En el marco de las liberaciones y prisiones domiciliarias que los magistrados realizaron por la pandemia de coronavirus y la posibilidad de contagios dentro del sistema penitenciario, este lunes Sergio Massa presentará el primer pedido de juicio político contra un juez. Será contra el juez de Ejecución de Bahía Blanca, Claudio Brun, por la excarcelación de un detenido acusado por abuso sexual con acceso carnal contra una niña con retraso madurativo. La decisión de liberarlo fue el 7 de abril y fue fuertemente cuestionada. Por la conmoción que generó el comunidad donde reside, el Juez dictaminó recientemente que este acusado retorne a la cárcel para resguardar la seguridad de su familia. Sin embargo, este no es el único caso, ya que dentro de la presentación habrá otros doce fallos en los que el mismo juez concedió prisión domiciliaria a detenidos por abuso sexual, robo agravado y homicidio en el marco de la pandemia.
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Pedirán juicio al juez que excarceló un detenido por abuso
Massa, junto al nacional Ramiro Gutiérrez y los legisladores bonaerenses Pablo Garate y Jorge D’Onofrio, acusan a Brun de: violación de los deberes inherentes a su cargo y comisión de graves irregularidades en un proceso a su cargo. Van a solicitar su suspensión preventiva y el apartamiento de su cargo hasta tanto se dicte sentencia. Según la presentación, no sólo se incumplió con la ley de víctimas por la cual el juez debe avisar a quienes sufrieron el delito que el detenido será excarcelado, sino que estos fallos tampoco cumple con las recomendaciones del tribunal de Casación de liberar a detenidos no violentos y población de riesgo.
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La Cámara de Casación Penal emitió una acordada en la que se recomienda a los tribunales evaluar la posibilidad de otorgar prisiones domiciliarias a quienes cometieron delitos "leves" o "no violentos", a mujeres embarazadas o con niños, a los que estén por obtener salidas transitorias y a los adultos mayores con riesgos de salud. En la misma resolución, también incluyeron a algunos detenidos por delitos graves pero, en este caso, el tribunal reclamó a los jueces actuar “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo". Esto sin embargo ya fue declarado inconstitucional ante un amparo presentado por la organización Usina de Justicia.
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El presidente de la Cámara de Diputados había advertido que desde el Observatorio de Víctimas de Delitos se haría un seguimiento de la actuación de los magistrados y se iniciarían por lo menos tres pedidos de juicios políticos. Los otros magistrados en la mira corresponden a los departamentos judiciales de San Isidro y Lomas de Zamora.