La comunidad educativa realizará este jueves 15 de octubre la quinta Marcha Federal Universitaria en rechazo a los intentos del Gobierno nacional de frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria reúne a estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias, gremios y federaciones estudiantiles de todo el país.
La movilización busca exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso y respaldada por fallos judiciales, en medio de un conflicto por la actualización de los salarios y las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de las universidades públicas.
Los principales reclamos de la comunidad universitaria
La marcha cuenta con el respaldo de los gremios docentes y no docentes, las federaciones estudiantiles y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El reclamo central apunta a que el Ejecutivo aplique los aumentos pendientes y garantice los recursos previstos por la normativa.
Según los datos difundidos por el sector universitario, existe un retraso estimado del 33% en los salarios del personal universitario y del 100% en las becas estudiantiles. Las autoridades advierten que la falta de actualización de los fondos compromete el funcionamiento de las instituciones, la investigación y la enseñanza.
Marcha Federal Universitaria por el cumplimiento de la ley de financiamiento.
La disputa por el financiamiento universitario
El conflicto se intensificó después de que el Gobierno intentara condicionar la aplicación de los fondos mediante el Decreto 759/2025, bajo el argumento del equilibrio fiscal. Sin embargo, distintos fallos judiciales ordenaron al Estado aplicar los aumentos previstos para el sector.
La discusión también alcanza al Presupuesto 2027. Mientras el Ejecutivo propone destinar 7,3 billones de pesos a las universidades, los rectores reclaman 11 billones para garantizar el desarrollo de las actividades académicas, la investigación y la enseñanza.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 establece un mecanismo de actualización periódica y automática del presupuesto operativo de las universidades públicas, de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC.
La norma también busca sostener los programas de becas para facilitar el ingreso y la permanencia de los estudiantes, además de garantizar negociaciones salariales ajustadas a la evolución de la inflación.
Desde el sector universitario insisten en que la aplicación de la ley es fundamental para preservar la continuidad de las actividades educativas y evitar un mayor deterioro de los salarios y los recursos destinados a las instituciones públicas.
Una nueva jornada de protesta en todo el país
La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las universidades. La comunidad educativa reclama que se cumpla una ley aprobada por el Congreso y que, según sostiene, cuenta con respaldo judicial.
La movilización busca visibilizar el impacto de la falta de actualización presupuestaria y salarial, y exigir garantías para el funcionamiento de las universidades públicas, el sostenimiento de las becas y la continuidad de las tareas de investigación y enseñanza.
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