Argentina busca frenar la explotación petrolera británica en Malvinas y va al Tribunal del Mar

La representación nacional que participa de las audiencias en Hamburgo también cuenta con la presencia de María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia; la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, quien dirige la misión diplomática argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, quien ocupa el cargo de subprocurador del Tesoro de la Nación.

Entre los principales colaboradores jurídicos de la Argentina se encuentra Marcelo Kohen, antiguo secretario general del Institut de Droit International y exmagistrado ad hoc del TIDM. Su participación como consultor externo resulta fundamental para la estrategia legal del país, ya que integró el grupo de representantes que presentó los argumentos argentinos ante el tribunal.

Kohen también intervino en la controversia internacional por la fragata ARA Libertad, proceso en el que el mismo organismo judicial dispuso en 2012, mediante una resolución provisoria, que la embarcación fuera liberada. A su vez, la exposición incluyó los planteos de Nico Schrijver, reconocido internacionalmente por su trayectoria y conocimientos en materia de soberanía y aprovechamiento de los recursos naturales.

La posición argentina

La posición presentada por la Argentina ante el tribunal tomó como respaldo dos pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la Resolución 2065, aprobada en 1965, que admitió formalmente que existe una controversia por la soberanía de las islas, y la 31/49, emitida en 1976, que exhortó a ambos países a evitar medidas unilaterales mientras no se resuelva el conflicto.

A partir de estos antecedentes, el planteo argentino sostiene que llevar adelante actividades de explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía continúa en disputa constituye una transgresión del derecho internacional.

Así lo planteó Cohen durante su intervención ante el tribunal: “Mediante el procedimiento arbitral, la Argentina pretende proteger sus derechos sobre los espacios marítimos en virtud de la Convención, en espera de la resolución de la controversia de soberanía territorial, que permanece sin resolver, como ustedes saben, debido a la persistente negativa del Reino Unido”, sostuvo.

Y añadió: “Para justificar la necesidad de proteger los derechos soberanos que la Argentina invoca sobre la plataforma continental en disputa, es necesario demostrar que su reclamo de soberanía territorial es plausible. La tierra domina al mar. Es por eso, y únicamente por eso, que nos referimos aquí a la soberanía argentina. Para ello, bastará con decir que las Naciones Unidas reconocen la existencia de una controversia relativa a la soberanía de las Malvinas”.

“También hemos mencionado que numerosos Estados del mundo reconocen la soberanía argentina. Esto demuestra ampliamente el carácter plausible de los derechos que la Argentina reivindica sobre la plataforma continental alrededor de las islas. Ciertamente, ningún Estado ha reconocido la soberanía británica, pero para dictar las medidas cautelares solicitadas, ustedes no necesitan pronunciarse sobre el carácter plausible o no de los derechos reivindicados por el Reino Unido”, concluyó.

La presentación inicial de la Argentina incorpora, además, una justificación vinculada con las consecuencias irreversibles de la actividad petrolera: se trata de un bien natural que no puede regenerarse y cuya extracción no puede deshacerse mediante una resolución judicial posterior.

Es decir, una vez que el crudo es retirado del subsuelo, ninguna decisión del tribunal podrá devolverlo a su estado original. El planteo también hace referencia a los artículos 192 y 194 de la Convemar, que establecen disposiciones para la conservación y el cuidado del ambiente marino.

Por otra parte, el Gobierno argentino precisó que no pretende que el organismo judicial se pronuncie sobre quién tiene la soberanía de las islas, sino que intervenga para garantizar el respeto de las normas que regulan el aprovechamiento de los recursos naturales mientras la disputa principal continúa su curso en otra instancia internacional.

“El argumento que emplea es que el Reino Unido ni siquiera discutirá la cuestión de soberanía, lo que implica también las cuestiones de derechos sobre los espacios marítimos, a menos que los actuales habitantes de las islas se lo soliciten. Esto equivale a dejar la decisión de respetar o no sus obligaciones internacionales en manos de apenas unos dos mil de sus propios ciudadanos. La Argentina tiene derecho a que el Reino Unido respete la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos, lo que incluye la obligación de no hacer nada que torne el arreglo más difícil o imposible. Ese sería el caso si la parte británica continuara los trabajos dirigidos a la explotación de hidrocarburos de la plataforma continental objeto de la controversia”, apuntó Cohen.

La posición británica

Hasta el momento, el Reino Unido no presentó públicamente ningún documento ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Se espera que su postura jurídica y los fundamentos de su defensa sean expuestos durante el desarrollo de las audiencias.

Por su parte, el 13 de octubre, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, manifestó ante la Cámara de los Comunes que la presentación realizada por la Argentina no constituye una sentencia judicial, no deja sin efecto los permisos otorgados por las autoridades de las islas, no modifica sus facultades para regular la actividad ni representa una obligación de suspender los proyectos de explotación de hidrocarburos.

