Efemérides: a 20 años del fin del Uno a Uno

La ley de emergencia buscó evitar que hubiera sectores beneficiados por la crisis y procuraba una contribución equitativa para superarla. El nuevo marco aprobado por el Congreso tendría vigencia hasta diciembre de 2003. El texto declaraba en su artículo 1° el estado de “emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria”, y delegaba en el Ejecutivo una serie de facultades extraordinarias.

Los aspectos más relevantes fueron la de establecer el sistema que fije la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras; pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos; fijar tarifas y renegociar los contratos de los servicios públicos en manos de empresas privadas y regular los precios de la canasta básica.

Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal del Centro de Implementación de Política Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), explicó que “la ley de emergencia permite entonces al Ejecutivo tener una injerencia más fuerte en cuestiones que deberían ser debatidas en el Congreso. Y contribuye a la centralización en la toma de decisiones, que a veces es muy eficaz pero que debilita la democracia y la práctica institucional de someter a discusión las decisiones de política pública”.

Datos del 2002

De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre octubre de 2001 y mayo de 2002 la pobreza había aumentado del 35,4% al 49,7% de la población. La indigencia experimentó igual derrotero, pasando de 12,2% en 2001 a 22,7% en 2002.

Y en cuanto al desempleo, según datos del INDEC, la tasa de desocupación había saltado del 31,3% al 40,2 por ciento. Los números actuales, en cambio, muestran una mejora en la situación social.