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Polémica entre la Justicia y el Gobierno por motochorros liberados en 24 horas
Una jueza liberó a un motochorro con una fianza de $700, antes había liberado a otro, ambos extranjeros, el presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta la criticaron duramente y ella respondió.
Patricia Guichandut es titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 62. En los últimos días excarceló a Antonio José Franco y Jair Stevens Jurado Mora, motochorros de origen uruguayo y colombiano, respectivamente. Se trataron de robos que fueron hallados en flagrancia.
El presidente Macri criticó a la funcionaria judicial en Twitter: "Es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las fuerzas de seguridad están haciendo su trabajo en la calle, pero con una Justicia así no hay Policía que alcance".
Más temprano, el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta se mostró "caliente" por las esas decisiones de la jueza: "Al tipo lo enganchamos en Boedo y estuvo 24 horas preso. Estamos dando una pelea a fondo contra la inseguridad, pero juezas como estas no ayudan en nada".
Luego de los cruces públicos de los funcionarios de Cambiemos, la jueza respondió con un comunicado brindando detalles de su accionar “A Jurado Mora le impuse, en la medida de sus posibilidades, como lo señala la ley, varias reglas de conducta entre las que se cuenta el pago de una suma dineraria en concepto de reparación del daño causado a la víctima a cambio de otorgarle la suspensión del juicio a prueba", puntualizó la magistrada en un comunicado publicado por Infobae.
La jueza también aseguró que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) "no informó la existencia de causas penales contra Jurado Mora en el exterior ni que tuviera impedido de ingreso al país" y que en el Registro Nacional de Reincidencia (RNR) entregado por la Policía Federal (PFA) "no surge la existencia de antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero".
Finalmente dijo que no participó de la investigación de Franco que tenía tres condenas cumplidas y un pedido de la DNM para expulsarlo del país y entregarlo a las autoridades de Uruguay.
“La ley no establece diferencias entre ciudadanos nacionales y extranjeros" y “Si se trata de modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que pueda dar las respuestas" concluyó la magistrada.
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