A través del Decreto 1391/2026, el Poder Ejecutivo estableció una profunda reestructuración de las partidas contempladas en el Presupuesto 2026. La disposición, que contó con la firma de todos los integrantes del Gabinete, habilita una ampliación de las erogaciones públicas cercana a los $15,6 billones para los meses restantes del año y achica en alrededor de $7,5 billones el excedente fiscal previsto para diciembre.
La revisión de los 564 folios que componen la Planilla Anexa I, llevada adelante por colegas mediante el relevamiento individual de las distintas áreas de gobierno y dependencias incluidas en la disposición, permitió determinar que los fondos adicionales representan un 10,2% del presupuesto que regía hasta ese momento, cuyo monto ascendía a $152,47 billones.
En particular, el cálculo inicial del Gobierno preveía que la inflación rondaría el 18% durante el año, pero el incremento de precios registrado y esperado para 2026 alcanza aproximadamente el 33%. Este desfasaje hizo necesario ampliar los recursos destinados a cubrir obligaciones salariales, jubilatorias, de funcionamiento y compromisos financieros, cuyos montos originales ya no resultaban suficientes.
Qué argumenta el Gobierno
En los fundamentos de la disposición, el Gobierno nacional argumenta que es indispensable actualizar las partidas asignadas en el presupuesto para mantener el funcionamiento de los servicios públicos prioritarios y poder responder a las obligaciones contraídas por los distintos organismos de la administración estatal.
El documento detalla que distintos organismos y áreas de la administración pública advirtieron que los fondos disponibles resultaban insuficientes y solicitaron partidas adicionales para cubrir erogaciones que registraron un avance superior al calculado inicialmente.
Además, justifica la redistribución de los recursos presupuestarios en la importancia de garantizar el financiamiento de la asistencia social, la atención sanitaria, la seguridad ciudadana y los compromisos económicos a cargo del Tesoro nacional.
El decreto cuenta con la rúbrica del Presidente y de todos los integrantes del Gabinete de ministros, de acuerdo con el procedimiento establecido para introducir cambios en las asignaciones presupuestarias mientras transcurre el año fiscal.
Los recursos aumentan menos que los gastos
El análisis de los cuadros complementarios, se indica que los ingresos provenientes de fuentes corrientes y de capital tendrán un incremento estimado de $8,1 billones. Sin embargo, esa suba no alcanza a compensar el aumento de las partidas destinadas a financiar los gastos estatales.
Este desfasaje, que representa una diferencia de aproximadamente $7,5 billones, se traduce en un recorte de la misma magnitud sobre el saldo fiscal positivo que se esperaba obtener al finalizar el año.
De acuerdo con las estimaciones elaboradas a partir de la ejecución de las cuentas públicas, el excedente fiscal previsto inicialmente para 2026 se ubicaba en torno a los $26,4 billones. Con los cambios incorporados a través del decreto, esa cifra pasaría a situarse cerca de los $18,9 billones.
Esta modificación cobra especial importancia si se tiene en cuenta que, hasta el 16 de noviembre, las cuentas del Estado registraban un superávit aproximado de $33,2 billones. Este escenario permite anticipar que buena parte de las erogaciones extraordinarias se producirán durante el tramo final del año.
PAMI concentra el mayor refuerzo presupuestario
El mayor aumento contemplado en el documento anexo está destinado a las transferencias dirigidas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), organismo que funciona bajo la dependencia del Ministerio de Capital Humano.
El presupuesto asignado a este concepto se amplía en aproximadamente $10 billones, lo que lo posiciona como el rubro que concentra el mayor volumen de fondos adicionales habilitados por el Ejecutivo.
Esta suba representa, por sí misma, una proporción considerable del incremento total de los recursos presupuestarios y pone de manifiesto el impacto de la aceleración de los precios sobre las prestaciones vinculadas con la cobertura y asistencia de jubilados y pensionados.
Casi $4 billones más para intereses de deuda
El rubro que ocupa el segundo lugar en cuanto al volumen de fondos incorporados es el Servicio de la Deuda Pública. En particular, se destaca el concepto destinado a cubrir intereses y comisiones, cuyo presupuesto se incrementa en alrededor de $3,9 billones.
El monto asignado a este refuerzo evidencia que una parte considerable de la reestructuración de las cuentas públicas responde al encarecimiento del financiamiento estatal y al aumento de compromisos económicos que terminaron superando los cálculos efectuados inicialmente.
Refuerzos para salud y seguridad
Dentro de los conceptos que registran las subas presupuestarias más importantes figuran, además, distintas iniciativas vinculadas con las áreas de salud y seguridad.
En el ámbito sanitario, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud, recibe una partida extraordinaria de aproximadamente $0,8 billones para sostener sus actividades y cubrir sus necesidades operativas.
En tanto, la Gendarmería Nacional incorpora cerca de $0,2 billones extra para destinar al programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, una de las líneas de acción prioritarias del Gobierno en el marco de su política de seguridad federal.
El principal recorte
En sentido opuesto, las mayores reducciones presupuestarias se concentran en el área de Servicios Económicos, que registra una quita de partidas cercana a los $2,3 billones a partir de lo dispuesto en el decreto.
Este recorte se ubica entre las modificaciones más significativas del esquema presupuestario y deja en evidencia una redistribución de fondos que prioriza otros sectores por sobre las iniciativas de carácter económico. Entre los destinos que pasan a recibir mayor respaldo se encuentran las prestaciones sociales, el sistema sanitario, la seguridad y el cumplimiento de compromisos financieros.
Una actualización de la nominalidad de la economía
Más allá de los montos involucrados, la revisión de los cambios introducidos en las cuentas públicas permite interpretar que el propósito central del Decreto 1391/2026 es ajustar las previsiones presupuestarias a un contexto económico en el que la inflación terminó ubicándose muy por encima de los niveles calculados al momento de sancionarse la ley de presupuesto.
La incorporación de $15,6 billones en partidas adicionales no representa necesariamente un crecimiento de igual proporción del gasto efectivo en términos reales. En buena medida, responde a la necesidad de adecuar las asignaciones de recursos a una evolución de los precios que superó ampliamente los pronósticos del Gobierno.
Además, se trata de una habilitación para disponer de mayores erogaciones, por lo que los fondos autorizados no tienen que ejecutarse en su totalidad y pueden quedar parcialmente sin utilizar.
No obstante, el aspecto más significativo en materia de cuentas públicas es que el incremento de los ingresos registrados a lo largo del año resultó insuficiente para cubrir en su totalidad la suba de las erogaciones autorizadas.
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Frente a este escenario, el Ejecutivo optó por destinar una parte del excedente fiscal que proyectaba obtener al financiamiento de nuevas partidas presupuestarias. De esta manera, la estimación para el cierre del ejercicio pasó a ubicarse en aproximadamente $18,9 billones, una cifra menor a la calculada inicialmente, aunque todavía representa un superávit de considerable magnitud.
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