarios.
Dentro del expediente también fueron considerados acuerdos paritarios alcanzados entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios universitarios. Entre ellos se estableció una actualización salarial del 24,33%, distribuida en un 21,33% desde junio y otro 3% en octubre.
Además, se acordó una recomposición del 20% para gastos de funcionamiento, una partida especial de $50.000 millones para hospitales universitarios y un incremento del 50% para las Becas Manuel Belgrano.
Los argumentos del Gobierno y de las universidades
Durante el proceso judicial, las universidades plantearon que el mecanismo empleado por el Ejecutivo implicaba un nuevo veto de hecho y afectaba la división de poderes. La UBA también sostuvo que la falta de actualización presupuestaria de los últimos años había provocado una importante pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes y dificultades para sostener el funcionamiento de facultades, colegios y hospitales universitarios.
El Gobierno, en cambio, defendió la legalidad del decreto. Sus representantes argumentaron que la suspensión no había sido una decisión discrecional del Ejecutivo, sino la aplicación de normas vigentes que establecen que toda ley que genere nuevos gastos debe determinar cómo serán financiados. También señalaron el impacto fiscal que tendría la ejecución de la norma.
Cormick rechazó esos argumentos y sostuvo que la propia Ley de Financiamiento Universitario contemplaba mecanismos para afrontar los gastos, entre ellos la posibilidad de reasignar partidas y utilizar incrementos de la recaudación por encima de las estimaciones previstas.
Con la sentencia conocida este martes 6 de octubre, el juzgado ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario y adoptar las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Se trata de un fallo de primera instancia, por lo que la decisión puede ser recurrida.
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