La causa Cuadernos sumó un nuevo capítulo este viernes con una audiencia clave ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). Casi 50 empresarios y exfuncionarios imputados intentaron avanzar con un acuerdo económico para evitar el juicio oral, previsto para el 6 de noviembre.
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La fiscal rechazó los pedidos de empresarios en la causa Cuadernos: el juicio sigue en pie
Un grupo de empresario pidió un acuerdo económico en la causa Cuadernos, pero la fiscal se opuso y el juicio oral sigue previsto para noviembre.
La propuesta, amparada en la figura de “reparación integral” del Código Penal, incluye el pago de dinero y la entrega de propiedades o vehículos como compensación. El objetivo de las defensas es extinguir la acción penal sin necesidad de ir a debate. Sin embargo, la fiscal general Fabiana León rechazó esta alternativa.
Ofrecimientos de los empresarios involucrados en la causa de los Cuadernos
Entre los ofrecimientos trascendió el de Ernesto Clarens, financista ligado al kirchnerismo, que propuso un departamento en Miami y una embarcación valuada en 1,5 millones de dólares. También se mencionaron montos millonarios en pesos, como los 500 millones ofrecidos por Enrique Pescarmona o los 826 millones de José Paolini.
El planteo de los empresarios se sostiene en la extensión y complejidad del futuro juicio, que involucra a 174 procesados, 26 calificaciones legales distintas y más de 600 testigos. Según los cálculos de algunas defensas, el proceso podría durar más de una década con las apelaciones incluidas.
Qué dijo la Unidad de Información Financiera sobre el pedido de los empresarios
La Unidad de Información Financiera (UIF) también se pronunció en contra de los acuerdos. Su titular, Paul Starc, advirtió que aceptar esas propuestas significaría “mercantilizar la corrupción” y enviar un mensaje de impunidad. Además, remarcó que el perjuicio es institucional y no se repara solo con dinero o bienes.
En esta causa están imputados empresarios, exfuncionarios y también la expresidenta Cristina Kirchner, acusada como jefa de una asociación ilícita. La investigación se originó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que registraba viajes vinculados al presunto pago de sobornos en la época del Ministerio de Planificación que lideraba Julio De Vido.
El TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, deberá resolver en los próximos días si acepta las propuestas, aunque la postura de la fiscalía y la UIF anticipa que el proceso avanzará hacia el juicio oral.
De confirmarse, se tratará de uno de los debates judiciales más grandes de la historia argentina, con audiencias semanales y la participación de más de 600 testigos.
En la instrucción se determinó que participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore, se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado.
El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y hasta una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero también Miami y -según se supo ahora- el Caribe.
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