Política a las Brasas: debate sobre tarifas, servicios públicos y seguridad en la provincia

Según sostuvo, la energía aumentó un 1.000% desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026. Atribuyó buena parte del incremento a la decisión nacional de llevar los precios a valores de mercado.

En este sentido, Valente consideró que las tarifas deben analizarse en relación con los salarios. “No son razonables a la realidad de la gente, porque quienes pagan el servicio es la gente común”, afirmó. También aseguró que hay hogares que dejaron de contar con electricidad por dificultades para pagar: “Hay gente que directamente dejó de tener el servicio de luz, que es un derecho”.

Tarifa social y auditoría de las redes eléctricas

Gronda indicó que 68.000 usuarios reciben la tarifa social, sobre 220.000 usuarios residenciales. Señaló que se está revisando el límite de ingresos de dos salarios mínimos, vitales y móviles: “Eso se está trabajando para rever porque ha quedado planchado”.

Según explicó, la SUSEPU recibe las solicitudes, analiza las condiciones y otorga el beneficio. Sobre este punto, Valente pidió incorporar una evaluación que contemple la situación habitacional y familiar mediante informes sociales: “Que vayan, verifiquen, acompañen”.

Gronda también detalló que el decreto de emergencia tarifaria dictado en julio prohíbe intereses punitorios y amplía los plazos para cortar el suministro y retirar medidores.

El titular de la SUSEPU indicó que está en marcha una auditoría de redes de media y baja tensión, que incluye cables, postes, transformadores y la respuesta de la empresa ante los cortes. “Tenemos que tener un cuadro de situación”, sostuvo.

FOPEC, impuestos y alumbrado público

Gronda defendió el FOPEC como una herramienta para distribuir el mayor costo de generación eléctrica en las zonas aisladas de la Puna. “El FOPEC lo que hace es que todos los jujeños, no importa en qué lugar estemos, paguemos lo mismo por la factura, lo mismo por lo que cada uno consume”, explicó. Estimó que las obras necesarias para conectar esas zonas requerirían entre 800 y 1.000 millones de dólares.

En este sentido, Tomé Gámez propuso revisar los conceptos incluidos en las boletas y discutir reducciones progresivas. “Acá la idea no es sacar de un día para el otro”, aclaró.

Gronda defendió además el cobro del alumbrado público dentro de la factura eléctrica y puso en consideración que eliminarlo podría desfinanciar a los municipios y afirmó que “es un servicio esencial”.

Calidad de los servicios y competencia entre empresas

La diputada libertaria explicó que presentó un proyecto sobre calidad de los servicios públicos. En esta línea remarcó que solicitó mayor transparencia en los contratos, reconexiones ágiles y la posibilidad de que cada usuario elija proveedor.

La legisladora planteó abrir el mercado para evitar monopolios y que las pautas de contratación sean claras. A su entender, existe un objetivo compartido entre las fuerzas políticas: “Todos queremos que el consumidor sepa lo que está pagando y cómo es lo que está pagando”.

Desde su rol como legisladora, Valente cuestionó las condiciones de competencia para los empresarios locales y defendió el Compre Jujeño, al que calificó como “un avance”. También pidió discutir el papel del Estado: “La manera es sentarse, pensar, sentarse a ver cuál es lo público, qué es lo privado”.

Gronda sostuvo que las diferencias en los subsidios energéticos entre regiones pueden generar competencia desleal. “La mirada tiene que ser integral”, consideró.

Régimen penal juvenil: las diferencias sobre seguridad

“Mi línea es más de mano dura”, afirmó Tomé Gámez, aunque aclaró que también propone acompañamiento educativo y reinserción para los adolescentes que delinquen. Sostuvo que no deben estar alojados en cárceles de adultos y que intervenir puede evitar nuevos delitos.

Valente rechazó las respuestas centradas en el castigo y pidió revisar las condiciones sociales. “Fue la sociedad misma la que lo expulsó”, expresó sobre los jóvenes. Propuso priorizar educación, deporte y empleo: “Les demos realmente trabajo digno, no solamente ser un influencer”. La diputada consideró que las leyes discutidas no beneficiarían a la sociedad. “Lo único que van a hacer es un retroceso social”, sostuvo.

Por su parte, Grondda cuestionó el endurecimiento penal. “No creo que sea la solución”, afirmó desde su rol como abogado y planteó fortalecer las políticas existentes y revisar las falencias que impidieron su funcionamiento: “Estamos apuntando a un segmento hipervulnerable que tenemos que abordarlo de otra manera”.

Tomé Gámez explicó, además, que impulsa restricciones al uso de celulares y bloqueadores de señal en establecimientos penitenciarios. Según aseguró, la propuesta busca impedir estafas y otros delitos cometidos desde las cárceles, preservando las vías reglamentadas de comunicación.

Cámaras de seguridad y pedidos de informes

Tomé Gámez explicó que un pedido de informe vinculado con SAPEM busca conocer el funcionamiento de las cámaras de seguridad y el alcance de la conectividad en la Puna, incluidas las escuelas. Reclamó indicadores sobre los resultados de los programas y el uso de los recursos públicos.

La diputada aseguró que presentaron 41 pedidos de informes sin respuesta ni tratamiento. “Cómo están administrando y cómo están gestionando los recursos y que sean transparentes”, expresó sobre el objetivo de esas solicitudes.

Para Tomé Gámez, no alcanza con que los datos existan: “Que la información esté, pero que esté accesible”.