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SUSCRIBITEEl ajuste supera los $78 mil millones y afecta a universidades, becas, salarios docentes, infraestructura y distintos programas de la Secretaría de Educación.
El Gobierno aplica recortes de $78.768 millones sobre distintos programas dependientes de la Secretaría de Educación.
En la antesala de la marcha universitaria convocada por el reclamo en torno al incumplimiento de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso, el Gobierno nacional resolvió aplicar recortes de $78.768 millones sobre distintos programas dependientes de la Secretaría de Educación.
A su vez, eliminó las partidas destinadas a obras de infraestructura en universidades públicas. La medida quedó establecida mediante la Decisión Administrativa 20/2026. El recorte más significativo impactó en el “Plan Nacional de Alfabetización”, que sufrió una reducción de $35.288.051.713, afectando directamente los fondos que debían ser transferidos a las provincias para su implementación.
El Gobierno nacional además eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente”, herramienta destinada a igualar los salarios mínimos de docentes provinciales, mediante un recorte de $8.929.835.294.
A su vez, las partidas vinculadas a infraestructura educativa y equipamiento escolar registraron una reducción total de $21.686.636.818. También sufrió un ajuste el programa “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas”, que perdió $6.649.536.538, incluyendo una disminución superior a los $559 millones en becas para estudiantes. Por otro lado, la empresa estatal EDUC.AR S.A. experimentó una caída de transferencias por $48.000.000.000.
El ajuste presupuestario también impactó sobre las universidades nacionales. El anexo de la disposición estableció una reducción de $5.303.000.000 en las transferencias de capital destinadas a infraestructura vinculada al desarrollo del conocimiento, lo que derivó en la paralización de obras en trece instituciones universitarias.
La más afectada fue la Universidad Nacional de La Plata, que sufrió una quita de $1.043.000.000. Detrás quedaron la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000. También se registraron disminuciones en la Universidad Nacional de Río Cuarto, con $680.500.000 menos, y en la Universidad Nacional de Entre Ríos, que perdió $540.000.000.
En medio del conflicto universitario, un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina señaló que el presupuesto correspondiente al Programa 26, denominado “Desarrollo de la Educación Superior” y destinado al financiamiento de las universidades nacionales, registra una caída real acumulada del 32,5% entre 2023 y 2025 durante la administración de Javier Milei.
Además, al proyectar los montos en pesos constantes a diciembre de 2026 —tomando como referencia la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central de la República Argentina—, el crédito vigente alcanza los $4,87 billones. Bajo ese cálculo, la pérdida presupuestaria se amplía hasta una retracción acumulada del 41,6% respecto de 2023.
La magnitud del ajuste se vuelve aún más evidente al compararla con la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente impulsada nuevamente desde el Congreso. Según esas proyecciones, si la norma se hubiera implementado, el presupuesto destinado a las universidades nacionales habría alcanzado los $8,49 billones a valores de 2026.
Ese escenario implicaba una suba real del 33,8% frente al presupuesto vigente en 2025 y ubicaba los recursos apenas un 1,9% por encima de los niveles registrados en 2023, lo que representaba prácticamente una recuperación total de la pérdida acumulada en los últimos años.
La propuesta impulsada por el Gobierno plantea un escenario diferente. El aumento previsto, del 13,1%, llevaría el presupuesto a $5,51 billones medidos a valores de 2026. Sin embargo, en términos reales, eso implicaría una disminución del 2,1% en comparación con 2025 y una baja del 33,9% frente a 2023.
En ese contexto, el Centro de Economía Política Argentina sostuvo que, mientras la ley ratificada por el Congreso apuntaba a recomponer casi por completo el presupuesto universitario previo al ajuste aplicado por el Gobierno, la iniciativa oficial termina consolidando ese recorte en términos reales. Según el informe, esto derivaría en un financiamiento para las universidades nacionales un 35,1% menor al que hubiera correspondido si se aplicaba la norma aprobada por el Congreso.
Por otro lado, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expresó: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando vos aprobás una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”.
“Es el 50% de aumento de salario, lo que implicaría un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar. Por eso nosotros decimos que incluso antes de que se votara el Presupuesto, también la norma estaba mal, porque incumplía la Ley de Administración Financiera, la cual dice que vos, para aprobar cualquier gasto, tenés que decir de dónde sale”, resaltó.
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