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3 de agosto de 2026 - 07:12 Jujuy.

Trata de personas en Jujuy: el delito cambió y la frontera norte aparece como una zona clave

La frontera norte de Argentina aparece como una zona sensible por su vínculo con trata de personas, narcotráfico, contrabando y explotación laboral.

La trata de personas en Argentina atraviesa una transformación profunda: ya no puede ser explicada únicamente desde prostíbulos clandestinos, talleres ilegales o campos aislados. Un informe de Fundación Alameda advierte que el delito se adaptó a la crisis económica, a la expansión de la virtualidad y a la acción de organizaciones criminales que combinan explotación humana, narcotráfico, contrabando, lavado de activos y otras economías ilegales.

El relevamiento, titulado “La Trata en Transformación, fue publicado en julio de 2026 y reúne tendencias observadas durante el primer semestre del año. El documento analiza casos, investigaciones judiciales, políticas públicas, informes oficiales y entrevistas a jueces, fiscales y especialistas.

Uno de los puntos centrales es que la trata no disminuyó, sino que se transformó. Las modalidades tradicionales de explotación sexual y laboral siguen existiendo, pero conviven con formas más complejas: captación digital, explotación sexual online, criminalidad forzada, uso de personas como “mulas”, organizaciones coercitivas y nuevas formas de sometimiento psicológico o económico.

La trata de personas ya no responde a una única modalidad ni ocurre solamente en lugares ocultos. Puede comenzar con una conversación, una oferta laboral o una promesa de ayuda

Argentina: explotación laboral, sexual y captación digital

A nivel nacional, el informe marca que la explotación laboral continúa siendo una de las modalidades más extendidas y persistentes. Los casos relevados muestran trabajadores reclutados mediante promesas de empleo legítimo que luego son trasladados a establecimientos rurales, agrícolas, forestales o productivos donde terminan sometidos a condiciones de extrema precariedad.

El patrón se repite: alojamientos improvisados, falta de agua potable, ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas, jornadas extensas, salarios por debajo de lo establecido y aislamiento geográfico. Esa combinación dificulta que las víctimas puedan pedir ayuda, abandonar el lugar o denunciar.

La explotación sexual también sigue presente. Sin embargo, el informe advierte que ya no se limita a prostíbulos o lugares tradicionales. Hoy puede aparecer bajo la fachada de departamentos privados, casas de masajes, bares, alojamientos transitorios o plataformas digitales donde se administran contactos, clientes y ganancias.

El documento también advierte sobre la explotación sexual infantil y la producción de material de abuso sexual a través de plataformas digitales. En distintos puntos del país se investigaron casos de grooming, captación de menores mediante redes sociales y distribución de material ilegal a través de aplicaciones de mensajería.

La virtualidad, el nuevo territorio de captación

La virtualidad aparece como una de las principales transformaciones de la trata contemporánea. Según el informe, redes sociales, plataformas de mensajería, espacios de videojuegos y sitios de contenido digital se convirtieron en escenarios centrales para captar, controlar y explotar víctimas.

El contacto inicial muchas veces se da mediante falsas ofertas laborales, propuestas de modelaje, promesas de ingresos rápidos, trabajos remotos o vínculos afectivos simulados. En otros casos, se utilizan mecanismos de manipulación psicológica, amenazas de difusión de imágenes íntimas, control de cuentas personales, sextorsión o dependencia económica generada a través de plataformas.

El informe también señala que parte de la explotación sexual migró hacia entornos digitales. Eso permite a los explotadores obtener ganancias sin necesidad de sostener prostíbulos tradicionales ni trasladar físicamente a las víctimas.

Esta transformación genera un desafío mayor para la prevención y la investigación: las fronteras físicas pierden peso y las redes pueden operar en varias jurisdicciones al mismo tiempo.

Internet es una vía perfecta y veloz para lucrar con el cuerpo y la intimidad de las mujeres; a través de las redes sociales los cibercriminales generan una red de explotación sexual, incluso sin retenerlas físicamente

Las víctimas: pobreza, informalidad y vulnerabilidad

El informe sostiene que la mayoría de las víctimas identificadas pertenece a sectores atravesados por vulnerabilidades económicas, laborales o sociales. Entre los grupos más afectados aparecen trabajadores rurales migrantes, mujeres jóvenes, adolescentes, personas desempleadas, comunidades vulnerables, personas con bajos niveles educativos, personas en situación de calle y jóvenes institucionalizados.

En la explotación laboral, la necesidad económica aparece como un factor clave. Muchas víctimas aceptan propuestas laborales engañosas porque atraviesan situaciones de urgencia o falta de oportunidades.

En los casos de explotación sexual, las víctimas suelen ser mujeres jóvenes, muchas veces responsables del sostenimiento económico de sus hogares o atravesadas por situaciones previas de violencia, exclusión o consumo problemático.

