El último Informe sobre el Mapa Estadístico Penal Juvenil de la República Argentina 2024 mostró una radiografía federal sobre niños, niñas y adolescentes con intervención penal, con datos de las jurisdicciones provinciales y de la Justicia Nacional de Menores. El informe fue elaborado por la Base General de Datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y busca estandarizar indicadores para el diseño de políticas públicas vinculadas a la justicia penal juvenil.
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Justicia penal juvenil: qué revela el último informe nacional y qué pasa en Jujuy
Jujuy registró 327 niños, niñas y adolescentes con ingreso en la justicia de menores según el último informe de la Corte Suprema de Justicia.
En el caso de Jujuy, el reporte registró 327 niños, niñas y adolescentes con ingreso en la justicia de menores durante 2024, vinculados a 232 causas penales. La información provincial fue suministrada por el Ministerio Público de la Acusación.
Qué mide el informe nacional
El relevamiento analiza los ingresos de niños, niñas y adolescentes en la justicia penal, con desagregación por género, edad, nacionalidad y tipo de delito. También incluye información sobre medidas de privación de libertad, alojamiento en instituciones y medidas no privativas adoptadas durante el proceso.
El objetivo central del informe no es solo contar casos, sino construir una base comparable entre jurisdicciones para entender cómo interviene el sistema penal juvenil en cada provincia. En ese sentido, el documento remarca la importancia de contar con información estandarizada para pensar políticas públicas con datos concretos y no solo desde la coyuntura.
Los números por jurisdicción
Según el relevamiento 2024, último relevamiento realizado, las jurisdicciones que informaron cantidad de niños, niñas y adolescentes con ingreso por causas penales mostraron realidades muy distintas.
La Provincia de Buenos Aires registró 1.802 jóvenes imputados formalmente, mientras que la Justicia Nacional de Menores, con competencia en CABA, informó 1.788 ingresos. También se destacan La Pampa, con 1.390, y Salta, con 1.272.
En el resto de las jurisdicciones relevadas, los datos fueron los siguientes:
- Catamarca: 265
- Chaco: 162
- Chubut: 135
- Corrientes: 205
- Entre Ríos: 105
- Formosa: 444
- Jujuy: 327
- Neuquén: 92 casos con imputación
- Río Negro: 41 casos con formulación de cargos
- San Juan: 99
- San Luis: 152
- Santa Cruz: 481
- Santiago del Estero: 393
- Tierra del Fuego: 301
- Tucumán: 98
El informe aclara que algunas jurisdicciones, como Córdoba, Mendoza, Misiones o Santa Fe, presentan datos sobre medidas o causas penales, pero no un número total neto de ingresos de niños, niñas y adolescentes en el mismo formato estándar de los cuadros principales.
Qué pasa en Jujuy
En Jujuy, los 327 ingresos registrados durante 2024 estuvieron asociados a 232 causas penales. El perfil de los adolescentes muestra una fuerte mayoría de varones: el 75,5% fueron hombres y el 24,5% mujeres.
Por edad, los grupos más numerosos fueron los de 17 años, con el 22,9%, y 16 años, con el 20,5%. Sin embargo, el informe también advierte que en el 20,2% de los casos no se registró el dato de edad.
En cuanto a la nacionalidad, el 75,8% de los niños, niñas y adolescentes con intervención penal en Jujuy fueron argentinos, el 0,6% extranjeros y en el 23,6% de los casos no había dato registrado.
Los delitos más frecuentes en Jujuy
La mayor cantidad de intervenciones en Jujuy estuvo vinculada a delitos contra la propiedad, que representaron el 30,9% del total. Luego aparecen los delitos contra las personas, con el 22,7%, y los delitos contra la integridad sexual, con el 13,1%.
El informe también destaca que en Jujuy los delitos contra la libertad alcanzaron el 10,1%, una cifra relevante dentro del mapa provincial. En comparación con grandes centros urbanos como CABA o Buenos Aires, el perfil jujeño aparece más equilibrado entre conflictos patrimoniales, contra las personas y contra la integridad sexual.
Justicia restaurativa y medidas adoptadas
Un dato destacado de Jujuy es la aplicación de 13 procesos de justicia restaurativa durante 2024. Este tipo de abordaje busca generar respuestas distintas al castigo tradicional, con eje en la reparación del daño, la responsabilidad del adolescente y la construcción de soluciones que involucren a las partes.
En cuanto a las medidas restrictivas, se dispusieron medidas de privación de libertad para 7 niños, niñas y adolescentes, todas durante la etapa de investigación y principalmente en centros de atención o derivación. Además, se aplicaron medidas no privativas de libertad para 24 adolescentes, en todos los casos bajo órdenes de conducta o instrucciones durante la investigación.
Diferencias entre regiones
El informe también permite observar diferencias entre regiones. En la zona centro del país, especialmente en CABA y Buenos Aires, predominan ampliamente los delitos contra la propiedad: en la Justicia Nacional alcanzan el 74,4% y en la Provincia de Buenos Aires el 68,9%.
En el norte argentino, en cambio, el mapa es más heterogéneo. En Salta, los delitos contra la propiedad representan el 35,3% y los delitos contra las personas el 28,3%. En Santiago del Estero, los delitos contra las personas alcanzan el 30,2%, mientras que los delitos contra la propiedad bajan al 16,3%.
Jujuy se ubica en un punto intermedio dentro del NOA: los delitos contra la propiedad lideran, pero no de manera tan dominante como en los grandes centros urbanos. Además, el peso de los delitos contra la integridad sexual, con 13,1%, aparece como un dato relevante frente a otras jurisdicciones.
Un insumo para políticas públicas
El informe de la Corte Suprema plantea un desafío central: avanzar hacia una mayor estandarización de datos para que las provincias puedan ser comparadas con criterios homogéneos. Esto es importante porque cada jurisdicción tiene normativas, estructuras judiciales y formas de registro diferentes.
Con el relevamiento 2025 ya en marcha, los datos de 2024 funcionan como una base para pensar respuestas más precisas. La información muestra que no existe una sola realidad de la minoridad en conflicto con la ley, sino escenarios provinciales diversos que requieren abordajes específicos, con prevención, acompañamiento social, respuestas judiciales proporcionales y políticas públicas sostenidas.
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