19 de noviembre de 2026 - 12:29 Política.

Estados Unidos busca desplegar auditores en Argentina para limitar el avance de China

Recomendaron al Congreso de EEUU crear el equipo FIRST para controlar inversiones extranjeras y frenar la influencia china, con especial atención a Jujuy.

El Poder Legislativo de Estados Unidos propuso recientemente el envío de un equipo de especialistas en auditoría, denominado Equipo de Revisión Rápida de Inversiones Extranjeras (FIRST, según su abreviatura en inglés), a la Argentina y otras naciones de América Latina.

La iniciativa busca limitar el avance de China en la región y examinar los acuerdos de inversión antes de que sean formalizados. La recomendación forma parte del reporte correspondiente a 2026 elaborado por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China.

El documento, presentado ante el Congreso y compuesto por más de 700 páginas, reserva a la Argentina un apartado más extenso que el destinado a cualquier otra nación latinoamericana. El análisis aparece dentro del capítulo titulado China’s Predatory Diplomacy in Latin America: Broken Promises, Harmful Practices.

El informe también expone un panorama de la presencia e influencia de China en distintos ámbitos: aborda la administración del swap durante los días previos al balotaje de 2023, las relaciones diplomáticas a nivel provincial en Jujuy, con especial atención al litio, y un acuerdo de casi USD 30 millones con ZTE para implementar sistemas de vigilancia. Además, incluye la estación espacial ubicada en Neuquén, cuya gestión está a cargo de una entidad relacionada con las Fuerzas Armadas.

La principal propuesta del documento consiste en poner en marcha el FIRST, un grupo de auditores que sería enviado a América Latina por el Departamento del Tesoro para supervisar las inversiones extranjeras.

El reporte hace especial referencia al papel de las administraciones provinciales y municipales para fundamentar su propuesta. Según plantea, estas autoridades territoriales “con frecuencia negocian grandes proyectos de inversión e infraestructura pero tienen capacidad limitada para evaluar sus implicancias para la seguridad nacional”.

Para ejemplificar esta situación, el trabajo toma como referencia a Jujuy, donde se desarrollan algunos de los emprendimientos de litio con mayor presencia de capitales chinos en la Argentina. Allí, CNGR Advanced Material posee el 90% de participación en el proyecto Solaroz y también impulsa el desarrollo de Jama. Por su parte, Ganfeng Lithium está a cargo de Cauchari-Olaroz y proyecta elevar su producción anual de 40.000 a 85.000 toneladas.

De acuerdo con un relevamiento realizado en octubre de 2026, los inversores chinos concentran el 72% de los fondos previstos para proyectos de litio presentados en todo el territorio argentino a través del régimen RIGI.

En el documento enviado al Congreso estadounidense, los autores sostienen que Jujuy constituye un ejemplo de la estrategia diplomática de China a escala provincial, mediante la cual busca construir vínculos duraderos con administraciones locales que contribuyan a sus objetivos comerciales y geopolíticos.

En ese sentido, el reporte afirma: “La provincia argentina de Jujuy demuestra cómo China utiliza la diplomacia subnacional para establecer relaciones de largo plazo con gobiernos de nivel estadual que favorecen los intereses económicos y estratégicos de Beijing”.

De acuerdo con los especialistas que elaboraron el documento, estas relaciones entre China y las administraciones provinciales responden a una estrategia planificada. Su principal ventaja radica en que pueden mantenerse pese a las modificaciones en el gobierno nacional, están sujetas a controles menos rigurosos que los pactos firmados a nivel federal y establecen acuerdos cuya reversión resulta compleja.

En cuanto a su funcionamiento, el reporte detalla que el FIRST tendría a su cargo el envío de representantes para implementar sistemas de control de contratos, formar a auditores y autoridades locales en materia de transparencia, prevención de la corrupción y legislación contractual. Además, buscaría canalizar inversiones provenientes de Estados Unidos para ofrecer una opción frente a los capitales considerados poco confiables.

Otras recomendaciones adicionales

El documento plantea, además, extender a otros países el plan destinado a retirar y reemplazar los dispositivos de Huawei y ZTE, una iniciativa que tendría a América Latina como primera región de aplicación.

La propuesta toma como referencia una experiencia piloto de USD 8 millones desarrollada en Panamá, donde se reemplazaron componentes de telecomunicaciones fabricados en China que formaban parte de la infraestructura del Ministerio de Seguridad Pública. En el caso de la Argentina, el objetivo concreto sería intervenir sobre el acuerdo que ZTE suscribió con la provincia de Jujuy en 2019, por un monto cercano a los USD 30 millones, para implementar una red de videovigilancia urbana.

Otra de las propuestas establece que el Director de Inteligencia Nacional deberá elaborar y difundir cada año documentos públicos, sin información clasificada, acerca del avance de China en sectores estratégicos del hemisferio occidental, como los puertos, el suministro energético, las redes de comunicación y las instalaciones espaciales. Estos reportes también deberán analizar los posibles puntos débiles en materia de seguridad informática y las capacidades que podrían tener aplicaciones militares.

La iniciativa repercute directamente sobre la Estación Espacio Lejano, ubicada en Neuquén, y la estación terrestre de Río Gallegos. Según el documento, ambas forman parte del entramado de instalaciones espaciales de doble uso que China desarrolló en la región del Cono Sur.

