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SUSCRIBITEEl oficialismo buscará quórum con sus aliados. Martín Menem aseguró que el Gobierno respetará los proyectos aprobados y descartó un veto presidencial.
Diputados debatirá hoy Ley de Tierras, Discapacidad y endeudamiento familiar.
Este miércoles 21 de octubre, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla volver a establecer restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros. El texto obtuvo la aprobación inicial del Senado.
Sin embargo, había recibido modificaciones durante su paso por comisión con el objetivo de recuperar las disposiciones que el presidente Javier Milei había eliminado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. La reunión parlamentaria fue solicitada por La Libertad Avanza y está prevista para las 12 de este miércoles.
La agenda definida por el oficialismo reúne iniciativas presentadas por el propio espacio libertario y otras promovidas por bloques opositores. Además de esos proyectos, los diputados abordarán cuestiones vinculadas con la discapacidad, las deudas de los hogares, el seguimiento de medicamentos y los actos de vandalismo en zonas rurales.
Desde el bloque oficialista confían en reunir la cantidad de legisladores necesaria para habilitar el inicio del debate. Sin embargo, aún no hay certezas sobre el acompañamiento de Argentina Federal, la bancada que conduce el misionero Oscar Herrera Ahuad.
En el marco de las conversaciones con los bloques aliados, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, transmitió a los legisladores que el Gobierno acompañará las propuestas que obtengan aprobación parlamentaria y que el Presidente no recurrirá al veto para frenarlas.
De acuerdo con lo comunicado por el oficialismo, la determinación se adoptó el martes, durante un encuentro de la mesa política del Gobierno que estuvo liderado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y del que también formó parte Menem.
Uno de los principales temas que abordarán los diputados será la iniciativa sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que la semana pasada consiguió un dictamen favorable de mayoría en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Ambos espacios parlamentarios están presididos por los legisladores libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente. Durante el debate, el oficialismo logró sumar un apartado referido a la Ley de Tierras Rurales, gracias al acompañamiento de integrantes del PRO, la Unión Cívica Radical y el diputado santafesino José Núñez, perteneciente a Provincias Unidas.
La propuesta fue presentada por el diputado radical Diógenes González, quien planteó agregar un nuevo capítulo, integrado por dos artículos, al texto en discusión.
El artículo 38 establece la anulación del artículo 154 del DNU 70/2023, disposición con la que Milei había eliminado la Ley de Tierras Rurales. Por su parte, el artículo 39 vuelve a poner en vigencia esa norma, que establece límites a la titularidad de terrenos rurales por parte de extranjeros.
Si la Cámara de Diputados avala estos cambios, quedará sin efecto la derogación promovida por la administración de Milei durante los primeros meses de su mandato.
La propuesta contempla, además, reformar las normativas que regulan las expropiaciones y el saneamiento de títulos de propiedad. Aunque el Senado le dio su aprobación inicial el 6 de agosto pasado, los cambios que se sumaron durante el debate en la Cámara de Diputados harían necesario que el expediente vuelva a ser analizado por los senadores en caso de recibir el visto bueno de la Cámara baja.
Otro de los puntos previstos para la sesión es la iniciativa que propone extender la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El tema ya había formado parte de la sesión solicitada por la oposición la semana pasada, que finalmente no pudo comenzar por falta de quórum.
En paralelo, el bloque oficialista promovió un dictamen bajo el nombre de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”. La propuesta apunta a integrar las prestaciones contempladas en la Ley 27.793 a una estructura de carácter permanente, en lugar de mantenerlas sujetas a la vigencia temporal de la emergencia.
En las discusiones por el Presupuesto 2027, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, les había transmitido a los diputados que estaban aseguradas las partidas para atender las necesidades de las personas con discapacidad. El martes, Martín Menem volvió a ratificar esa garantía y sostuvo que el Gobierno no recurrirá al veto para bloquear las iniciativas que reciban el aval parlamentario.
La agenda legislativa también contempla el análisis del endeudamiento de las familias. En ese debate, La Libertad Avanza buscará avanzar con un dictamen propio, cuyo contenido tendrá diferencias con las alternativas presentadas por Unión por la Patria y Provincias Unidas.
El proyecto promovido por el oficialismo, que cuenta con el respaldo de sectores del PRO y la UCR, pone el foco en la formación en finanzas personales, el acceso a información clara sobre los créditos y las medidas para evitar estafas virtuales. La propuesta no contempla que el Estado intervenga directamente en los convenios de financiación celebrados entre particulares.
La legisladora de La Libertad Avanza Silvana Giudici respaldó ese enfoque y sostuvo que el poder público no debería inmiscuirse en acuerdos de carácter privado. Según explicó, ese criterio responde a uno de los principios que defiende el presidente Javier Milei.
Otro de los expedientes que llegará al recinto es el referido a la Trazabilidad de Medicamentos, cuyo objetivo es intensificar la supervisión de fármacos considerados esenciales y de los insumos utilizados para elaborarlos. Para ello, plantea implementar sistemas de seguimiento digital en tiempo real y establecer procedimientos de actuación frente a posibles casos de contaminación.
El texto se elaboró a partir de un proyecto presentado por la diputada Silvana Giudici y suma aportes de las iniciativas impulsadas por Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Karina Banfi, Marcela Pagano y las exlegisladoras Danya Tavela y Mónica Fein.
En otro tramo de la agenda parlamentaria se analizará la iniciativa contra el vandalismo rural, presentada por el diputado del PRO Martín Ardohaín, que plantea sumar nuevas conductas delictivas al Código Penal.
Entre las modificaciones propuestas, se contempla castigar con penas de entre un mes y un año de cárcel a quienes entren en predios rurales sin autorización, pese a la oposición de las personas que tienen la facultad legal de impedirles el acceso.
La segunda figura penal establece condenas de entre dos y ocho años de cárcel, además de sanciones económicas equivalentes a entre tres y doce veces el perjuicio ocasionado, para quienes dañen o dejen fuera de funcionamiento bienes utilizados en la producción agropecuaria. La medida abarca, entre otros elementos, cultivos pendientes de recolección, silobolsas, animales e instalaciones destinadas a la actividad rural, siempre que los hechos no impliquen un riesgo para la seguridad pública.
Por último, los legisladores debatirán la posibilidad de ceder sin costo al gobierno de la provincia del Chaco un terreno perteneciente al Estado nacional, situado en la localidad de Barranqueras.
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