En la causa conocida como "los cuadernos de las coimas" en las que se investiga a la Vicepresidenta Cristina Férnández de Kirchner, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar al pedido de uno de los acusados y solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona en la que el periodista del diario La Nación, Diego Cabot, se reunió con una persona anónima, quien le entregó seis de los ocho cuadernos que escribió Oscar Centeno, que se creían perdidos, con el objetivo de identificar a esa persona.
Esta medida fue solicitada por el empresario Néstor Otero, más conocido como "el Zar de Retiro", quien además ya estuvo detenido en la causa al probarse que entregó coimas a exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal.
Los cuadernos escritos de Centeno se creían perdidos, ya que el chofer declaró que creía haberlos destruido. Sin embargo, seis de los ochos cuadernos originales fueron recuperados en octubre de 2019, un año después de que inició la investigación tras la denuncia de Cabot.
A raíz de esto, el abogado del empresario Néstor Otero, presentó una denuncia en la Justicia y pidió que se realice un estudio de huellas dactilares sobre los cuadernos que recibió Cabot, además de una pericia sobre la ubicación del celular del periodista y las cámaras de seguridad de la zona en la que recibió los cuadernos recuperados. Martínez De Giorgi descartó la medida de las huellas dactilares, pero hizo lugar a la medida de las cámaras de seguridad.
La decisión de solicitar el registro de las las cámaras de seguridad al municipio se tomó luego de que el periodista Diego Cabot declarara como testigo en el expediente y aportara detalles de cómo habían llegado a sus manos seis de los ocho originales. Los textos involucran a la Vicepresidenta Cristina Kirchner y a un gran número de importantes empresarios, sospechados de pagar coimas al poder político.
Preocupación de entidades periodísticas
La decisión del juez Martínez de Giorgi de solicitar las cámaras de seguridad para identificar a una fuente generó la reacción y el repudio de entidades periodísticas como ADEPA y FOPEA, que aseguran que esta medida es inconstitucional y atenta contra las libertades del periodista.
“Adepa advierte, con profunda preocupación, la consagración de una nueva medida judicial que conspira contra el ejercicio del periodismo de investigación en causas referidas a hechos de corrupción pública”, manifestó. La Asociación también sostuvo que este tipo de decisiones “desincentivan el periodismo de investigación, criminalizan la labor de la prensa e inhiben a periodistas y a otros ciudadanos que pretendan colaborar con el esclarecimiento de hechos de corrupción”.
“En la orden de Martínez De Giorgi hay una inversión de la lógica jurídica. En lugar de poner el foco en los graves hechos denunciados por un periodista, se pone la lupa sobre el propio periodista. La medida cuestiona la investigación de una de las mayores tramas de corrupción y configura una advertencia sobre los riesgos que para los periodistas conlleva la tarea de investigar”, agrega. Adelantó además que expondrá el caso ante organismos internacionales que defienden la libertad de prensa.
Por su parte, FOPEA expresó: “Se trata de un nuevo embate para criminalizar la actividad periodística. La medida viola el derecho constitucional de preservar el secreto de las fuentes de información y resulta intimidatoria para cualquier ciudadano que quiera colaborar con la prensa bajo la protección del sigilo de la fuente”.
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