La tercera iniciativa que podría tener consecuencias concretas para Argentina plantea designar a un funcionario del Poder Ejecutivo con la misión de desmantelar estructuras dedicadas al blanqueo de capitales, la actividad pesquera clandestina y el comercio ilegal de recursos relacionados con Beijing en América Latina y el Caribe.

En ese contexto, el documento menciona el operativo que las Fuerzas Armadas argentinas llevaron adelante en enero de 2025 para controlar los movimientos de la flota pesquera china frente al litoral sur del país. El episodio es presentado como un ejemplo de los riesgos para la seguridad que representa la presencia de embarcaciones de China dedicadas a la pesca en aguas internacionales.

El swap como “palanca electoral”

Por fuera de las medidas sugeridas, el documento también hizo referencia a la situación que atravesó Buenos Aires antes de los comicios de octubre de 2023, cuando estuvo cerca de no poder afrontar sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En aquel momento, la administración que estaba por dejar el poder apeló al acuerdo de intercambio de monedas entre ambos países, activo desde 2009, y consiguió recursos extra para cancelar USD 2.800 millones de una obligación que superaba los USD 5.000 millones.

Poco antes de las elecciones, Beijing comunicó que ampliaría a más del doble el monto de dinero que podía utilizarse de manera inmediata y sin restricciones específicas dentro de ese mecanismo financiero.

Luego del triunfo electoral de Milei, quien durante la campaña había asegurado que no establecería acuerdos con “comunistas”, el informe señaló que China frenó la entrega de nuevos recursos y volvió a limitar el monto de libre utilización al nivel que tenía antes de las elecciones.

A criterio de la comisión, conformada por seis legisladores republicanos y otros seis demócratas, este episodio demuestra de qué manera los vínculos económicos con Beijing pueden influir en los procesos electorales sin que sea necesaria una intervención diplomática explícita. La situación de Argentina forma parte de una tendencia que se extiende por buena parte de la región. El reporte de la USCC identifica una dinámica similar, con distintas intensidades, en varios países de América Latina.

Durante 2025, el desequilibrio comercial regional frente a China llegó a una cifra sin precedentes de USD 46.900 millones. Este resultado estuvo asociado tanto a la venta de materias primas como al ingreso masivo de productos industriales chinos, un fenómeno que el documento bautiza como “China Shock 2.0”.

En el sector de infraestructura, compañías de origen chino tienen participación en la financiación, edificación o gestión de, al menos, 37 de los 118 puertos latinoamericanos. A su vez, la tecnología de Huawei está presente en una proporción que alcanza hasta el 70% de las redes 4G de la región.

En la capital argentina, el representante diplomático de Estados Unidos, Peter Lamelas, instó a las compañías nacionales a dejar de contratar a esa empresa y señaló sus presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino.

Por otra parte, el documento considera que la Estación Espacio Lejano, situada en la provincia de Neuquén, constituye la instalación de carácter estratégico más delicada dentro de la Argentina.

La base está bajo la administración de la China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y representa la primera instalación china dedicada a la exploración del espacio profundo fuera de su territorio. Dispone de una antena de 35 metros de diámetro que, de acuerdo con el reporte, tendría capacidad para cumplir funciones de inteligencia mediante la captación de señales y colaborar en la orientación de misiles.

El documento también pone el foco en una disposición incluida en el convenio bilateral, según la cual Buenos Aires “no puede interferir ni interrumpir” las operaciones que se desarrollan en el complejo. En contrapartida, los investigadores argentinos únicamente pueden utilizar la antena durante el 10% de su tiempo de funcionamiento.

Trump, Putin y Xi Jinping: un encuentro histórico donde se trataron los conflictos globales.

En materia de protección del espacio marítimo, el reporte indica que durante enero de 2025 Argentina movilizó efectivos de las Fuerzas Armadas para supervisar la actividad de una numerosa concentración de barcos pesqueros, integrada principalmente por naves con bandera china, que se encontraba operando frente al litoral sur del territorio nacional.

El documento relaciona lo ocurrido con una dinámica que se repite en distintos países de la región: China cuenta con la flota de pesca en aguas internacionales más grande del planeta, cuyas embarcaciones suelen navegar dentro de las zonas económicas exclusivas o en sus proximidades de Argentina, Perú, Chile y Ecuador.

La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China (USCC) es una entidad autónoma establecida por el Congreso de Estados Unidos en octubre de 2000, cuya función consiste en analizar y supervisar las consecuencias económicas y los posibles efectos sobre la seguridad nacional derivados de los vínculos entre Washington y Beijing.

El organismo está conformado por 12 integrantes, distribuidos en partes iguales entre republicanos y demócratas, que son nombrados por las autoridades del Congreso. Esta composición garantiza su naturaleza bipartidista.

Entre sus principales tareas figura la elaboración de un reporte anual dirigido al Congreso, en el que presenta sus conclusiones y propone medidas legislativas específicas sobre cuestiones comerciales, avances tecnológicos, defensa militar, derechos humanos y política exterior de China.

El documento correspondiente a 2026 recibió el respaldo unánime de sus integrantes y se dio a conocer ayer, miércoles, coincidiendo con la llegada del mandatario estadounidense, Donald Trump, a la ciudad china de Shenzhen. Allí tenía previsto asistir al encuentro de jefes de Estado del APEC y, posteriormente, participar de un encuentro tripartito sin precedentes junto al presidente de China, Xi Jinping, y al líder de Rusia, Vladimir Putin.

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