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El kirchnerismo marchó contra la Corte Suprema

La marcha contra la Corte incentivada por el oficialismo también tuvo lugar en otras ciudades. El presidente dijo en la previa que es “una marcha ciudadana”.

Desde las primeras horas de esta tarde, manifestantes y referentes del kirchnerismo duro se manifestaron contra la Corte Suprema de la Nación frente al Palacio de Tribunales. El acto central comenzó a las 18 y la marcha tuvo lugar en otras ciudades del país.

Todo empezó como una convocatoria marginal del kirchnerismo más cristinista. El dirigente social Luis D´Elía y el juez de Tribunal Oral Criminal Juan Ramos Padilla, incentivaron a realizar la marcha bajo consignas de lo más variadas: desde “fin del lawfare”, “basta de impunidad” y “democratización de la Justicia”, hasta la renuncia del Máximo Tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Ambos impulsores fueron los primeros en arribar hoy y después se fueron incorporando dirigentes del ámbito sindical, como Pablo y Facundo Moyano, Roberto Baradel, Hugo Yasky y Omar “Caballo Suárez”. También estuvieron presentes Graciana Peñafort (directora de Asuntos Jurídicos del Senado), Lorenzo Pepe (Secretario General del Instituto Nacional Juan Domingo Perón), Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes) y el ex vicepresidente Amado Boudou

Horas previas a que inicie el acto central, D´Elía adelantó: “Va a hablar, allá por las 18.30, el juez Ramos Padilla y actrices argentinas (Cristina Banegas y Luisa Kuliok) van a leer un documento. Y vamos a cantar el himno”.

Por su lado, el propio Ramos Padilla se expresó contra el Máximo Tribunal con agravios: “Vamos a pedir la renuncia, que se vayan los jueces y que el pueblo tenga una justicia para el pueblo e igualitaria. Hay que modificar al Poder Judicial y no se puede hacer con delincuentes. Que renuncien para empezar a construir un Poder Judicial que nos sirva a todos, no a ellos. Han tolerado causas armadas, prisiones indebidas, han permitido que el país se endeude, hicieron un desastre”.A

Al tomar la palabra desde el palco, Ramos Padilla prosiguió con los exabruptos contra los miembros del máximo tribunal de Justicia y aseguró que “van a quedar en la historia como la peor Corte que hubo”.

Conocida la convocatoria original, rápidamente se habían unido Hebe de Bonafini - quien no estuvo presente por razones de salud vinculadas a la pandemia- y los dirigentes camioneros Hugo y Pablo Moyano. De esta manera, el respaldo de Bonafini impulsó la participación de organismos de Derechos Humanos alineados con el kirchnerismo, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, la seccional Capital de H.I.J.O.S. y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros. A su vez, la adhesión de los Moyano añadió al Frente Sindical y se sumaron la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, más otros sectores gremiales.

La marcha, denominada “1F”, también tuvo apoyos efímeros del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y del de Seguridad, Aníbal Férnandez. Pero también apoyó uno de los principales hombres de Cristina Kirchner en el gobierno: Juan Martín Mena, número dos del ministerio de Justicia, quien expresó que le parecía “sano y necesario” que la gente se pronunciara en una marcha. Un planteo parecido efectuó Martín Soria, quien desde que asumió en la cartera judicial en reemplazo de Marcela Losardo critica a la Corte Suprema.

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El colectivo judicial kirchnerista “Justicia Legítima”, que lidera Cristina Caamaño, también se incorporó a la convocatoria. De esa forma, una organización presidida por quien maneja el servicio de Inteligencia del país convoca a una movilización contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza de uno de los tres poderes del Estado. La jefa de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detalló que no iba a concurrir personalmente, pero que está de acuerdo con los motivos de la marcha.

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Más allá de que integrantes del Poder Ejecutivo manifestaron su apoyo a la marcha, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había indicado: “El Gobierno no toma postura sobre la marcha del 1° de Febrero, pero cree, en relación al sistema de justicia, que es necesario una reforma integral para mejorar la justicia argentina”.

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Sin embargo anoche, en una nota con C5N, Alberto Fernández expresó: “La marcha de mañana es una marcha ciudadana. Hay que entender que, en una República, cada Poder se expresa por un instrumento. El Poder Ejecutivo en decretos, el Poder Legislativo en leyes y el Poder Judicial en sentencias. Todos estos son actos de Gobierno y, como tales, son públicos. Y, como son públicos, son susceptibles de ser cuestionados. Nadie tiene que molestarse porque un número ‘x’ de ciudadanos vaya y reclame a la Justicia que los actos de Gobierno no se están adecuando a la Justicia. Nadie tiene que molestarse con eso. Es más, tendrían que prestar atención y corregir lo que hay que corregir”.

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Por otro lado, la movilización es criticada, por ejemplo, por la Asociación de Fiscales, que criticó severamente los dichos recientes de los funcionarios del Poder Ejecutivo. “La independencia de los magistrados es una obligación de la República y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado”, manifestaron en un comunicado.

El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) también se había pronunciado en contra de la marcha incentivada por sectores del gobierno nacional. “El ataque sistemático al Poder Judicial resulta un evidente artilugio demagógico para sembrar la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no, cuando lo que resulta institucionalmente correcto es que se ejerciten los mecanismos constitucionales para juzgar -en su caso- la conducta de estos jueces que se invocan como inidóneos para el ejercicio de la magistratura”, decía el concepto más fuerte del escrito publicado la semana pasada.

Además, la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país manifestó este mediodía su enérgico rechazo a la marcha convocada para este martes y ratificaron su “inveterada posición en contra de cualquier hecho atentatorio del sistema democrático y republicano de gobierno”. “Las constantes afrentas que por distintos medios ha recibido el Máximo Tribunal, se orientan sistemáticamente a menoscabar la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho”, expresaron.

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En tanto, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) se unió a las críticas a la marcha del “1F”: “El reconocimiento a la dignidad de la Justicia y en particular de la Corte Suprema y sus autoridades, es la base de la convivencia civilizada y un requisito institucional indispensable para encaminar a nuestro país en la senda del desarrollo económico y social sostenido”, indicaron los empresarios en un comunicado.

A su vez, diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio resaltaron que la marcha es un “claro intento desestabilizador a uno de los poderes constituidos por el Estado”. “Este apriete a la Corte es porque las cosas no salen como Cristina Kirchner quiere. Es un acto golpista. Es querer voltear al Máximo Tribunal de nuestro país. No se puede atentar contra la Corte”, comentó Patricia Bullrich, presidenta del PRO en declaraciones radiofónicas.

Por su lado, el titular del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Mario Negri, describió como “grave” el aval del oficialismo a la marcha contra la Corte. “Lo único q falta es que la encabecen Alberto y Cristina. Falta que le digan que se manden a mudar los jueces de la corte porque no le gustan sus fallos”, señaló duramente el diputado.

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