El Gobierno alerta sobre las irregularidades de AFA pero niega una posible intervención

Además, señaló que la asociación aún no presentó ante la IGJ la versión actualizada de su estatuto ni regularizó la inscripción de la última conducción. La asamblea que decidió adelantar un año la elección de autoridades por un mandato de cinco años fue cuestionada por el organismo y terminó en la Justicia. Ahora, el caso está en manos de la Corte Suprema, que deberá definir su validez.

Vitolo también advirtió que la AFA arrastra incumplimientos administrativos ante la IGJ desde 2017, vinculados a irregularidades en sus balances. Según detalló, la asociación “han colocado en una serie de partidas globales sumas ideales sin abrirlas”, y además nunca aportó las precisiones solicitadas sobre el uso de ese dinero.

El funcionario agregó que la organización futbolística parece intentar comenzar un capítulo nuevo en territorio bonaerense, dejando atrás las objeciones pendientes, pero remarcó que eso no podrá concretarse mientras no se ajusten a la normativa vigente. “No vamos a permitir que se vaya de la jurisdicción sin explicar esto”, enfatizó.

Vitolo también señaló que la AFA realizó asambleas fuera del ámbito que corresponde a la IGJ y que incluso afirmó estar ya supervisada por la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, algo que —según remarcó— “legalmente no es posible”.

La entrada a la Asociación del Fútbol Argentino.

Escenarios posibles hacia adelante

Respecto a una eventual intervención de la entidad deportiva, Vitolo detalló que la normativa contempla tres caminos distintos. El primero, bajo competencia de la IGJ, solo podría activarse si se comprobara una infracción seria a la legislación vigente, al estatuto institucional o a sus normas internas, lo que habilitaría elevar una recomendación al ministro de Justicia para avanzar con esa medida. Sin embargo, aclaró que el Gobierno nacional no evalúa en este momento aplicar ese mecanismo.

El segundo camino se enmarca en la justicia penal, donde un magistrado tiene la facultad de dictar medidas destinadas a resguardar activos y asegurar evidencia dentro de causas vinculadas a presunto lavado de dinero.

El tercer mecanismo pertenece al fuero civil y habilita a que cualquier club asociado impulse un pedido de intervención ante la Justicia Civil de la Ciudad de Buenos Aires si interpreta que la conducción actual pone en riesgo la integridad institucional.

Las intervenciones pueden ir desde la designación de un veedor que solo informe lo actuado, hasta una toma de control completa que implique la remoción de la dirigencia.

Claudio Tapia, presidente de AFA.

Polémica por los balances de la AFA

En cuanto a los mecanismos jurídicos vigentes, Vitolo señaló que la IGJ trabaja amparada por una normativa de comienzos de los años ’80 —una ley de 1980 y su decreto de 1982—, lo que acota sus competencias sobre la revisión de balances. En este marco, el organismo puede rechazar la aprobación de los estados contables y aplicar sanciones económicas, pero no está facultado para intervenir una entidad civil únicamente por no haber aclarado determinadas cuentas, siempre que la documentación contable haya sido presentada en tiempo y forma.

Según expresó, la AFA acumula ocho ejercicios sin obtener la aprobación correspondiente, con observaciones que se iniciaron en 2017 y se extienden hasta 2024.

Entre los rubros observados, Vitolo enumeró casi 18 millones de dólares en conceptos vinculados a administración y operación, unos 3,5 millones de dólares destinados de manera global al Colegio de Árbitros y a la Escuela Técnica, además de aproximadamente 44 millones de dólares asociados a los gastos de las distintas selecciones nacionales.

Chiqui Tapia, presidente de AFA.

Asimismo, mencionó unos 12,5 millones de dólares registrados como contribuciones y ayudas económicas dirigidas tanto a la FIFA como a la Conmebol. Según remarcó, la AFA debe brindar detalles por un total de 111 millones de dólares, aunque subrayó que esto no implica presumir un uso indebido del dinero, sino que se requieren desgloses claros para poder validar los estados contables.

La misma problemática aparece en la Superliga Profesional del Fútbol Argentino, la entidad creada en 2017 y ligada a la AFA para gestionar la venta de los derechos de TV. Según explicó Vitolo, esta organización debe respaldar movimientos por 348 millones de dólares, y en los balances correspondientes a 2020 figura una partida denominada “rendiciones a clubes” por 72 millones de dólares, sin detalles que permitan saber cómo se distribuyó ese dinero.

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“¿Cómo puedo hacer yo un control de cruzamientos si no me dicen qué recibió qué club?”, planteó el titular de la IGJ. Vitolo señaló que, al redefinir su propósito institucional para enfocarse casi por completo en la venta y gestión de derechos comerciales, la Superliga podría perder la esencia propia de una entidad civil sin objetivos económicos directos, aunque desde 2015 el Código Civil habilita actividades lucrativas accesorias.

La IGJ marcó estos puntos y la organización introdujo modificaciones en su estatuto, pero aún quedan interrogantes respecto a la claridad y apertura con la que maneja sus actividades.