En esa misma intervención, la funcionaria hizo referencia a la consulta popular realizada en 2013, cuyo resultado arrojó un respaldo del 99,8% a la continuidad de las islas como territorio británico, con una concurrencia a las urnas del 92%. Además, aseguró que el Gobierno de Londres mantiene su disposición a entablar conversaciones y avanzar en iniciativas de cooperación concreta.

Por otra parte, se estima que la defensa jurídica británica sostendrá que el proyecto Sea Lion se ajusta a lo establecido en el tratado de 1982 y que el principal aspecto a resolver es si el Tribunal tiene atribuciones para intervenir en esta controversia.

También el 13 de octubre, las autoridades del Reino Unido comunicaron su intención de impulsar una normativa complementaria, sustentada en la Protection of Trading Interests Act de 1980, con el propósito de brindar protección a las compañías que puedan verse perjudicadas por decisiones argentinas con alcance extraterritorial.

Según lo anunciado, la medida buscaría comenzar a regir antes de que termine el año, aunque hasta ahora su contenido no fue difundido públicamente ni presentado ante el Parlamento británico.

Donald Rothwell, académico especializado en derecho internacional de la Universidad Nacional de Australia, explicó cuál es el punto fundamental que atraviesa la controversia: si se reconoce la soberanía británica sobre las islas, las operaciones de Sea Lion estarían amparadas legalmente; en cambio, si prevalece la postura argentina, el Reino Unido estaría incumpliendo las disposiciones de la Convemar.

El especialista también señaló que la presentación podría encontrar su primera dificultad al momento de determinar si el Tribunal tiene competencia para intervenir en el asunto. No obstante, destacó que ese organismo internacional suele adoptar una interpretación amplia y no restrictiva de sus facultades jurisdiccionales.

En un trabajo difundido en el espacio académico EJIL: Talk, Abhijeet Shrivastava y Constantinos Yiallourides advirtieron que la Argentina no dispone de un pronunciamiento favorable de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que permita avanzar en el reclamo sin abordar previamente el conflicto por la soberanía. Asimismo, explicaron que, si el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) no reconoce inicialmente que tiene competencia para intervenir, no estará en condiciones de ordenar medidas cautelares.

Los investigadores consideraron que la estrategia de Buenos Aires estaría centrada en defender la necesidad de conservar la situación actual mientras continúa la disputa, para lo cual recurriría a distintas resoluciones aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La fiscal general británica, Ellie Reeves, se trasladó hasta Hamburgo acompañada por un grupo integrado por seis especialistas en derecho, con el objetivo de representar al Reino Unido frente a la presentación realizada por la Argentina.

En la previa de las deliberaciones, Reeves dialogó con The Times y señaló que Londres acepta la legitimidad del Tribunal como organismo internacional, aunque cuestiona que tenga facultades para intervenir y emitir un pronunciamiento sobre el conflicto de soberanía que mantienen ambos países.

“Lo principal es que respetamos las leyes internacionales, respetamos al tribunal, pero no creemos que tengan jurisdicción para escuchar un reclamo en torno a la soberanía”, señaló.

De acuerdo con la funcionaria británica, la presentación de Buenos Aires apunta a conseguir que el organismo judicial intervenga en una cuestión que excede las atribuciones que tiene asignadas.

“En efecto, lo que la Argentina intenta hacer es utilizar este tribunal para tomar determinaciones para las que no tienen competencia”, sostuvo. “Esto no es, en absoluto, una cuestión para el tribunal. Tenemos absoluta claridad en que se trata de territorio soberano británico”.

En otro hecho vinculado con la disputa, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, emprendió un viaje hacia las Islas Malvinas durante la noche del 8 de noviembre. De acuerdo con la información difundida por el Court Circular, el boletín oficial que registra los compromisos y desplazamientos de la familia real británica, salió desde el aeropuerto East Midlands, ubicado en Leicestershire, con destino al archipiélago.

El registro también detalla que la integrante de la realeza estuvo acompañada por su marido, el vicealmirante sir Timothy Laurence, y la teniente coronel Catherine Skinner. Su arribo se produjo el 9 de noviembre, apenas 24 horas antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar iniciara en Hamburgo las audiencias para escuchar las posiciones de la Argentina y el Reino Unido.

Cómo sigue el proceso

El proceso presenta una característica jurídica específica que determina hasta dónde pueden avanzar las deliberaciones previstas para esta semana. Mientras que el Reino Unido designó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como organismo encargado de resolver las diferencias contempladas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), la Argentina seleccionó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

Debido a que ambos países eligieron instancias judiciales diferentes, la resolución definitiva de la controversia deberá quedar en manos de un tribunal arbitral, cuya conformación está contemplada en el Anexo VII de la Convemar.

