Ley de Salud mental: el Gobierno impulsa cambios y avanza con un nuevo proyecto en el Congreso

Asimismo, en sintonía con lo que ya se había planteado en la Ley Bases, el Órgano de Revisión (OR) —integrado por profesionales del derecho encargados de supervisar la aplicación de la norma— sería sustituido por un Equipo Interdisciplinario de Salud Mental, con una participación más fuerte del área sanitaria.

En los hechos, distintos especialistas venían manifestando su malestar al señalar que la participación de juristas sin formación en terapias, abordajes clínicos ni gestión de situaciones críticas o evaluaciones diagnósticas podía derivar en una mayor vulnerabilidad para los pacientes.

“El proyecto propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el OR al incorporar áreas técnicas, como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), para fortalecer la supervisión”, detallaron fuentes del equipo de Mario Lugones.

Desigualdades en el acceso y alcance federal de la reforma

Otra de las demandas que la iniciativa buscaría atender está vinculada con los obstáculos que enfrenta la gente para acceder a las prestaciones requeridas fuera de las grandes ciudades.

“Uno de los principales problemas es la falta de aplicación homogénea [de la ley actual] en el país. Solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente. De las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación. Esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio”, informó la cartera sanitaria.

El ministro Mario Lugones ya tenía previsto reunirse con Manuel Adorni en la Casa Rosada. La cita estaba pautada para la tarde de ese martes y contemplaba afinar los últimos detalles de la iniciativa oficial. Sin embargo, a media mañana el jefe de Gabinete se adelantó en redes sociales, lo que obligó al área de Salud a acelerar definiciones. Durante el encuentro estaba previsto repasar “los avances de gestión y el panorama para 2026/2027”, incluyendo el proyecto vinculado a salud mental.

Aunque dentro del ministerio se adjudican la autoría del borrador, la iniciativa incorporaría aportes de organizaciones de familiares, entidades profesionales y también retomaría ideas de un proyecto impulsado por la exdiputada Marcela Campagnoli, que había despertado el interés del área de Salud.

“Se relevaron aportes de familiares, pacientes, profesionales y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que nos permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria”, apuntaron desde Salud. El texto final se orientaría en sintonía con los lineamientos planteados en la Ley Bases y con una iniciativa presentada por el diputado Álvaro Martínez.

“Intervenciones oportunas”

“La ley actual impulsa el cierre de los hospitales psiquiátricos y el traslado a los hospitales generales, pero ese modelo no siempre es viable por las limitaciones de infraestructura, personal y seguridad”, expresaron desde la cartera sanitaria.

“Hay 30 instituciones monovalentes públicas y, al menos, 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada. Episodios graves en hospitales generales, como el Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen, reflejan esas limitaciones en casos complejos. En lugar de cerrar instituciones, la propuesta es reforzar una red de atención en salud mental por niveles de complejidad con los hospitales especializados, los servicios en los hospitales generales, los dispositivos ambulatorios, comunitarios y las residencias asistidas”, argumentaron.

En vez de emplear la expresión “padecimiento mental”, se adoptará la denominación “trastornos mentales o del comportamiento”, en línea con la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el objetivo de lograr mayor exactitud en los diagnósticos y acelerar las respuestas, especialmente en contextos de urgencia. A su vez, el parámetro de riesgo incluirá aquellas circunstancias en las que exista la posibilidad de perjuicio para la vida o la integridad física tanto de la persona como de terceros. Según la cartera sanitaria, este enfoque permitirá actuar de manera más temprana y preventiva en comparación con la legislación vigente.

La internación continuará considerándose una medida de carácter excepcional, aunque en situaciones de urgencia un psiquiatra podrá disponer una internación sin consentimiento. Esa decisión deberá ser validada por un equipo interdisciplinario dentro de un plazo máximo de 24 horas, con una instancia de aviso a la Justicia en un lapso de 10 horas y la posibilidad de extenderla hasta otras 24.

En los casos en que el ingreso sea voluntario, el otorgamiento del alta quedará sujeto a la evaluación de la capacidad del paciente. Si no correspondiera, y con la debida comunicación judicial previa, podrá transformarse en una internación involuntaria. Entre los reclamos más frecuentes de los familiares aparece la falta de esa valoración en ciertos casos, así como la preocupación de que la voluntad del paciente no siempre coincida con lo más adecuado para su bienestar o su proceso de recuperación.

Expectativa en el Congreso

En el ámbito del Congreso, luego del anuncio, el oficialismo se muestra optimista respecto de conseguir la sanción de los cambios a la Ley de Salud Mental con el respaldo de sus aliados. Hasta el momento, cada intento de reforma había quedado trabado en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

“La mayoría entendemos que es un proyecto necesario porque la ley actual tiene muchas falencias y un Estado que llega tarde”, sostuvo el diputado Álvaro Martínez. En esa línea, planteó la necesidad de volver más dinámica la legislación y de ampliar la red de atención incorporando tanto hospitales generales como centros especializados.

Más del 45% de la población atraviesa algún tipo de alteración emocional o de orden psicológico, “con una demanda de atención psiquiátrica y psicológica que no para de crecer”, había señalado la exdiputada Marcela Campagnoli en junio del año pasado, al impulsar la declaración de la emergencia nacional en la materia.

En paralelo, días atrás tomó estado parlamentario en la Legislatura bonaerense una iniciativa presentada por tres legisladores con un planteo similar para el territorio provincial. El ingreso se produjo poco después de un hecho ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante entró armado a una escuela, provocó la muerte de un compañero y dejó heridos a otros dos.

Hugo Cohen, autor del libro Al margen de la ley de salud mental: crónica de su implementación en Argentina, sostuvo tras el anuncio oficial que el inconveniente no radica en la legislación en sí, sino en los obstáculos para llevarla a la práctica. Como ejemplo, mencionó las demoras en estructurar dispositivos de salud mental de segundo nivel, su articulación con el primer nivel de atención y con los hospitales generales, así como el proceso de sustitución gradual de los establecimientos monovalentes o especializados.

“La ley careció de presupuesto; faltaron datos, cifras e indicadores que reflejen de manera básica y continua la situación de la salud mental en el país (solo hubo un censo de las personas internadas en instituciones psiquiátricas y se hizo uno solo en 208) o, recién a finales de 2023, se constituyó un grupo de universidades para cumplir con la obligatoriedad de la actualización en la formación del equipo de salud y de especialistas”, enumeró ante la consulta.

“Muchos profesionales desconocen cómo proceder ante una persona en crisis, lo que colaboró con el falso concepto de que la ley no permite internar”, añadió el psiquiatra, que se encargó de ser asesor subregional en salud mental de la OPS/OMS para América latina entre 2000 y 2015.

Adjudicó a esas fallas que “muchas familias se encuentren sin respuesta, que no encuentren dónde pueden ser atendidos sus hijos. Una suma de falta de recursos materiales (atención en las guardias, camas en los hospitales generales, centros de rehabilitación y hospitales de día y de noche) y carencias en la actualización de la formación profesional por ley que alcanzan a diversos sectores de la comunidad, como al personal de la salud, maestros, fuerzas de seguridad e iglesias, que requieren de apoyo psicosocial y no lo reciben.”, concluyó Cohen.