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17 de abril de 2026 - 18:47 Policiales.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: hubo un allanamiento y secuestro de elementos

El procedimiento se realizó en un domicilio de la capital jujeña, en el marco de la causa por amenazas de tiroteo en establecimientos educativos.

El Ministerio Público de la Acusación informó que avanza la investigación por las amenazas de tiroteo registradas en distintos establecimientos educativos de Jujuy y confirmó que este viernes se concretó un allanamiento en un domicilio de la capital, donde se secuestraron diversos dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

La medida se dispuso en el marco de las actuaciones que llevan adelante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes N° 1 y otros organismos judiciales, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Un allanamiento en la capital jujeña

Según detalló el MPA, tras distintas tareas investigativas y la recolección de elementos probatorios, se solicitó al Juzgado de Control, a cargo de la Dra. María Hinojo, la correspondiente orden de allanamiento.

El procedimiento se concretó durante la tarde en un domicilio de San Salvador de Jujuy y estuvo encabezado por el fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, el secretario de la Fiscalía Nicolás Flores, el ayudante fiscal Juan Campos y personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos.

Amenaza de tiroteo en la Escuela Técnica " Herminio Arrieta"

Amenazas de tiroteo en la Escuela Técnica " Herminio Arrieta"

Como resultado del operativo, se secuestraron distintos dispositivos electrónicos, además de otros elementos que ahora serán incorporados a la investigación.

La causa sigue en marcha

Desde el Ministerio Público de la Acusación remarcaron que este tipo de hechos son abordados con la máxima seriedad, teniendo en cuenta la gravedad institucional y social que generan este tipo de amenazas dentro de la comunidad educativa.

En ese sentido, recordaron que las conductas investigadas encuadran en el delito de intimidación pública, previsto en el Código Penal, con penas de entre dos y seis años de prisión.

La causa sigue en pleno desarrollo y, según indicaron oficialmente, todos los recursos disponibles están abocados a avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la identificación de los responsables.

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