Diputados dio luz verde a una nueva Ley de Discapacidad con respaldo opositor

Un acuerdo transversal que despejó el camino

La posibilidad de que Javier Milei vetara una eventual extensión de la Emergencia en Discapacidad, sumada a los reclamos de las principales organizaciones que representan al sector, fueron factores determinantes para que Unión por la Patria terminara apoyando el proyecto junto con el oficialismo.

La iniciativa también recibió el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical, la mayoría de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y prácticamente la totalidad de las fuerzas provinciales. La única disidencia provino de los representantes cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria, quienes rechazaron el texto al considerar que las entidades vinculadas con la discapacidad quedaron al margen de su redacción.

“Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas”, sostuvo Gabriela Estevez. En tanto, los legisladores de izquierda optaron por abstenerse, disconformes con la ausencia de una actualización de los montos adeudados a los prestadores.

De todos modos, el amplio respaldo conseguido, equivalente a los dos tercios de los votos, reduce prácticamente a cero las posibilidades de que el Senado modifique el proyecto o de que el presidente Javier Milei pueda frenarlo mediante un veto.

El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, integrante de Argentina Federal, tuvo un papel central en las conversaciones con el oficialismo, junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz. En representación de La Libertad Avanza, la negociación para alcanzar una redacción consensuada quedó en manos de Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.

Una nueva ley de carácter permanente

Las tratativas entre los distintos sectores políticos se habían iniciado cerca de dos meses atrás, luego de que la oposición recogiera el reclamo de las entidades que representan a las personas con discapacidad y empezara a promover una extensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada el año pasado y con vencimiento previsto para fines de 2026. En ese marco, los bloques opositores consiguieron fijar plazos de trabajo para las comisiones y se preparaban para debatir su iniciativa en el recinto a mediados de octubre.

Con el objetivo de bloquear el avance de la iniciativa opositora, los principales referentes parlamentarios del oficialismo comunicaron que, en conjunto con sus socios del PRO, la UCR y distintas fuerzas provinciales, estaban elaborando una propuesta alternativa. El plan buscaba poner fin al régimen de Emergencia, en línea con la postura del Gobierno, pero establecer a la vez una respuesta de largo plazo que aportara certezas y estabilidad.

Sin embargo, las negociaciones dieron un giro inesperado cuando el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incluía un apartado con importantes recortes en materia de discapacidad, ajeno a las tratativas que se venían desarrollando. La decisión sorprendió tanto a Martín Menem como a Patricia Bullrich y desató fuertes cuestionamientos dentro de la Mesa Política del oficialismo.

Ese segmento de la iniciativa presupuestaria establecía la condición de “invalidez laboral” como requisito para obtener la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y suprimía el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como mecanismo de acceso directo a esa prestación.

Los recortes del Presupuesto 2027 reavivaron el conflicto

La propuesta también impedía compatibilizar el cobro de la pensión con cualquier trabajo registrado y eliminaba el esquema de aranceles unificados previsto en el Nomenclador de Prestaciones Básicas. De ese modo, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y las provincias quedaban habilitadas para establecer tarifas propias, sin que los montos se ajustaran automáticamente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para evitar que se repitieran las tensiones de la sesión anterior, el oficialismo acordó con sus aliados retirar los recortes contemplados en el Presupuesto y avanzar con una iniciativa alternativa que, en términos generales, recuperaba los ejes centrales del régimen actual.

El acuerdo alcanzado preserva el régimen de pensiones destinadas a personas con discapacidad, cuyo monto corresponde al 70% de la jubilación mínima. Además, conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta central para solicitar la prestación y mantiene tanto un catálogo común de servicios como un esquema de aranceles homogéneos.

A partir de un planteo de los bloques aliados, la iniciativa también garantiza que el cobro de la pensión pueda coexistir con un trabajo registrado. De esta manera, quienes cuenten con el CUD podrán seguir percibiendo la ayuda estatal aunque tengan un empleo formal o estén incorporados a algún régimen impositivo, siempre que sus ingresos no excedan el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

No obstante, en las horas anteriores a la votación, dirigentes de la oposición reclamaron nuevas modificaciones como condición para respaldar la iniciativa. Entre sus pedidos, plantearon asegurar que los beneficiarios de pensiones no contributivas, tanto por invalidez laboral como por discapacidad, pudieran acceder a una cobertura sanitaria que incluyera las prestaciones esenciales contempladas en la Ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud.

