El flechazo entre ambos fue inmediato y la relación se extendió apenas unos meses, cerca de siete, en 2020, en pleno contexto de pandemia por COVID-19. Sin embargo, tras la ruptura, ella no logró aceptar el final del vínculo y comenzó a difundir publicaciones en redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp con el fin de hostigar al hombre.
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Una mujer tendrá que pagarle $30 millones a su ex por decirle "chizito"
El fallo se dictó en La Rioja y obliga a la mujer a publicar la sentencia en sus redes y borrar los mensajes difamatorios como “chizito”, “cornudo” y “coimero”.
Con el tiempo, incluso llegó a crear perfiles falsos con el objetivo de viralizar contenido en el que lo acusaba de forma pública, utilizando términos como “estafador”, “coimero” y “golpeador de mujeres”. Además, también incorporó ataques de índole personal e íntima, refiriéndose a su aspecto físico y vida privada con expresiones despectivas como “chizito”, “cornudo” y “pito corto”.
De la ruptura al inicio del hostigamiento en redes sociales
El afectado fue un policía que atravesó durante años una situación sumamente complicada. Contaba con una licencia por tratamiento psiquiátrico, y sus superiores le exigieron que resolviera el problema con rapidez, debido a que la mujer implicada incluso se presentaba en la comisaría, donde lo increpaba desde la entrada con insultos, en la ciudad de La Rioja, con la intención de afectar su desempeño laboral.
Finalmente, el uniformado tomó la decisión de acudir al estudio jurídico de Pablo Arrieta y Celeste Maidana, quienes iniciaron una acción civil por daños y perjuicios.
En los últimos días se dio a conocer el fallo dictado por la jueza Ana Carolina Courtis, a cargo de la Sala Unipersonal N° 3 de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, quien resolvió condenar a la demandada a indemnizar al hombre, actualmente de 35 años, por los actos de violencia digital ejercidos en su contra.
“La Justicia no premio el género y demostró que los hombres también tenemos derechos. Siento que se hizo justicia”, expresó brevemente el efectivo policial al ser consultado por colegas de Clarín.
Condena judicial y alcance del fallo
El reclamo inicial contra la mujer rondaba los 4.000.000 de pesos. Sin embargo, con la actualización por intereses, la cifra hoy asciende a aproximadamente 30.000.000 de pesos. “Es un precedente muy relevante en este país, porque es la primera vez que se condena a alguien por haber escrachado a través de perfiles falsos ”, destacó Arrieta en declaraciones a este medio.
La resolución judicial, sin embargo, no se limita únicamente al pago de una compensación económica. También ordena la publicación de un extracto del fallo en el sitio oficial del Poder Judicial de la provincia, además de exigir que la mujer lo difunda en sus redes sociales y elimine los contenidos difamatorios publicados, todo ello dentro de un plazo de diez días desde que la sentencia quede firme, bajo apercibimiento de una sanción diaria de 100.000 pesos en caso de incumplimiento.
“Conforme a los especialistas en derecho informático, la Web no es un espacio sin ley, y el daño y el honor, a la imagen y a la intimidad personal debe repararse a la luz del principio general de no dañar que consagra el artículo 19 de nuestra Constitución nacional”, fundamentó la magistrada en su resolución.
De acuerdo con Arrieta, cuando este tipo de hechos se viraliza en las plataformas digitales, “la gente empieza a tomar partido, entonces se hace una bola en donde no podés parar, una catarata de agresiones, porque hay gente que te prejuzga, ya tenés una condena social y en el país hay gente que se ha quitado la vida por haber sido víctima de los escraches”.
"Cuando nos vino a ver, nuestro cliente estaba en estado depresivo, con carpeta psiquiátrica. En su trabajo le llamaron la atención varias veces diciendo que tenía que solucionar este problema, porque como todo agente policial debía mantener su decoro, su buena conducta, ante la sociedad. Y a causa de eso se abrieron sumarios administrativos en donde peligraba su fuente laboral y tampoco tuvo la posibilidad de conseguir ascensos en tres años", afirmó el abogado.
La mujer, según información a la que accedieron colegas de Clarín, se desempeña tanto en el sector privado como en la administración pública. “Está en condiciones de hacer frente al pago del resarcimiento”, afirmó Arrieta.
Por otra parte, no solo llevó adelante conductas de acoso en redes sociales, sino que también impulsó una denuncia penal por supuesta violencia de género. “Pudimos demostrar que se trataba de una falsa denuncia y se procedió al archivo de esas actuaciones”, explicó el abogado.
Las consecuencias de escrachar sin pruebas
"Nuestro cliente vivió un calvario. La condena social igual ya está, el estigma fue instalado, pero creo que esto viene a dar una vuelta de rosca. Hay gente que obviamente sigue desconfiando. De hecho vemos en las redes que dicen que la Justicia se ocupa de estas cosas cuando hay otras 'más importantes'. No podemos minimizarlo, porque hay gente que se ha suicidado a causa de difamación en las redes sociales", remarcó Arrieta.
Su colega Maidana añadió que este tipo de acciones difamatorias realizadas mediante cuentas apócrifas “no te hace impune”. En este caso puntual, sostuvo que “la Justicia puso la balanza en igualdad de condiciones, porque acá tanto hombres y mujeres tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones”.
Asimismo, la abogada remarcó que las plataformas digitales no constituyen un espacio sin regulación, y advirtió que “escrachar sin pruebas tiene sus consecuencias legales”.
En este caso particular, la mujer llegó a reprocharle al hombre los viajes que él mostraba en sus redes sociales, y además exigía que le devolviera el dinero correspondiente a los obsequios de indumentaria que ella le había entregado durante la relación, los cuales —según su versión— alcanzaban al menos la suma de un millón de pesos.
En uno de sus mensajes, expresó su enojo con una frase en la que afirmaba: “Este pito corto anda de viaje y no tiene la plata para devolverme a mí”, en referencia a la situación económica que le atribuía.
Por su parte, la persona afectada, de quien su expareja también sostenía que utilizaba el uniforme policial para cometer estafas y ejercer abusos de autoridad, logró reconstruir su vida tras años de hostigamiento. Hace siete meses se convirtió en padre por primera vez.