La Justicia dispuso nuevos allanamientos judiciales en las sedes de Sur Finanzas, la firma asociada al titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. El juez Luis Armella autorizó este miércoles la realización de nueve registros adicionales en propiedades vinculadas a Sur Finanzas, luego de la serie de inspecciones efectuadas el martes en 17 instituciones deportivas.
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Causa Sur Finanzas: ordenan nuevos allanamientos a empresas y cajas de seguridad ligadas a la financiera
El juez Luis Armella ordenó nueve allanamientos en propiedades vinculadas a la financiera relacionada con Claudio “Chiqui” Tapia.
Las oficinas de esta financiera no son las únicas bajo la lupa. En simultáneo, se llevan a cabo operativos en otras compañías que estarían conectadas con el grupo encabezado por el empresario Ariel Vallejo. Además, el juez instruyó avanzar con revisiones sobre las cajas de seguridad que la firma mantiene en distintas entidades bancarias.
Avanza la pesquisa sobre clubes y documentación incautada
Las disposiciones emitidas por el juez federal de Lomas de Zamora representan un nuevo avance dentro de la pesquisa por posible lavado de activos que dirige la fiscal Cecilia Incardona. Este martes por la tarde, la fiscal presentó un pedido formal para que se examine la situación de los 17 clubes que fueron objeto de registros. Entre ellos figuran Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield y Barracas Central.
Con su solicitud, Incardona pretende profundizar el estudio del material incautado durante los operativos y establecer si esas instituciones deportivas participaron en maniobras asociadas a Sur Finanzas. Días antes, la fiscal ya había requerido el acceso a la información fiscal y bancaria de todos los involucrados, y ahora insiste en avanzar caso por caso para definir qué papel habría desempeñado cada entidad dentro del entramado investigado.
La investigación busca determinar si Sur Finanzas funcionó como un mecanismo para disfrazar fondos no declarados, utilizando para ello acuerdos con clubes atravesados por dificultades económicas.
Un esquema financiero bajo sospecha por préstamos inflados
De acuerdo con lo registrado en la causa, el esquema cuestionado habría consistido en otorgar créditos por valores artificialmente elevados: entidades que requerían sumas menores firmaban por montos muy superiores, lo que facilitaba transformar dinero irregular en recursos formalmente justificados.
La diferencia retornaba a la financiera, que luego la habría repartido entre distintos actores políticos o autoridades locales. Los investigadores sospechan que estos flujos también podrían haberse movido a través de contratos de televisación o ingresos vinculados al marketing.
Los 17 clubes por los que la fiscalía solicita profundizar la pesquisa incluyen a Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
En los procedimientos, la Policía Federal incautó papelería administrativa, contratos, computadoras y distintos soportes electrónicos para su posterior revisión técnica.
La mirada judicial no se circunscribe únicamente al ámbito deportivo. La causa también se dirige hacia un conjunto de monotributistas sin respaldo patrimonial que habrían manejado sumas millonarias mediante billeteras virtuales y cuentas asociadas a Sur Finanzas.
Monotributistas irregulares y flujos millonarios en la mira judicial
Según informes de la DGI, estos contribuyentes fueron catalogados como “falsos” o irregulares, debido a que sus declaraciones fiscales no se condicen con los movimientos económicos detectados.
Los movimientos bajo análisis abarcan miles de millones de pesos que circularon mediante transferencias digitales, además de montos elevados manejados en efectivo y una serie de operaciones vinculadas de manera directa con la firma financiera que está bajo investigación.
De manera simultánea, el Poder Judicial ordenó embargos precautorios y otras acciones destinadas a resguardar el patrimonio de Ariel Vallejo y de personas cercanas a él. También se enviaron oficios a registros públicos, al Banco Central, a la UIF, a la Comisión Nacional de Valores y al Mercado de Valores, con el fin de identificar bienes, localizar fondos y bloquear cualquier intento de vaciamiento o dispersión de activos.
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