El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, oficializó este miércoles el pago de una recompensa de $10 millones para quienes aporten datos que permitan identificar a los responsables de los disturbios ocurridos durante la protesta de jubilados frente al Congreso el pasado 12 de marzo. La decisión se publicó en el Boletín Oficial a través de la Resolución 357/2025.
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Patricia Bullrich ofreció una recompensa millonaria por "datos sobre los violentos"
Patricia Bullrich anunció que pagará $10 millones a quienes brinden información sobre los responsables de los incidentes en la marcha del 12 de marzo.
La manifestación, que se llevó a cabo en reclamo de mejoras en los haberes jubilatorios, terminó en un violento enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. La represión dejó como saldo varios heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el impacto de una granada de gas en la cabeza y se encuentra en estado crítico.
Desde el Gobierno aseguran que los incidentes fueron provocados por "grupos organizados" y "barras bravas" que se infiltraron en la movilización. Según la resolución firmada por Bullrich, estas personas "promovieron disturbios con fines desestabilizadores" y actuaron de manera "gravemente violenta".
La recompensa y su objetivo
El documento oficial detalla que la recompensa será otorgada a quienes, sin haber participado en los hechos, brinden información "útil, precisa y concreta" que permita identificar y capturar a los responsables de los incidentes.
"Es necesario y urgente identificar a los autores de estos delitos, que constituyen un caso de gravedad institucional con impacto nacional e internacional", señala la resolución.
Un Congreso vallado y fuerte operativo policial
A pocas horas de una nueva protesta de jubilados en la Plaza del Congreso, el Gobierno implementó un fuerte operativo de seguridad en la zona. Se colocaron vallas y se desplegaron efectivos de la Policía Federal y Gendarmería para evitar nuevos incidentes.
Desde sectores opositores y organismos de derechos humanos cuestionaron la respuesta del Gobierno y denunciaron una "criminalización de la protesta". Además, exigen explicaciones sobre la represión del 12 de marzo y el estado de salud de Pablo Grillo.
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