El funcionamiento de la justicia en Jujuy, el debate en Política a las Brasas

Además, remarcó que una imputación no implica culpabilidad y que los fiscales tienen la responsabilidad de reunir pruebas suficientes, tanto para sostener una acusación como para evitar que personas inocentes sean sometidas a juicio.

Analizan la creación de una Policía Judicial en Jujuy

Otra de las definiciones importantes estuvo relacionada con la organización de las investigaciones y el trabajo de los ayudantes fiscales dentro de las comisarías. Bossatti confirmó que mantiene conversaciones con la Secretaría de Seguridad para analizar la posibilidad de implementar una Policía Judicial en Jujuy, con personal dedicado específicamente a tareas investigativas. "A mí me parece que tenemos que tener una cercanía con las seccionales, pero no tenemos que estar dentro de las seccionales".

El funcionario explicó que la presencia permanente de ayudantes fiscales en dependencias policiales puede generar confusiones sobre las responsabilidades de cada organismo. Por eso, consideró necesario mantener una coordinación territorial sin desdibujar la principal función preventiva de la Policía. También señaló que cualquier modificación deberá contemplar cuestiones presupuestarias, capacitación y los derechos laborales del personal policial.

Acceso a la Justicia: atención en el interior y denuncias por QR

La defensora general María Gabriela Burgos destacó la importancia de ampliar la presencia del Ministerio Público de la Defensa en las localidades alejadas de los principales centros judiciales. "La distancia no puede ser un impedimento para que la gente pueda acceder a la justicia", aseguró.

La Dra. Burgos explicó que, mediante convenios con municipios, se realizan visitas itinerantes de equipos profesionales que brindan asesoramiento, reciben consultas y pueden iniciar actuaciones judiciales sin que los vecinos deban trasladarse hasta San Salvador de Jujuy.

Por su parte, el procurador general adjunto del Ministerio Público de la Acusación Diego Chacón informó que durante 2026 se recibieron 670 denuncias mediante el sistema de códigos QR. De ese total, el 40% estuvo relacionado con robos, hurtos y daños a la propiedad, mientras que el 20% correspondió a ciberdelitos.

El funcionario también destacó el trabajo del Centro de Atención a las Víctimas, que cuenta con abogados, psicólogos y asistentes sociales para acompañar a las personas durante los procesos judiciales.

Régimen penal juvenil: nueve adolescentes denunciados y uno imputado

La implementación del nuevo régimen penal juvenil también ocupó parte de la entrevista. Bossatti informó que durante el primer mes de aplicación de la normativa se registraron nueve adolescentes denunciados dentro de la nueva franja etaria alcanzada por la ley, de los cuales solamente uno fue imputado.

Según explicó, estos números no reflejan un incremento significativo de casos. También indicó que se trabaja en el acondicionamiento de la Unidad 5 y de espacios destinados a recibir adolescentes, además de la capacitación del personal policial.

Burgos, por su parte, planteó que la implementación de la legislación debe contemplar las particularidades territoriales de cada provincia. "Creo que se basó en una estructura o en una realidad que no es la realidad del interior, o no es la realidad de las provincias del interior, no es la realidad nuestra", expresó. La defensora general insistió en la necesidad de fortalecer las políticas preventivas mediante el trabajo conjunto entre la Justicia, Educación, Desarrollo Humano, Cultura, Trabajo y Deporte.

Investigación digital, estadísticas y resolución de conflictos

Las autoridades también destacaron la importancia de incorporar nuevas tecnologías a los procesos judiciales y mejorar la utilización de las estadísticas para distribuir recursos. Chacón explicó que el análisis de los registros permitió identificar cambios en la concentración territorial de los delitos, con un crecimiento de casos en Perico, lo que motivó el fortalecimiento de fiscalías en esa zona.

Además, informó sobre el funcionamiento de la Fiscalía de Intervención Temprana en San Salvador de Jujuy, destinada a facilitar la mediación en determinados conflictos vinculados con delitos contra la propiedad y evitar la acumulación de causas.

En relación con la prueba digital, los funcionarios señalaron que se trabaja con la Universidad FASTA y el Ministerio de Seguridad para mejorar los procedimientos de incorporación y preservación de evidencias, respetando las garantías constitucionales y la privacidad de las personas.

Juicio por jurados y el caso Matías Jurado

Hacia el final de la entrevista, las autoridades se refirieron a la posibilidad de implementar el juicio por jurados en Jujuy, una iniciativa que todavía requiere avanzar con su marco legislativo.

Burgos consideró que se trata de una herramienta que podría contribuir a dinamizar el sistema judicial y permitir una mayor participación ciudadana en las decisiones. Bossatti coincidió con esa postura y destacó: "Le devolvemos a la sociedad la posibilidad de dictar justicia sobre sus propios ciudadanos".

Durante la conversación también se abordó el caso Matías Jurado. Burgos señaló que existe una fecha establecida para una instancia del proceso, aunque evitó precisarla públicamente, y calificó el expediente como un caso paradigmático para la provincia.

Las autoridades coincidieron en que los principales desafíos de la Justicia jujeña pasan por mejorar la calidad de las investigaciones, garantizar la independencia institucional, fortalecer los mecanismos de prevención y ampliar el acceso de los ciudadanos a los servicios judiciales.