El juez federal Ariel Lijo dictó medidas de protección para una testigo clave en una causa vinculada al jefe de Gabinete Manuel Adorni. La decisión se conoció este sábado, luego de un pedido impulsado por el fiscal Carlos Pollicita.
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Ordenan proteger a una testigo en la causa por el vuelo de Manuel Adorni
El juez Ariel Lijo dispuso restricciones contra un allegado al jefe de Gabinete tras una denuncia por hostigamiento.
La resolución judicial apunta a resguardar a una empleada de la empresa aérea involucrada en el caso, quien denunció situaciones de presión y hostigamiento.
En ese contexto, la investigación se centra en las circunstancias que rodearon un vuelo hacia Punta del Este, Uruguay, y en los contactos posteriores que la testigo declaró ante la Justicia.
Restricciones y medidas dictadas por el juez
Entre las disposiciones adoptadas, el juez ordenó que Marcelo Grandio se abstenga de cualquier tipo de contacto con la testigo. La medida incluye comunicaciones telefónicas, digitales, presenciales o a través de terceros.
Además, la resolución establece que no puede acercarse al domicilio, lugar de trabajo ni a espacios que frecuente la denunciante.
El magistrado también dispuso la prohibición de realizar actos que impliquen intimidación, perturbación o presión, tanto de forma directa como indirecta.
El origen de la denuncia
La causa se inició tras la declaración testimonial de la empleada, quien brindó información sobre el vuelo en cuestión. Durante su exposición, relató una serie de contactos que interpretó como intentos de presión.
Según consta en el expediente, la testigo afirmó que Grandio realizó llamados telefónicos y envió mensajes en simultáneo con su declaración ante la fiscalía.
También señaló que esas comunicaciones generaron un impacto en su estado emocional y en su tranquilidad.
La intervención del fiscal
El fiscal Pollicita impulsó la apertura de una investigación para analizar posibles actos de hostigamiento, amenazas o amedrentamiento.
En su presentación, sostuvo que los hechos relatados evidencian una secuencia de conductas que podrían afectar el normal desarrollo del proceso judicial.
Además, solicitó que se incorporen como prueba la declaración testimonial y la documentación aportada por la denunciante.