Pedidos por la Ley de Financiamiento Universitario (Archivo)
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, dictó una medida cautelar que suspendió el decreto del Ejecutivo que había dejado sin efecto la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución obliga al Gobierno nacional a cumplir de manera inmediata con la actualización de partidas destinadas al pago de salarios docentes y no docentes y el incremento de becas estudiantiles, tal como prevé la norma sancionada por el Congreso.
Qué resolvió el juez Cormick y por qué
En el fallo, el magistrado sostuvo que existía un deber claro del Estado derivado del proceso legislativo: tras el veto presidencial, el Congreso insistió con la ley con la mayoría requerida y, por esa razón, no corresponde que una suspensión administrativa prevalezca sobre esa decisión.
marcha universidad pública
Pedidos por la Ley de Financiamiento Universitario (Archivo)
Cormick también remarcó el impacto del conflicto salarial en el sistema educativo y advirtió que el deterioro de los ingresos termina afectando el derecho constitucional a enseñar y aprender.
Además, relativizó el argumento económico: señaló que negar la cautelar implicaría, en términos presupuestarios, un ahorro poco significativo dentro del gasto total de la Administración Pública.
Finalmente, descartó consecuencias irreversibles: la medida es temporal, puede ajustarse según avance el debate presupuestario y se mantendrá vigente hasta que haya una resolución definitiva del caso, con caución juratoria como garantía.
Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 busca garantizar el sostenimiento de la universidad pública e incluye, entre otros puntos: actualización de partidas y becas según el IPC del INDEC, recomposición salarial y convocatoria a paritaria nacional con actualizaciones periódicas, además del refuerzo de programas de becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad.