Ley Penal Juvenil: cuántos son los menores denunciados y cuántos los imputados en Jujuy

Qué pasa cuando un adolescente es detenido en el interior de Jujuy

Uno de los puntos abordados fue el procedimiento que debe seguirse cuando un adolescente es aprehendido en una localidad alejada de San Salvador de Jujuy, donde no siempre existen espacios específicos para alojarlo.

Bossatti explicó que la Secretaría de Seguridad trabaja en la capacitación del personal policial para intervenir en estas situaciones. Según la gravedad del hecho, se evaluará el traslado a establecimientos adecuados o la aplicación de medidas alternativas. "Depende de la gravedad del hecho del que estemos hablando, se solucionará con medidas preventivas alternativas de la custodia con los padres, en su caso, o familiares", señaló.

El funcionario también informó que se trabaja en el acondicionamiento de la Unidad 5, con el objetivo de adecuar sus instalaciones a los requisitos de la nueva legislación. En paralelo, se avanza en espacios de acogida mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad.

Burgos advirtió sobre las diferencias entre las provincias

Por su parte, la defensora general María Gabriela Burgos sostuvo que la reforma del régimen penal juvenil era necesaria, especialmente porque la legislación anterior provenía de la última dictadura militar y debía adecuarse a los estándares actuales de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, planteó reparos sobre su implementación en las distintas jurisdicciones del país.

"Creo que se basó en una estructura o en una realidad que no es la realidad del interior, o no es la realidad de las provincias del interior, no es la realidad nuestra", expresó. Burgos explicó que Jujuy ya contaba con instituciones y procedimientos contemplados en su legislación provincial, por lo que la implementación del nuevo régimen no comenzó desde cero.

No obstante, reconoció que la incorporación de adolescentes que anteriormente no eran punibles representa un desafío para el sistema judicial, tanto en materia de infraestructura como de recursos y organización.

De esta manera, las autoridades coincidieron en que la aplicación del nuevo régimen penal juvenil requiere continuar con la capacitación, la adecuación de establecimientos y la coordinación entre los organismos judiciales y de seguridad.