Los cambios: cobertura de salud, financiamiento y control a las prestaciones

A su vez, con la intención de reducir el riesgo de un eventual veto presidencial o de objeciones por parte del Gobierno, especificaron los recursos del presupuesto del Ministerio de Salud que se utilizarán para sostener el sistema. También establecieron que, en caso de que esos fondos no alcanzaran, el Tesoro nacional debería cubrir la diferencia. Por último, incorporaron la obligación del Ejecutivo de garantizar que los recursos asignados por beneficiario mantengan su capacidad de compra en comparación con el año previo.

La iniciativa, además, establece nuevas herramientas para reforzar la supervisión del sistema. En ese marco, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá llevar adelante revisiones regulares de los beneficios, a partir del intercambio de información con entidades como la Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Renaper y el SINTyS. Asimismo, se habilita la interrupción provisoria de una prestación cuando se constate un incumplimiento concreto, aunque el procedimiento deberá respetar el derecho de defensa de los beneficiarios, incluir una notificación previa y permitir la restitución temporal del pago.

Finalmente, la iniciativa dispone que, si al momento de aprobarse la norma existieran obligaciones económicas impagas con los prestadores, el Gobierno tendrá un plazo de 30 días para publicar un calendario de desembolsos y deberá saldar los montos adeudados en un máximo de 90 días.

Durante las negociaciones, los bloques opositores sostuvieron conversaciones permanentes con las entidades que representan a las personas con discapacidad. Tras ese intercambio, resolvieron acompañar la propuesta, ya que consideraron que se consiguió preservar buena parte del esquema actual mediante una ley de carácter permanente, en lugar de depender de una declaración de emergencia que requiere renovaciones periódicas.

Al comienzo de la sesión, el legislador Oscar Herrera Ahuad expuso las modificaciones finales planteadas por la oposición y advirtió que su bancada, Argentina Federal, no respaldaría la iniciativa si no se incorporaban todos los cambios solicitados.

“Pido el compromiso explícito de eliminar lo que hoy está en el Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo nacional”, expresó. Luego, el diputado oficialista Gerardo Huesen anticipó que el Gobierno daría lugar a la totalidad de los planteos formulados.

El diputado de Unión por la Patria Juan Marino admitió que los sectores opositores no contaban con los votos suficientes para conseguir una extensión de la Emergencia en Discapacidad.

“Empezamos a conversar con las organizaciones del colectivo y nos plantearon que vengamos a discutir para que el proyecto no contemple regresiones. En ese sentido, fueron receptados numerosos planteos”, señaló. Además, subrayó que el dictamen definitivo “es absolutamente contrario a lo que mandaron Milei, Caputo y Santilli en el Presupuesto 2027”.

Negociaciones finales y las posiciones de los principales bloques

En el mismo sentido, Victoria Tolosa Paz resaltó los alcances de las modificaciones acordadas: “Incorporamos garantías para que ambas pensiones tengan cobertura de salud, protegimos las asignaciones familiares, establecimos requisitos claros para acceder a las pensiones y defendimos la compatibilidad con el trabajo formal. También reforzamos el financiamiento, la participación de las provincias y las garantías para evitar bajas arbitrarias, con derecho a defensa y restitución cuando corresponda. Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha y la negociación”.

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado abrió su intervención al remarcar que atender las necesidades sociales “no se contrapone” con el cuidado de las cuentas públicas. Además, valoró la tarea de las bancadas que formaron parte de las conversaciones para consensuar el texto.

Sin embargo, cuestionó a los legisladores cordobeses que habían objetado la falta de participación de las organizaciones vinculadas con la discapacidad en la redacción de la iniciativa. “Acá hay diputados que han dicho que no se ha trabajado lo suficiente. Muchos bloques ni siquiera han traído un papelito para defender los derechos que dicen representar”, reprochó.

“Fue una victoria de Menem sobre Luis y Santiago Caputo porque no se hizo el recorte; de la oposición sobre el oficialismo porque impusimos un tema que no querían tratar; y de las organizaciones del colectivo de discapacidad sobre el Gobierno porque lograron establecer por ley el régimen vigente”, resumió un diputado de la oposición.