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SUSCRIBITEEl informe elaborado por la Fundación Alameda sobre trata de personas advierte que ahora se combina explotación laboral, captación digital y narcotráfico.
La trata de personas ya no responde a una única modalidad ni ocurre solamente en lugares ocultos. Puede comenzar con una conversación, una oferta laboral o una promesa de ayuda
Trata de personas - Actualmente, el primer contacto con una posible víctima puede producirse mediante una falsa oferta de empleo publicada en Facebook, Instagram o WhatsApp.
Internet es una vía perfecta y veloz para lucrar con el cuerpo y la intimidad de las mujeres; a través de las redes sociales los cibercriminales generan una red de explotación sexual, incluso sin retenerlas físicamente
La trata de personas en Argentina atraviesa una transformación profunda. Las modalidades históricas de explotación laboral y sexual continúan vigentes, pero ahora conviven con la captación mediante redes sociales, la explotación virtual, el uso de criptomonedas y la conexión con el narcotráfico y otras economías ilegales.
El informe La Trata en Transformación, elaborado por la Fundación Alameda y publicado en julio de 2026, analiza casos, investigaciones judiciales, políticas públicas y testimonios de jueces, fiscales y especialistas. Su principal conclusión es que el delito no disminuyó: cambió sus métodos, amplió sus territorios y aprovechó las nuevas tecnologías para captar y controlar a las víctimas.
Durante décadas, la trata estuvo asociada principalmente con prostíbulos clandestinos, talleres ilegales, campos rurales o establecimientos aislados. Esos escenarios no desaparecieron, pero dejaron de ser las únicas formas visibles de explotación.
Actualmente, el primer contacto con una posible víctima puede producirse mediante una falsa oferta de empleo publicada en Facebook, Instagram o WhatsApp. También aparecen supuestas oportunidades de modelaje, propuestas para generar contenidos, promesas de viajes, empleos en el exterior o vínculos sentimentales construidos de manera engañosa.
La virtualidad permite que el proceso de captación se extienda durante semanas o meses. Los tratantes pueden generar confianza, conocer la situación económica o familiar de la persona y detectar sus necesidades antes de avanzar con mecanismos de presión.
El informe identifica, además, situaciones de vigilancia digital, sextorsión, amenazas con publicar imágenes íntimas, control de cuentas personales y dependencia económica mediante plataformas virtuales.
Una de las principales transformaciones es que la explotación ya no requiere necesariamente el traslado físico de la víctima. Una persona puede permanecer en su vivienda mientras es sometida a explotación sexual, económica o psicológica por una organización que opera desde otra provincia o incluso desde otro país.
Pese al avance de los mecanismos digitales, la explotación laboral continúa siendo una de las modalidades más extendidas en la Argentina.
Los procedimientos relevados muestran un patrón repetido: personas captadas mediante promesas de empleo formal son trasladadas a establecimientos agrícolas, forestales o rurales. Al llegar, encuentran jornadas excesivas, remuneraciones inferiores a las acordadas, viviendas improvisadas, falta de agua potable y condiciones sanitarias deficientes.
El aislamiento geográfico, el endeudamiento y la retención del salario dificultan que los trabajadores puedan abandonar esos lugares o realizar una denuncia.
La explotación sexual también continúa presente. Las organizaciones utilizan departamentos privados, viviendas particulares, bares, alojamientos transitorios o espacios que funcionan bajo la apariencia de centros de masajes. A esas estructuras tradicionales se sumaron plataformas digitales, transmisiones en línea y sistemas de suscripción.
El documento advierte además sobre investigaciones vinculadas con grooming, captación de menores y producción o distribución de material de abuso sexual infantil. Niños, niñas y adolescentes aparecen entre los grupos más expuestos, junto con mujeres jóvenes, trabajadores informales, migrantes, personas desempleadas y familias atravesadas por situaciones de pobreza.
De acuerdo con las respuestas oficiales analizadas por la Fundación Alameda, 1.111 personas fueron rescatadas o asistidas entre diciembre de 2024 y marzo de 2026.
La distribución informada fue la siguiente:
El informe compara esos números con los registros históricos iniciados en 2008, que arrojaban un promedio aproximado de 1.200 personas rescatadas o asistidas por año.
El documento también señala que el Programa Nacional de Restitución de Derechos para Víctimas de Trata contaba con un presupuesto de $1.000 millones, pero no había ejecutado recursos al momento en que el Estado respondió el pedido de información.
Otro dato señalado es la limitada estructura de acompañamiento en salud mental: el dispositivo nacional contaba con tres profesionales de psicología para coordinar la atención especializada en todo el país. En el momento de la respuesta oficial había 22 personas en seguimiento, mientras que desde la creación del área, en 2022, se habían derivado 238 casos.
En materia habitacional, solamente fueron comunicadas dos soluciones concretas durante el período analizado: la entrega de una vivienda en Catamarca y la reconstrucción de otra en Chubut.
El Gobierno nacional informó que durante 2025 fueron capacitados 5.075 funcionarios públicos y más de 17.000 integrantes del público general.
También se realizaron 112 acciones durante julio de 2025 y se implementó el denominado Plan Verano, que incluyó 85 actividades en 76 localidades de 15 provincias, con un alcance estimado de 410.000 personas.
Sin embargo, la Fundación Alameda plantea una diferencia entre el volumen de capacitaciones y la asistencia directa brindada a las personas rescatadas. El informe sostiene que existen dificultades para conocer cuántas víctimas recibieron ayuda económica, cuántas fueron alojadas en refugios y cuál es la capacidad real de esos dispositivos.
La organización también advierte que el rescate representa solamente la primera etapa. Después deben garantizarse vivienda, acompañamiento psicológico, asistencia jurídica, educación, empleo y recursos económicos que permitan evitar que la persona vuelva a quedar expuesta a las mismas condiciones que facilitaron su captación.
Otra de las tendencias observadas es la creciente relación entre la trata de personas y el narcomenudeo.
Las organizaciones criminales pueden utilizar las mismas rutas, contactos, mecanismos de corrupción y estructuras logísticas para trasladar drogas, mercadería ilegal y personas. En esos entramados, una víctima puede ser obligada a vender sustancias, transportar paquetes, vigilar movimientos o participar de otras actividades ilícitas.
El informe denomina a este fenómeno criminalidad forzada. Esto obliga a revisar algunos procedimientos judiciales, ya que una persona inicialmente investigada como autora de un delito podría estar actuando bajo amenazas, dependencia económica o coerción.
La trata deja así de aparecer como un delito aislado y pasa a formar parte de estructuras criminales más amplias, vinculadas con el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos y la explotación económica.
El panorama adquiere características particulares en el Noroeste Argentino. El informe agrupa dentro de este análisis a Jujuy, Salta y la frontera norte, donde observa una convergencia entre trata, narcotráfico, contrabando y otros mercados ilegales.
Las extensas fronteras internacionales generan condiciones que pueden ser aprovechadas por organizaciones transnacionales. No se trata solamente de pasos fronterizos formales: las redes también utilizan corredores secundarios, contactos territoriales y las mismas rutas empleadas para otras actividades ilícitas.
Entre las situaciones señaladas para el NOA se encuentran:
La vulnerabilidad social de las comunidades fronterizas aparece como uno de los factores centrales. La falta de empleo registrado, las necesidades económicas, la informalidad laboral y la distancia respecto de los organismos de protección pueden facilitar el acercamiento de reclutadores.
Las propuestas no siempre parecen sospechosas. En muchos casos se presentan como oportunidades de trabajo en fincas, comercios, tareas domésticas, construcción, gastronomía o actividades temporarias en otra provincia o país.
El informe no presenta una cantidad de víctimas ni un registro de casos desagregado exclusivamente para Jujuy. Por eso, no es posible establecer a partir de este documento cuántas situaciones se detectaron en la provincia durante el primer semestre de 2026.
Sí coloca a Jujuy dentro de una región considerada especialmente sensible por su ubicación fronteriza y por la coexistencia de distintas economías informales e ilegales.
En este contexto, la prevención requiere prestar atención a las ofertas laborales que prometen ingresos elevados, alojamiento y traslado inmediato, especialmente cuando no existe un contrato, una empresa verificable o información clara sobre el lugar de trabajo.
También deben encenderse alertas cuando una persona es trasladada sin conocer el destino preciso, queda incomunicada, pierde el control de sus documentos, acumula una deuda por transporte o alojamiento, o recibe amenazas para continuar trabajando.
Para las comunidades fronterizas, el desafío es doble: detectar los movimientos físicos de las redes criminales y comprender que la captación puede comenzar mucho antes, desde un teléfono celular.
El informe explica que las modalidades se adaptan a las características económicas y sociales de cada territorio.
En el NEA, especialmente en Chaco y otras provincias del nordeste, la explotación aparece vinculada con pobreza extrema, dependencia económica, estructuras clientelares y uso abusivo de organizaciones comunitarias.
En Córdoba y la región centro se observa un crecimiento más marcado de las modalidades tecnológicas: explotación sexual online, uso de criptoactivos, inteligencia artificial y organizaciones coercitivas con fachadas religiosas o terapéuticas.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires predominan la captación digital de menores, el grooming, la explotación sexual en línea y la conexión con organizaciones dedicadas al narcomenudeo.
En Entre Ríos y la Mesopotamia, el foco está puesto en la explotación laboral rural, el reclutamiento mediante falsas ofertas de trabajo y los mecanismos abusivos de intermediación.
En la Patagonia, los riesgos se vinculan con hidrocarburos, minería, pesca y grandes obras. Los traslados de larga distancia, el alojamiento precario y las dificultades de control en territorios extensos pueden favorecer situaciones de explotación.
El documento también alerta sobre organizaciones que se presentan como espacios religiosos, terapéuticos, espirituales, políticos o comunitarios.
Estas estructuras pueden captar personas con promesas de ayuda, recuperación, empleo o pertenencia. Luego utilizan la manipulación psicológica, el aislamiento, la culpa, el miedo y la obediencia a líderes para generar dependencia.
En algunos casos, la explotación incluye trabajo no remunerado, apropiación del patrimonio, abuso sexual o pérdida de autonomía. Una de las mayores dificultades es que las víctimas pueden no reconocerse como tales, debido al vínculo afectivo o emocional construido con la organización.
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