Hoy, la reforma laboral se aplica en la totalidad de sus disposiciones, aunque está atravesada por litigios judiciales que ponen en duda su permanencia y dificultan el objetivo del Gobierno de convertirla en un instrumento para mejorar el mercado de trabajo. En este marco, la CGT pidió anular la resolución judicial que frenó un tramo clave de la normativa.
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La CGT busca frenar la reforma laboral y apunta contra jueces de Cámara
La central obrera pidió anular el fallo que restituyó la ley, recusó a los jueces y cuestionó a uno de ellos por el respaldo del Gobierno.
La pulseada judicial que define el futuro de la reforma
A finales de marzo, el juez Raúl Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, resolvió mediante una cautelar suspender la implementación de 82 artículos de la reforma, al considerar que podrían vulnerar derechos fundamentales y provocar perjuicios irreversibles.
Sin embargo, la semana pasada la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, conformada por Víctor Arturo Pesino y María Dora González, revocó esa decisión y restituyó la vigencia total de la ley. Al día siguiente de dictarse esa resolución, el Gobierno nacional difundió en el Boletín Oficial el pedido al Senado para que Pesino permanezca en su puesto luego de haber alcanzado los 75 años.
En ese contexto, la central sindical presentó un recurso en el que reclamó la nulidad del fallo y recusó a los dos magistrados, al considerar que existió un “prejuzgamiento” al anticipar su postura sobre el fondo del asunto. Sin embargo, el foco principal recae sobre Pesino, a quien la CGT le atribuye “parcialidad” y lo acusa de inclinarse en favor de la parte demandada.
Cuestionamientos a la imparcialidad y estrategia de la CGT
En el escrito, se sostiene que acceder a “un beneficio a todas luces mayúsculo” como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años no solo implica una conducta cuestionable desde el punto de vista ético, sino que además configura un motivo concreto de recusación según la normativa vigente.
Asimismo, la central obrera calificó como “descalificable” la actitud del Estado al impulsar la permanencia en el cargo, luego de los 75 años, de “un juez” que recientemente resolvió en línea con la postura oficial. “Esta inconsecuencia no es un desvarío de la autoridad, ni una razón sin fundamento, es la razón desprovista de moral”, subrayó el texto judicial.
En paralelo, la CGT dejó planteada la cuestión federal con el objetivo de llevar el caso ante la Corte Suprema e incluso ante instancias internacionales, al entender que se ven comprometidos derechos constitucionales relacionados con el empleo, la actividad sindical y las garantías del debido proceso.
En declaraciones recientes ante los medios, Ojeda reconoció que “en la justicia del trabajo está todo raro” y expresó su asombro por los fundamentos expuestos por los jueces de Cámara: “Dijeron que la situación no es tan grave y que por lo tanto no amerita que (mi fallo) sea con efecto devolutivo (que no se aplique la ley)”.
Cruces en la Justicia y el impacto en el escenario laboral
Además, rechazó las versiones que lo señalan como un “juez K” y remarcó que su designación se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri. El juez también admitió que el Ejecutivo intenta trasladar el expediente desde la órbita laboral hacia el fuero contencioso administrativo, donde se presume una mirada más alineada con la postura oficial.
En la práctica, la reforma laboral sigue sin consolidarse, ya que la sucesión de decisiones judiciales genera incertidumbre y no brinda el marco necesario para que los empleadores avancen con nuevas incorporaciones.
El modo en que se aprobó la norma dejó abierta la puerta a este nivel de conflicto, especialmente frente a la oposición de los gremios. Este punto formará parte de los reclamos en la movilización que la CGT llevará adelante el jueves 30 de abril por el Día del Trabajador.