Julio De Vido obtuvo este lunes el beneficio de la prisión domiciliaria por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, lo que le permitirá continuar cumpliendo en su chacra de la localidad bonaerense de Zárate la condena de cuatro años de prisión dictada por la tragedia ferroviaria de Once.
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Julio De Vido consiguió la prisión domiciliaria y dejará el penal de Ezeiza por salud
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió otorgarle el beneficio para que continúe cumpliendo la condena por la tragedia de Once en su chacra de Zárate.
Según informaron fuentes judiciales, el tribunal resolvió autorizar su salida del penal federal de Ezeiza debido a su estado de salud, luego de que semanas atrás fuera sometido a una intervención de angioplastia en la que se le colocó un stent. En la decisión también se tuvo en cuenta su edad, de 76 años.
Condiciones del arresto domiciliario
Ahora será el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py —responsable de la sentencia y de la ejecución de la pena— el que deberá definir las condiciones bajo las cuales se cumplirá la prisión domiciliaria del exfuncionario, incluyendo aspectos como la eventual colocación de una tobillera electrónica. De todos modos, la salida del establecimiento penitenciario del exministro está prevista para concretarse este mismo lunes.
El exministro de Planificación de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner posee otras condenas y causas judiciales en trámite, aunque en ninguna de ellas se encuentra actualmente detenido. La única pena que cumple bajo arresto corresponde a la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del tren Sarmiento colisionó y provocó 52 víctimas fatales y más de 700 heridos.
Julio De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por no haber controlado el destino de los fondos públicos asignados a la empresa encargada del servicio ferroviario del Sarmiento. La sentencia quedó firme el año pasado tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que dejó al exfuncionario en condiciones de comenzar a cumplir la pena.
En ese marco, el 13 de noviembre del año pasado el exministro se presentó en los tribunales de Comodoro Py y quedó detenido. Desde entonces permanece alojado en el complejo penitenciario federal de Ezeiza, actualmente en la colonia penal 19 de esa unidad. Se trata de la segunda vez que el exfuncionario es privado de su libertad.
La primera detención del exfuncionario se produjo en octubre de 2017 en el complejo penitenciario de Marcos Paz, luego de que perdiera sus fueros como diputado nacional en el marco de la causa de Río Turbio.
Permaneció alojado allí hasta diciembre de 2019, cuando le fue concedido el beneficio de la prisión domiciliaria, que cumplió en su chacra. Posteriormente, en marzo de 2020 recuperó la libertad y se mantuvo en esa condición hasta su nueva detención el año pasado, vinculada a la causa por la tragedia ferroviaria de Once.
Antecedentes judiciales, detenciones previas y situación procesal
Por su parte, la defensa de Julio De Vido, encabezada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, había solicitado desde el inicio la concesión de la prisión domiciliaria. Fundamentaron el pedido en su edad, 76 años, y en su estado de salud, señalando que padece hipertensión arterial, diabetes insulinorrequirente, dislipemia y otras patologías.
Además, la defensa señaló que a comienzos de este mes Julio De Vido debió ser internado en una clínica a raíz de una complicación cardiovascular que requirió una angioplastia, procedimiento en el que se le colocó un stent.
En ese marco, argumentaron que el ámbito penitenciario no resulta adecuado para el tratamiento de su cuadro clínico y solicitaron que pueda cumplir la detención en su domicilio de “Puerto Panal”, en Zárate, con monitoreo mediante tobillera electrónica.
Sin embargo, en dos ocasiones el juez de ejecución Ricardo Basílico rechazó el pedido. En sus fundamentos, sostuvo que “el cuadro de salud que presenta el interno De Vido, no demuestra una modificación sustancial de la situación fáctica y/o médica que justifique una solución diversa a la permanencia en la órbita de la Unidad 19 del SPF”, descartando así los planteos de la defensa.
El dictamen de Casación y los fundamentos médicos
La causa fue elevada a la Cámara Federal de Casación Penal, donde los magistrados Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci adoptaron una postura diferente.
En su análisis, concluyeron que el estado de salud de Julio De Vido exige controles médicos especializados, una alimentación específica, suministro permanente de medicación y una infraestructura sanitaria que el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado no estaría en condiciones de garantizar.
En ese sentido, los jueces señalaron que “el contexto y circunstancias que connotan la situación particular del interno De Vido llevan al menos a dudar que los medios con los que cuenta la Unidad 19 resulten suficientes y adecuados para cubrir todas las condiciones que el Cuerpo Médico indicó como imprescindibles”, teniendo también en cuenta la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el exfuncionario.
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el tribunal de ejecución establezca las condiciones bajo las cuales se deberá cumplir la prisión domiciliaria, incluyendo la realización de controles periódicos.
En la actualidad, la única condena firme que cumple Julio De Vido es la vinculada a la tragedia ferroviaria de Once. El exfuncionario también fue condenado en otras causas, como la importación de Gas Natural Licuado y la compra de trenes a España y Portugal que no estaban en condiciones de ser utilizados, aunque esas sentencias aún no se encuentran firmes.
Asimismo, fue absuelto en los expedientes relacionados con la financiación de la ficción “Mamá Corazón”, en la causa Vialidad —donde fue condenada y actualmente cumple pena Cristina Fernández de Kirchner— y en la investigación por la valija con 800 mil dólares atribuida al venezolano Guido Antonini Wilson.
Además, Julio De Vido enfrenta actualmente tres procesos orales en curso: uno vinculado a la construcción de viviendas del programa “Sueños Compartidos” impulsado por Madres de Plaza de Mayo, otro relacionado con la causa de los cuadernos de la corrupción, y un tercero por presuntas irregularidades en la adjudicación de la ampliación de dos gasoductos a la empresa Odebrecht, en el que la fiscalía solicitó una pena de cuatro años de prisión.
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