Hasta que se conforme el órgano arbitral encargado de resolver la disputa, la intervención del TIDM queda limitada a la posibilidad de establecer disposiciones cautelares. Precisamente, ese es el propósito de las jornadas de deliberaciones que tendrán lugar en Hamburgo los días 10 y 11 de noviembre.

Para conceder ese tipo de protección, los magistrados deben comprobar que se cumplan tres requisitos fundamentales: que el futuro tribunal de arbitraje tenga, al menos de manera preliminar, atribuciones para tratar el conflicto; que las circunstancias requieran una respuesta urgente; y que el reclamo presente fundamentos jurídicos y fácticos suficientes.

Este último punto implica determinar si los derechos cuya protección solicita la Argentina cuentan con un sustento razonable tanto en las pruebas como en las normas aplicables.

Un experto en derecho internacional que dialogó con Infobae explicó que, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto y el Reglamento del Tribunal, el pronunciamiento sobre las medidas cautelares debería conocerse dentro del mes posterior a la presentación realizada por la Argentina. De esta manera, el vencimiento del plazo está previsto para el viernes 13 de noviembre, aunque existe la posibilidad de que los magistrados posterguen la decisión hasta el lunes posterior.

El calendario de exposiciones fue organizado por el titular del organismo, el juez Maurice Kamga. Según lo dispuesto, la representación argentina será la primera en presentar sus argumentos y, posteriormente, intervendrá la delegación británica, que tendrá asignado el horario de 15 a 18. La jornada siguiente, el miércoles 11, Buenos Aires volverá a tomar la palabra entre las 10.30 y las 12, mientras que el Reino Unido tendrá a su cargo el cierre de las audiencias, de 17.30 a 19.

Entre los 21 magistrados que conforman de manera permanente el Tribunal hay una representante argentina: Frida María Armas Pfirter, quien en octubre fue designada para ocupar la vicepresidencia del organismo.

No obstante, la jueza decidió apartarse de la causa y no participar en el tratamiento de esta controversia. Por ese motivo, la Argentina tuvo que nombrar a un magistrado ad hoc, una decisión que también tomó el Reino Unido, ya que no cuenta con ningún integrante de su nacionalidad dentro del cuerpo permanente. Para ocupar esos lugares, Buenos Aires designó a Raúl Vinuesa, mientras que Londres escogió a Vaughan Lowe. Los dos juristas prestaron juramento el lunes.

Los tres escenarios posibles

Las autoridades nacionales contemplan tres posibles desenlaces para esta controversia, aunque mantienen la postura de que ninguno de ellos supondría reconocer como legítimas las operaciones británicas de extracción de recursos en la zona en conflicto.

Una de las alternativas es que el Tribunal respalde íntegramente la presentación de Buenos Aires y disponga que el Reino Unido interrumpa las tareas de explotación. Londres manifestó previamente que respetará cualquier resolución que adopte el TIDM en ese sentido. De concretarse este escenario, las actividades de búsqueda y extracción de hidrocarburos quedarían suspendidas hasta la conformación del tribunal arbitral establecido en el Anexo VII de la Convemar.

Una vez que quede conformado, el órgano arbitral tendrá facultades para examinar las disposiciones cautelares establecidas por el TIDM y decidir si corresponde mantenerlas, introducir cambios o anularlas.

La iniciativa petrolera está a cargo de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Su ubicación se encuentra a aproximadamente 107 millas náuticas de las islas, lo que equivale a unos 198 kilómetros hacia el norte, dentro de una superficie de 541 kilómetros cuadrados. De acuerdo con las previsiones actuales, las primeras tareas de perforación comenzarían en enero de 2027.

Una segunda posibilidad contempla que los magistrados respalden algunos de los planteos argentinos, pero desestimen otros. En este caso, las medidas que eventualmente se dispongan estarán determinadas por el tratamiento y la resolución de cada uno de los pedidos presentados por el país.

La tercera alternativa es considerada la menos probable de todas: que el organismo judicial desestime la solicitud de Buenos Aires al entender que el tribunal arbitral que deberá intervenir posteriormente no reúne, en principio, las condiciones de competencia necesarias para abordar el conflicto.

Si esto ocurriera, la Argentina perdería la posibilidad de recurrir nuevamente al TIDM para pedir medidas cautelares y tendría que defender la jurisdicción del órgano arbitral directamente ante sus integrantes, una vez que este haya quedado conformado.

Los especialistas consultados coinciden en que las chances de que se produzca este resultado son muy reducidas. Entre los motivos, señalan que no existen antecedentes de una resolución de estas características en la historia de las medidas provisionales dictadas por tribunales de esta naturaleza y consideran que la argumentación presentada por la delegación argentina cuenta con fundamentos sólidos en materia de jurisdicción.