Un día después de la Marcha Universitaria que reunió a una multitud en la Plaza de Mayo, el Gobierno nacional analizó el escenario y minimizó el impacto concreto que la movilización podría tener sobre las decisiones de gestión. “Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, expresó Alejandro Álvarez.
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El Gobierno analizó la marcha universitaria y ratificó su postura sobre el financiamiento
El subsecretario Alejandro Álvarez se refirió a la marcha universitaria, relativizó su impacto y volvió a plantear la discusión sobre el financiamiento.
El dirigente remarcó que la magnitud de la protesta no altera los límites reales del financiamiento disponible. En esa línea, el funcionario sostuvo que la posibilidad del Estado de incrementar el financiamiento universitario depende exclusivamente del marco normativo vigente y de las partidas presupuestarias ya previstas en el presupuesto nacional, independientemente del nivel de presión social ejercido.
“La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, señaló, al explicar luego que cualquier ley que no precise de dónde saldrán los recursos para financiarse pierde validez bajo la normativa actual. En ese sentido, remarcó que la ley de ejecución presupuestaria establece con claridad que toda norma aprobada que no indique su fuente de financiamiento debe ser promulgada y suspendida de manera simultánea.
Marchas, política y legitimidad democrática
“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”, sostuvo Alejandro Álvarez en diálogo con Radio Mitre. En esa línea, añadió que tanto los legisladores como el presidente acceden a sus cargos mediante elecciones libres, y no por la cantidad de personas que logren convocar.
En ese marco, Alejandro Álvarez sostuvo que las recientes manifestaciones “no es que están intrusadas por la política, son políticas, están organizadas por los partidos opositores”. Para respaldar esa afirmación, hizo especial referencia al vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres, a quien describió como “un político profesional que se presenta como profesor”.
Asimismo, el funcionario cuestionó lo que consideró una contradicción en la defensa del ingreso irrestricto a la universidad, señalando que en la institución vinculada a Torres existen limitaciones de cupo establecidas a partir de resoluciones judiciales mediante amparos.
En la misma entrevista, Alejandro Álvarez puso en duda los criterios vigentes para la distribución de fondos en las universidades. Señaló que “el sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente”, aunque advirtió que hoy se observa una desviación total, ya que una parte importante del presupuesto se orienta al “pago de salarios a las estructuras políticas” en lugar de enfocarse en la formación académica.
En ese marco, cuestionó las distorsiones que genera la existencia de carreras con muy pocos estudiantes y una cantidad considerable de docentes. Como ejemplo, mencionó: “Licenciado en Música con orientación en clarinete, un alumno. Licenciado en Filosofía, un alumno. Licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, dos alumnos. Y así, hay un licenciado en saxo, varios”. Para Alejandro Álvarez, redirigir recursos hacia carreras con mayor demanda, como Ingeniería, encuentra resistencia dentro de las propias instituciones.
El funcionario señaló que el esquema actual de distribución del presupuesto universitario “carece de reglas aplicadas para la distribución del presupuesto. Hace 40 años que es así”. En ese sentido, sostuvo que la intención del Gobierno es avanzar hacia la incorporación de “indicadores objetivos” que permitan optimizar el uso del dinero público y orientar los recursos hacia áreas consideradas prioritarias.
En esa línea, Alejandro Álvarez destacó algunos datos comparativos. Indicó que un egresado de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional implica para el Estado un costo aproximado de cincuenta millones de pesos, mientras que la formación de un artista graduado de la Universidad Nacional de las Artes asciende a unos cuatrocientos veintitrés millones. “Si se reciben cinco o seis juntos, nos van a salir cuatro mil trescientos millones”, ejemplificó.
Al mismo tiempo, planteó la necesidad de revisar el rol social que cumple la universidad. “El objetivo de los hospitales escuela, el objetivo de la atención primaria en las universidades, es formar a los médicos… No la función infinita, porque nuestra función no es dar salud, es generar graduados”, expresó.
Cupos, ingreso y estudiantes extranjeros
En cuanto al acceso a la universidad, Alejandro Álvarez advirtió: “El ingreso irrestricto tiene el problema de que vos lo tenés que financiar”. En ese marco, consideró necesario abrir el debate sobre el sistema de admisión y destacó como alternativas los esquemas de examen de ingreso obligatorio y los sistemas de cupos implementados en otros países.
Respecto del arancelamiento a estudiantes extranjeros, el funcionario afirmó: “Hoy está autorizado cobrarles a los extranjeros y, sin embargo, la universidad no lo hace, a pesar de que en algunas carreras es significativa la cantidad de extranjeros”.
Luego, el funcionario sostuvo que en numerosos casos estudiantes extranjeros realizan sus estudios en Argentina y posteriormente regresan a sus países de origen. En ese sentido, afirmó: “La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”.
En esa línea, defendió la aplicación de mecanismos de admisión más restrictivos: “Si cambiamos la lógica de derecho absoluto y se empieza a exigir esfuerzo, se revaloriza el lugar obtenido”.
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