Entre 2013 y 2015 se rubricaron seis convenios para construir 1500 viviendas en nueve intendencias de la provincia. Se realizaron en el marco del Programa Federal de Integración Comunitaria, a cargo del Ministerio de Planificación Federal que estaba encabezado por Julio De Vido.
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Pagaron 150 millones para terminar casas ya terminadas
La Cooperativa Pibes Villeros Ltda. cobró casi 150 millones de pesos “para finalizar viviendas” de las que ya se habían presentado “actas de finalización de obras”. Hay cuatro funcionarios nacionales y uno provincial acusados. Entre ellos, Julio De Vido.
Esta información consta en una denuncia realizada por Mariano Miranda (fiscal de Estado de Jujuy) y Joaquín Millón Quintana (fiscal Anticorrupción). Los acusados son: Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios), Roberto Baratta (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión), José Francisco López y Germán Nivello, todos ellos del ministerio encabezado por De Vido, y el último denunciado es Gustavo Carrizo (ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales de la Unidad Ejecutora Provincial de Jujuy).
Según la denuncia, estos cinco funcionarios, ya sea “por omisión funcional a sus deberes de control de gestión” o por “conductas comisivas” realizaron el aporte sin el cual “no hubiese sido posible el fraude a la administración pública consumado por los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Pibes Villeros Ltda.” muy vinculada a la Organización Barrial Tupac Amaru. Esta Cooperativa es la que retiró millones de pesos del Banco Nación según consta en el video conocido en los últimos días. La cooperativa está dirigida por Patricia Cabana, Javier Rivero e Iván Altamirano.
La operatoria fue la siguiente: a través de los seis convenios nombrados al principio se iban a construir 1500 viviendas en nueve municipios. El monto de dichas obras era de 395.594.000. En la mayoría de los expedientes de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) de Jujuy existen actas de finalización y recepción provisoria de la obra, o en su defecto, certificados que acreditarían la terminación de las viviendas, provistos por las cooperativas ejecutantes, los intendentes respectivos y sus representantes técnicos. Es decir, la cooperativa, el intendente y los técnicos, confirmaban que las obras estaban finalizadas con el dinero que ya se había recibido; todo en orden y prolijo. En algunos casos, incluso, las obras se habían terminado antes del plazo establecido. Sin embargo, por cada convenio la Subsecretaría de Desarrollo, Vivienda y Urbanismo, la UEP y los respectivos intendentes consignaron 6 adendas (extensiones al contrato) acordando “financiamientos adicionales” para “garantizar la correcta terminación de las obras”. Obras que, según las certificaciones correspondientes, ya estaban terminadas y pagadas. Todos estos adicionales fueron solicitados y suscriptos en septiembre de 2014 o en marzo de 2015. El monto total de esas adendas es de $149.250.000, eso es un 37% del monto total de la obra.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación entregó casi 150 millones de pesos para obras que ya sabía que estaban terminadas. El dinero era recibido por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que la giraba a cada municipio, los cuales endosaban los cheques y los entregaban a la Cooperativa de Trabajo Pibes Villeros, dirigida por gente muy cercana a Milagro Sala y con domicilio en el mismo lugar que la sede de la Tupac Amaru.
Los municipios involucrados son: Humahuaca, Libertador, Calilegua, San Pedro, Monterrico y Palpalá donde se habrían construido 720 viviendas, y los municipios de San Salvador, La Esperanza, El Carmen y Perico, que se repartían otras 780 casas.
Por otro lado, según la denuncia presentada, en ninguno de los expedientes considerados existen actuaciones que den cuenta del cumplimiento de los procedimientos de rendición de cuentas, por lo que tampoco hay constancia de que las viviendas se hayan construido.
Para dimensionar de qué se habla cuando se dice que se entregaron 550 millones de pesos se podría decir que es más de tres veces el presupuesto para obra pública que maneja la municipalidad de San Salvador de Jujuy. En manos de una cooperativa. Sin el debido control.
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