Revocaron el fallo de la jueza Pascual y restituyeron la Ley Penal Juvenil

En su apelación, el fiscal sostuvo que la jueza Pascual había excedido sus facultades al suspender la aplicación de la ley y que su decisión afectaba la división de poderes. “Se extralimita, avasallando la labor propia de otro de los poderes del Estado”, había planteado. La Cámara hizo lugar al recurso y le dio la razón.

Luego del fallo de Navascues y Alberdi, la senadora oficialista Patricia Bullrich respaldó la decisión y volvió a cuestionar a la jueza Pascual. “Un poco de coherencia. Pararon a la jueza prodelincuentes”, publicó en X. Y añadió: “Frente a la falta de medidas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires, la Justicia tiene que hacer justicia. El que las hace, las tiene que pagar”.

La jueza Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, había suspendido por 90 días la aplicación de la nueva ley. La medida surgió tras una acción de habeas corpus preventivo colectivo presentada el 31 de agosto por Gabriela Salicio, en representación de una organización integrante de la Federación de Familia Grande del Hogar de Cristo, vinculada a la Iglesia Católica.

Los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, en una resolución firmada este martes a las 12.19, remarcaron que el tribunal no minimiza la situación de los jóvenes privados de la libertad en la provincia.

No obstante, sostuvieron que cualquier eventual agravamiento de sus condiciones de encierro deberá ser atendido por el juez que tenga a su disposición al adolescente, quien podrá adoptar las medidas urgentes que considere necesarias dentro de las facultades que le otorga la legislación vigente.

Los argumentos de la jueza Pascual

Una vez que comenzó a regir la nueva normativa, la jueza Marta Elba Pascual resolvió suspender por 60 días el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Frente a los cuestionamientos, Pascual defendió su decisión y rechazó que su postura implique justificar a los jóvenes que cometen delitos. “Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma”, afirmó. Y agregó: “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.

La jueza Pascual explicó que su cuestionamiento no está dirigido contra la baja de la edad de imputabilidad, sino contra su implementación sin contar con los recursos y mecanismos necesarios. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, afirmó.

En los fundamentos de la resolución, Pascual cuestionó la capacidad de la Provincia para implementar la nueva normativa y puso en duda que existan las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para alojar a los jóvenes de acuerdo con los estándares de derechos humanos.

Pascual también sostuvo que la reforma derivará en un incremento significativo de menores detenidos, debido tanto a los nuevos ingresos como a una mayor duración de las estadías en los centros de detención.

Según la magistrada, esta situación podría generar hacinamiento y “inevitablemente incrementar los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los establecimientos.