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SUSCRIBITEEste viernes en el Senado aprobaron la Ley Penal Juvenil, proyecto presentado por el oficialismo. Qué dice la ley y cuáles son sus puntos claves.
Ley Penal Juvenil: reduce la edad de imputabilidad y crear un nuevo régimen penal para adolescentes, con sanciones diferenciadas, medidas educativas y un sistema específico de detención y reinserción social.
Ley Penal Juvenil.
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, sobre las modificaciones en la e Ley Penal Juvenil.
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
Sin dudas se trata de uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del oficialismo para este 2026.
El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que se aprobó propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos. Esto significa que adolescentes de 14 y 15 años podrían ser penalmente responsables en casos de hechos graves, bajo un sistema específico diferenciado del régimen de adultos.
La iniciativa contempla un régimen especial con procesos judiciales adaptados a la edad, con intervención obligatoria de defensores y equipos interdisciplinarios. También prevé medidas socioeducativas, programas de reinserción y, en los casos más graves, la posibilidad de sanciones privativas de la libertad en establecimientos diferenciados de los destinados a mayores de edad.
El texto establece límites a las penas aplicables y fija plazos máximos de detención preventiva. Además, incorpora la obligación del Estado de garantizar educación, formación laboral y asistencia psicológica durante el cumplimiento de las medidas.
La reforma busca reemplazar el actual sistema, que se rige por una normativa de 1980, con un nuevo marco legal que regule de manera integral la responsabilidad penal adolescente, estableciendo procedimientos, derechos y garantías específicas para menores de edad.
Actualmente, la normativa establece que no son punibles los menores de 16 años y que tampoco lo son los menores de 18 en casos de delitos leves, de acción privada o con penas que no superen los dos años de prisión. Desde el Ejecutivo consideran que este régimen quedó desactualizado frente a los estándares constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos incorporados por la Argentina.
El proyecto impulsa la creación de un nuevo régimen penal juvenil aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años. Según la fundamentación oficial, el objetivo es establecer un sistema que combine sanción penal, control judicial, dispositivos educativos y mecanismos de reinserción social, bajo un esquema específico y diferenciado para menores de edad.
El eje central de la iniciativa es la baja de la edad de imputabilidad. El Gobierno sostiene que el sistema actual genera situaciones de impunidad y que la legislación argentina quedó desfasada respecto de otros países de la región, como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Perú, donde rigen edades más bajas de responsabilidad penal juvenil. En ese marco, aseguran que la reforma busca dar una respuesta institucional a delitos graves cometidos por adolescentes y contribuir a la reducción de la criminalidad juvenil.
El eje de la ley es la baja de la edad de imputabilidad y en la creación de un régimen penal diferenciado, que combine sanción, dispositivos educativos, control judicial y mecanismos de reinserción social bajo un esquema específico para menores de edad.
Entre los puntos destacados, el proyecto prohíbe expresamente que los menores sean detenidos junto a adultos y establece que toda privación de la libertad deberá cumplirse en institutos especializados o en espacios separados dentro del sistema penitenciario, con personal capacitado y un enfoque educativo y formativo.
Además, la iniciativa excluye la prisión perpetua para adolescentes y fija un límite máximo de 20 años de privación de la libertad. También habilita la posibilidad de sustituir parcialmente la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, mediante esquemas alternativos supervisados judicialmente y sujetos a evaluaciones técnicas.
Con la inclusión del proyecto en el temario de sesiones extraordinarias, el oficialismo busca instalar el debate sobre el rol del sistema penal frente a la adolescencia y el equilibrio entre seguridad pública, derechos y resocialización. La discusión anticipa una fuerte disputa política y social en torno al modelo de política criminal que debe adoptar el Estado en un contexto de alta conflictividad.
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