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En julio pasado se realizaron varios allanamientos en domicilios y sedes de organizaciones sociales de Jujuy, medidas ordenadas por el Ministerio Público de la Acusación y el fiscal Diego Funes.
En la Investigación Penal Preparatoria conducida por la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 2 a cargo de Diego Funes, se encontró un escrito que podría llevar a sospechar de la organización de atentados en Jujuy
“Se encontró documentación donde hay manuscritos con un plan de acción. Se menciona concretamente la palabra atentados”, dijo en rueda de prensa el fiscal. “Será motivo de una pericia caligráfica para ver quienes realizaron ese escrito”.
Funes dijo que este hallazgo motivará ahondar la investigación. “Ese sería otro delito”, aclaró el fiscal, pero dijo que no se hace mención a posibles víctimas. Los allanamientos se realizaron en julio pasado en el marco de la causa donde se investigan extorsiones y la conformación de una asociación ilícita.
Según denunciaron supuestos damnificados, eran extorsionados por dirigentes de organizaciones sociales que los amenazaban con quitarles los planes si no realizaban aportes o si no asistían a las marchas que convocaban, entre otras circunstancias específicas.
Según confirmó el fiscal, hay un 95% de avance en la extracción de informacion de los celulares y los equipos informáticos de las organizaciones sociales, y un porcentaje similar en el análisis de la documentación secuestrada en esos procedimientos.
“No hay demorados, ni tienen restricciones a su libertad. Tampoco hay imputados formales que se les haya promovido acción penal de la fiscalía”, dijo Funes, pero si ratificó que hay personas sindicadas como posibles autores del delito de extorsión.
Funes dijo que esperan los resultados finales de las pericias, y dijo que las condenas por este tipo de delitos tienen una pena mínima de cinco años de prisión. Además el funcionario de la justicia dijo que “no hubo nuevas denuncias desde los allanamientos”
“Hasta ahora lo que se analizó corrobora la existencia de una cierta obligatoriedad para concurrir a las marchas, y un control muy exhaustivo en los que van, con planillas de asistencia y el conteo de las horas donde ingresaban y se retiraban”, dijo Diego Funes.
Para el fiscal también se comprobó que “hay un aporte periódico de las personas a las organizaciones”, y admitió que falta avanzar en la afectación a la libertad de cada persona que movilizaba. “Debemos determinar que lo hacían con una libertad afectada, es decir que no prestan su voluntad para hacerlo”.
Sobre desde cuando ocurría esto, Funes dijo que “hay indeterminación de cuando comenzó, pero sí viene sucediendo hace años. Esto surge de los chats que vienen de varios años atrás, pero estamos en plena etapa de precisar estas cuestiones”.
“Hay hipótesis delictivas y elementos de pruebas que hasta ahora confirman las hipótesis”, subrayó el encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, y no descartó investigar si hubo un movimiento de dinero considerable que refuerce la hipótesis delictiva. “Existe la chance de investigar cuentas bancarias y transferencias”.
Sobre el pedido de nulidad de un perito, Funes dijo que no está de acuerdo con esa postura, pero aseguró que hasta ahora no hay ningún pedido de nulidad. “Si llegara, lo analizaremos. Entiendo que el proceso que se lleva adelante tiene todas las garantías y siguiendo los requisitos legales que hacen falta”, concluyó.
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