El informe también alerta por la presencia de niños, niñas y adolescentes en investigaciones vinculadas a mendicidad forzada, trabajo infantil rural, grooming, explotación sexual infantil y captación digital.

Argentina también como país de captación

Uno de los cambios más fuertes que marca el relevamiento es que Argentina, que durante años fue vista principalmente como país de destino, hoy aparece también como país de captación.

El informe vincula esta transformación con la precarización económica y la pérdida del valor del salario. En ese contexto, crecen las ofertas laborales engañosas del exterior que prometen mejores ingresos, traslado o estabilidad, pero que luego pueden derivar en servidumbre, trabajo forzado o explotación.

Este dato es importante porque modifica la mirada tradicional del problema. La trata ya no debe pensarse solo como algo que ocurre “hacia adentro” del país, sino también como una red que puede captar personas en Argentina para trasladarlas a otros territorios.

NOA: frontera, economías ilegales y explotación

El informe dedica un apartado a las particularidades regionales y ubica al NOA, especialmente a Salta, Jujuy y la frontera norte, como una zona sensible.

La región aparece atravesada por la convergencia entre trata de personas, narcotráfico, contrabando y otras economías ilegales. Las extensas fronteras internacionales y la circulación constante de personas y mercaderías generan condiciones favorables para el funcionamiento de organizaciones criminales transnacionales.

Entre los fenómenos señalados para la frontera norte aparecen la captación transfronteriza de víctimas, la explotación laboral en el ámbito rural, la compra y venta de niños, niñas y adolescentes, la corrupción asociada a mercados ilegales y la utilización de rutas del narcotráfico para actividades vinculadas a la trata.

El informe también remarca que la vulnerabilidad social de muchas comunidades fronterizas sigue siendo uno de los principales factores de riesgo. En esos contextos, una falsa oferta de trabajo, un traslado irregular o una promesa de mejores ingresos puede transformarse en una puerta de entrada a una red de explotación.

Jujuy: por qué la provincia queda bajo alerta

En el caso de Jujuy, el informe no desarrolla cifras provinciales específicas, pero sí permite ubicar a la provincia dentro del mapa de riesgo del NOA y la frontera norte. Su ubicación geográfica, el contacto con pasos fronterizos, la circulación hacia Bolivia y otras provincias, y la presencia de economías formales e informales hacen que la prevención y la detección temprana sean claves.

El riesgo no está limitado a una sola modalidad. En Jujuy, según el enfoque regional del informe, deben observarse especialmente las posibles formas de captación transfronteriza, las falsas ofertas laborales, la explotación laboral rural, la explotación sexual, la captación por redes sociales y la vinculación con otras economías ilegales.

También se vuelve central el control de rutas, pasos fronterizos y zonas de circulación permanente. Pero el informe deja en claro que la persecución penal no alcanza por sí sola: la prevención comunitaria, la alfabetización digital, la asistencia a víctimas y el fortalecimiento de redes territoriales son partes indispensables de una respuesta integral.

Rescates y asistencia: el punto más crítico

El informe también analiza respuestas oficiales y advierte un fuerte debilitamiento de la asistencia posterior a las víctimas. Según los datos reunidos, entre diciembre de 2024 y marzo de 2026 fueron rescatadas y/o asistidas 1.111 personas.

Sin embargo, el documento marca una contradicción: mientras los rescates continúan, la asistencia posterior aparece debilitada. Fundación Alameda señala que el nuevo Programa Nacional de Restitución de Derechos para Víctimas de Trata tenía $1.000 millones de presupuesto, pero al momento de la respuesta oficial no había ejecutado fondos.

También se informaron solo 2 soluciones habitacionales en todo el período analizado y apenas 3 profesionales en psicología para coordinar la atención especializada en salud mental de víctimas de trata en todo el país.

Para el informe, este punto muestra una brecha entre la capacidad estatal de rescatar víctimas y la posibilidad real de acompañarlas después para reconstruir sus proyectos de vida.

Un delito que exige nuevas respuestas

El informe concluye que la trata debe investigarse como una economía criminal compleja. Ya no alcanza con rescatar víctimas o condenar autores materiales: también es necesario seguir el dinero, identificar beneficiarios económicos, decomisar activos y desarticular las estructuras financieras que sostienen el delito.

La trata actual puede ocultarse detrás de una aplicación, una billetera virtual, una falsa oferta laboral, una organización aparentemente solidaria, una red de explotación sexual digital, una estructura empresarial o una ruta vinculada a otras economías ilegales.

Por eso, el desafío no es solo perseguir un delito que cambia de forma. También implica anticiparse a sus nuevas modalidades, proteger a las personas vulnerables y fortalecer las respuestas estatales, judiciales y comunitarias.

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