El Gobierno aceleró el plan para depurar el padrón de beneficiarios de pensiones que otorga el Estado por invalidez laboral. Según cifras oficiales, en el 2006 había 170.000 personas que recibían ese beneficio. En el 2015 el padrón llegaba a 1.034.743 beneficiarios, es decir que la suba superó el 500%. Hoy son 1.042.945.

En Jujuy hay 21.703 personas que cobran ese beneficio, es decir poco menos del 3% de la población. Santiago del Estero encabeza el ranking de provincias con más beneficiarios, con el 8,87% de su población que recibe la asignación. Le siguen Chaco (7,92%), Formosa (7,74%), Misiones (6,55%) y Corrientes (5,29%).

Hay casos muy llamativos, como General Güemes, Chaco, que tiene 66.132 habitantes y hay 16.177 personas que perciben una pensión por invalidez laboral, un 24% de la población. Según el último informe de septiembre de este año, Buenos Aires con 263.279 es la jurisdicción con mayor cantidad de esos beneficios, seguida por Chaco con 83.082; Santiago del Estero con 77.209, Córdoba con 72.385, y Misiones con 71.791. Tierra Del Fuego es la provincia con menos pensiones con un total de 816, seguida de Santa Cruz con 3.115 y La Pampa con 7.162. El total del país es de 1.042.945 pensiones habilitadas.

En el informe se detalla que en el 2006 había 170.000 beneficiarios en todo el país, que crecieron durante el gobierno de Cristina Kirchner a 1.034.000. La cifra hoy se mantiene y se busca evitar que la depuración de los casos se judicialice. Desde el 2016 hasta el 2017 ese número se elevó a 1.048.000 personas. En el 2017 se redujo 71.700 el número de beneficiarios, entre suspensiones y bajas, lo que derivo en una polémica y hasta amparos en la Justicia.

Según las estimaciones, todas las pensiones que actualmente paga el estado, costarán en el 2019 $114.000 millones. Ese se suma a los gastos de traslado y de rehabilitación de la persona con discapacidad, además de su cobertura médica. En total el gasto promedio es de $16.000 mensuales extras por cada pensionado, según dijeron desde la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ahora este nuevo plan busca detectar posibles incompatibilidades en el otorgamiento de la pensión, como así también eventuales irregularidades y situaciones de fraude. Ya se enviaron 9000 cartas documento y quienes la recibieron deberán presentarse en Anses para el descargo y la presentación de pruebas que justifiquen el cobro. Hasta ahora solo el 10% lo hizo y hubo más de 400 renuncias.

La pensión no contributiva por invalidez solo puede ser asignada a aquellas personas que, por sus condiciones psicofísicas, se encuentran invalidadas para realizar cualquier actividad laboral. La incapacidad debe ser del 76%, y no recibir otro tipo de asignación estatal ni tener ingresos, ni propios ni de su grupo familiar.

El decreto 432/97 implicó la suspensión de 70.000 pensiones por invalidez por distintas irregularidades. Con una investigación, se determinó que 7000 titulares que recibían la pensión habían muerto y que 5600 no tenían el grado de invalidez que se requería.

El monto mensual de este beneficio hoy es de $5.865 de bolsillo (el 70% de una jubilación mínima), que se eleva un 40% para los residentes en el sur del país, debido al adicional por Zona Austral. Según el Proyecto de Presupuesto 2019, el año próximo Cambiemos proyecta reducir a 1.032.926 los beneficios, es decir un 1% menos que el padrón actual.

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