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5 de septiembre de 2016 - 06:03

Tala en Yala: Realizarán tareas de reparación ambiental

El Gobierno de Jujuy anunció que realizará acciones reparatorias en el Parque Potrero de Yala y actualizará el Plan de manejo con participación ciudadana

La ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, anunció que tras la investigación que se instruyera por la tala de árboles en el Parque Provincial Potrero de Yala y conforme a la decisión de gobernador Gerardo Morales de llevar acciones reparatorias inmediatas, se realizará a fines de esta semana una reunión con el comisionado de Yala y los actores locales de la sociedad civil, para dar a conocer las medidas que se implementarán.

También anunció Zigarán que se iniciará la actualización del plan de manejo del área y en tal sentido se realizará una instancia de participación ciudadana a los efectos de poner en conocimiento de la comunidad las acciones de gestión ambiental que se desarrollarán para mejorar el área protegida.

La Ministra de Ambiente, tras la polémica medida que se había tomado desde el área de Biodiversidad y que carecieron de actos administrativos e informes técnicos oportunos, así como de la debida comunicación, señaló que concluyó el proceso investigativo y que el mismo fue puesto en conocimiento del gobernador Gerardo Morales.

“El Parque Provincial Potrero de Yala es un área protegida, Zona Núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas y Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA). Por ello, debieron extremarse los recaudos para garantizar el equilibrio y la funcionalidad ecosistémica”, declaró la titular de ambiente.

A propósito de lo ocurrido, describió que “el cuidado de dicho Parque es competencia del Ministerio de Ambiente, a través de la Secretaría de Biodiversidad y su Dirección de Áreas Protegidas, que debieron velar para que cualquier medida, aún la extracción de especies exóticas, se realizaran con el cuidado, la justificación técnica pertinente, la transparencia del proceso y la comunicación del mismo, a los efectos de evitar un estado de conmoción social”.

“Pero además –insistió- debieron realizarse los actos administrativos necesarios tanto para la extracción de las mismas, como para el proceso posterior”.

LOS HECHOS

Según se desprende de la investigación, se procedió a la tala de alrededor de 90 árboles correspondientes a la especie exótica conocida como pino, todos de un diámetro promedio de 30 centímetros, y de 20 a 30 años de vida. Este hecho tuvo como fecha de inicio el día jueves 5 de agosto, y se extendió hasta el sábado 27 de agosto último.

Los ejemplares talados reunían características que los convertían en especies de valor comercial. Por otra parte, la Tala fue realizada sobre pendiente, por lo que el proceso de selección de las especies a extraer debió estar precedido de estudios técnicos específicos.

Según el informe técnico de Ambiente, “en términos de seguridad, la extracción de los pinos incrementó el riesgo de deslizamientos y desmoronamiento del sustrato, ya que la pendiente en el sitio es superior al 30 % en general y en particular, junto a la ruta por la que se accede a la Estación y luego a las Lagunas, Hostería y el resto del Parque en general, es del orden del 45 %. La pendiente de la ruta, tanto como ella misma, facilita la concentración y escurrimiento de las precipitaciones, por lo cual, la acumulación y posterior desborde hacia el sector afectado implican una probabilidad cierta de erosión del suelo y subsuelo”.

Además, “los pinos localizados justo atrás de la construcción que sería la primera en estar en riesgo eventual no han sido cortados, lo cual es una muestra más de que el objetivo de la extracción fue el aprovechamiento de madera con valor comercial y no la preservación de vidas y bienes ante un riesgo eventual de caída”.

Por ello, “debiera haberse planificado una extracción selectiva en función de la peligrosidad de caída de los ejemplares, la ubicación y otras consideraciones, con el análisis y argumentación técnica previos, necesariamente”.

En síntesis, según confirmó la ministra de ambiente: “los procedimientos fueron realizados sin los fundamentos necesarios, sin respetar los pasos administrativos correspondientes, sin la documentación respaldatoria que así lo habilitará. Y adoleció del celo necesario atento a que es Reserva de Biósfera de Yungas lo que implica un manejo con la participación de los actores locales. Pero además los actos administrativos sólo se intentaron con posterioridad al hecho y recién cuando el caso tomó estado público”.

De la investigación se deduce incluso que se dispuso arbitrariamente del material extraído desde el Parque, el que se encuentra en un Aserradero de “Río Blanco, al que se instruyó para que no pudiera realizar ninguna acción hasta que el Ministerio de Ambiente lo determine.

Así lo definió Zigarán al decir que “sin mediar instrumento de carácter legal o administrativo, sino más bien un acuerdo de palabra con personal del ministerio, según el cual la transferencia de madera hacia el aserradero significaría la distribución de compromisos para, por una parte, la construcción de muebles cuyo destino no habría sido determinado; y por la otra, la compensación por ese trabajo en favor de los titulares del aserradero”.

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