Nueva Ley Penal Juvenil y la aplicación en Jujuy: "Ya no es que no pasa nada"

Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil

Uno de los principales cambios es que adolescentes desde los 14 años podrán quedar comprendidos dentro de un proceso penal especializado. La legislación nacional establece su aplicación a personas desde esa edad y hasta antes de cumplir los 18 años. Pero Arias remarcó que la modificación no se limita a la edad.

“Este nuevo régimen no solamente establece la baja de la edad, es decir, que van a ser parte de un proceso penal los adolescentes menores a partir de los 14 años, sino que además establece una serie de cambios en las medidas que van a tomar quienes estén siendo parte del proceso: fiscales, jueces, supervisores”, explicó.

La reglamentación nacional contempla precisamente la figura del supervisor, la formación especializada de quienes intervienen en el sistema, medidas alternativas y mecanismos de atención para las víctimas. Para la jueza, hay dos aspectos centrales sobre los que debe trabajar Jujuy: “la prevención y la capacitación”.

“No es qué hacemos con el chico que ya cometió el delito, que ya robó. Vamos a ver qué pasa con ese adolescente antes, dónde verificó una vulnerabilidad, qué podemos hacer por ese niño, por ese adolescente para que no llegue a la instancia de ser parte de un proceso penal”, afirmó.

“Ya no es que no pasa nada”

Arias explicó que otro de los objetivos será que los propios adolescentes conozcan el alcance del nuevo régimen y comprendan las consecuencias que puede tener la comisión de un delito. “Quien debe conocer este nuevo contexto, esta nueva norma que los rige, son ellos mismos, son los chicos”, señaló.

Y agregó: “Esto les impone una nueva responsabilidad, un nuevo protagonismo y una nueva conciencia que deben tener de que cuando ellos cometan un delito o hagan un daño a una persona, ya sea a la persona en sí, a la propiedad o a las cosas, van a tener que hacerse responsables de eso”.

La magistrada fue contundente al describir el cambio: “Ya no es que no pasa nada, o que lo van a llamar a los padres y ya está”. “Si ese daño ocasionado por un adolescente se convierte en un proceso penal, ellos van a tener que participar de ese proceso, van a tener que saber de qué fueron responsables y además reparar el daño”, indicó.

Víctimas, escolarización y medidas alternativas

El régimen también contempla una mayor participación y atención de las víctimas, además de herramientas orientadas a la educación y reinserción de los adolescentes. La normativa nacional establece como finalidad promover la responsabilidad por los actos, la educación, la resocialización y la integración social.

Arias explicó que uno de los objetivos es sostener o recuperar la escolarización del joven involucrado en un proceso. “La finalidad de este nuevo régimen también es la escolarización, o sea, la continuidad de los estudios, la permanencia en los estudios o retomar los estudios de aquel adolescente que estuvo involucrado en esta situación”, señaló. Además, destacó que existen medidas alternativas previas a la privación de la libertad.

Cómo se prepara Jujuy

Desde el Poder Judicial provincial trabajan en coordinación con diferentes organismos para preparar la implementación del régimen. Arias, quien además se desempeña como directora de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial, detalló que mantienen articulaciones con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Universidad Nacional de Jujuy, las defensorías, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio de Seguridad.

El trabajo apunta tanto a capacitar a los operadores como a llegar directamente a los adolescentes. También deberán conformarse equipos vinculados a la figura del supervisor, encargado de acompañar al joven una vez impuesta una medida y controlar aspectos relacionados con la salud, educación y asistencia necesaria. “Va a velar porque tenga satisfechas todas las cuestiones médicas o de salud, el tema de los estudios, la escolarización, una asistencia psicológica si es necesaria”, explicó Arias.

La preocupación por los recursos

Uno de los principales desafíos señalados por la jueza es económico. “La contracara de esto es que este nuevo régimen viene a nosotros sin un presupuesto adecuado ni establecido para ello”, advirtió.

Por ese motivo, sostuvo que las instituciones deberán reorganizar recursos y estructuras existentes para responder a las nuevas exigencias. “Con nosotros mismos, con lo que había, hay que reacomodar todo el sistema a este nuevo régimen”, concluyó.