La Justicia de Bolivia ordenó la detención del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos por su presunta responsabilidad en los bloqueos de rutas que mantuvieron paralizado al país durante 53 días y que, según cifras oficiales y de organizaciones cívicas, dejaron al menos 22 muertos y 88 heridos.
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La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención de Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado
La Justicia de Bolivia ordenó la detención del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos durante los bloqueos.
La orden fue emitida por la Fiscalía y firmada por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, quien instruyó a la Policía trasladar a Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción. La medida responde a denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
La investigación alcanza seis delitos: alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La denuncia contra Evo Morales
La denuncia fue presentada el 1 de julio por el Comité Pro Santa Cruz, que señaló a Morales como uno de los principales impulsores de las protestas y los más de 100 puntos de bloqueo instalados entre mayo y junio en distintos departamentos del país, especialmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Durante las siete semanas de conflicto, campesinos, integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines al exmandatario realizaron cortes de rutas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Como consecuencia, se registró un fuerte desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas que superaron los USD 3.000 millones.
Según datos de la Defensoría del Pueblo y reportes de entidades cívicas y sociales, los bloqueos dejaron un saldo de al menos 22 personas fallecidas y 88 heridas.
Morales rechazó las acusaciones
Tras conocerse la orden de detención, Morales rechazó las acusaciones y denunció una persecución política. "No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos", expresó en su cuenta de X.
También sostuvo: "Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción".
La orden de aprehensión también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y al líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece detenido preventivamente desde el 6 de julio, acusado de organizar los bloqueos en el occidente del país.
Morales negó haber impulsado la renuncia del presidente Paz y aseguró que las movilizaciones respondieron al malestar social por la crisis económica. "Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular", afirmó.
El expresidente permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, donde se encuentra resguardado por sus seguidores desde octubre de 2024. Además de esta causa, enfrenta otra investigación por trata agravada de personas y sobre él pesa una orden de captura dictada por un tribunal de Tarija, cuya ejecución continúa siendo evaluada por la Policía boliviana.
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