El Gobierno prepara una apelación contra el fallo del juez federal Martín Cormick, quien ordenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo.
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El Gobierno recurrirá a la Justicia para evitar acatar la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno apelará el fallo de Martín Cormick que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que había condicionado su implementación.
El Gobierno recurrirá a la Justicia para evitar acatar la Ley de Financiamiento Universitario
En la Casa Rosada avanzan con la estrategia judicial y evalúan mecanismos legales alternativos para postergar el impacto presupuestario de la aplicación de la norma.
“Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, indicó una fuente de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, que analiza las distintas alternativas para evitar que el Ejecutivo deba hacer frente al gasto previsto por la norma.
El fallo también cuestionó el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, aunque supeditó su implementación a que el Congreso determinara de dónde saldrían los fondos y contemplara las partidas en el Presupuesto.
Para Cormick, esa cláusula implicaba, en los hechos, un nuevo veto sobre una ley que había sido ratificada por ambas Cámaras tras rechazar el veto original del presidente Javier Milei.
A partir de esa interpretación, ordenó al Poder Ejecutivo implementar las medidas necesarias para poner en funcionamiento la reforma y aplicar los aumentos establecidos.
El fallo surgió a partir de los amparos presentados por el CIN y la UBA, que cuestionaron la suspensión de los fondos. La resolución incluye recursos destinados a salarios, becas, investigación, funcionamiento y hospitales universitarios.
El Gobierno vuelve a centrar su argumento en la ley de gastos y recursos, enviada para el próximo año y aún pendiente de debate por parte de los legisladores.
Durante el expediente, el Ejecutivo sostuvo que aplicar la Ley de Financiamiento Universitario implicaría una erogación superior a un billón de pesos. Para los representantes del Estado, ese desembolso comprometería el equilibrio fiscal y exigiría una definición parlamentaria sobre su financiamiento.
El magistrado descartó ese planteo y consideró que la ley sí prevé alternativas para afrontar los gastos, mediante reasignaciones presupuestarias y mayores ingresos de la recaudación corriente. En ese sentido, recordó que el Ejecutivo modificó el Presupuesto varias veces durante 2025 mediante decretos y decisiones administrativas.
La discusión sobre las universidades
El fallo suma un nuevo desafío para el Gobierno mientras avanzan las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la oposición busca convocar a una sesión especial en Diputados.
El debate sobre las universidades se incorpora así a otros temas que el oficialismo deberá resolver en el Congreso, en un escenario donde busca mantener el superávit fiscal como eje de su programa económico.
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