El oficialismo logró un acuerdo con bloques aliados en la Cámara de Diputados para restituir los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, una modificación que fue incorporada al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
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Diputados: el Gobierno acordó restituir límites a la venta de tierras a extranjeros
El oficialismo incorporó cambios al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para recuperar restricciones eliminadas por el DNU 70/23.
La iniciativa obtuvo dictamen este miércoles y será debatida en el recinto el próximo 21 de octubre. El cambio busca recuperar las restricciones establecidas por la Ley 26.737, que habían sido derogadas por el DNU 70/23 impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La modificación también se produce luego de que la Corte Suprema repusiera temporalmente, mediante una medida cautelar interina, la vigencia de la denominada Ley de Tierras.
Volvería el límite del 15%
El proyecto incorpora dos artículos que dejan sin efecto la derogación de la Ley 26.737 y restituyen su vigencia.
De esta manera, una persona física o jurídica extranjera no podrá ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento. Además, una misma nacionalidad no podrá concentrar más del 30% del porcentaje de tierras habilitado para titulares extranjeros.
La normativa también establece restricciones para la adquisición de tierras rurales que contengan cuerpos de agua relevantes y para aquellas ubicadas en zonas de seguridad de frontera.
El acuerdo entre el oficialismo y sus aliados busca evitar que el rechazo a la venta de tierras sin límites termine generando un escenario que facilite la derogación completa del DNU 70/23.
Qué otros cambios contempla el proyecto
La iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no se limita a la cuestión de las tierras. También establece modificaciones vinculadas con las expropiaciones, la ocupación de inmuebles y los desalojos.
En materia de expropiaciones, propone que el Estado deba justificar de manera expresa y estricta la declaración de utilidad pública. Además, modifica el cálculo de la indemnización, tomando como referencia el valor de mercado y contemplando el lucro cesante.
El proyecto también contempla la restitución sumaria de inmuebles ocupados, con un plazo de hasta 72 horas cuando el propietario pueda acreditar su titularidad mediante la documentación correspondiente.
En los casos de falta de pago, establece un mecanismo de desalojo que requiere una intimación previa al inquilino, quien tendrá 10 días para cancelar la deuda.
El proyecto deberá volver al Senado
La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado a principios de agosto. Si Diputados la aprueba con las modificaciones incorporadas, deberá regresar a la Cámara Alta para su tratamiento definitivo.
Mientras tanto, continúa el debate político y judicial alrededor del DNU 70/23, que eliminó distintas regulaciones en áreas como comercio, transporte, alquileres, salud, mercado laboral y venta de tierras.
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