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SUSCRIBITELa Emergencia en Discapacidad estará vigente hasta 2026, aunque el Ejecutivo resolvió postergar su ejecución hasta que el Congreso defina cómo se financiará.
Ley de Emergencia en Discapacidad
Este lunes quedó promulgada en el Boletín Oficial la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, su puesta en marcha fue suspendida por el Gobierno a través del Decreto 681/2025, en el que se argumenta que aún no existen recursos suficientes para afrontar los costos que la normativa generará.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, el nuevo régimen de pensiones implicará un desembolso de $2,16 billones durante 2025, cifra que equivale al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI). Para el año siguiente, el impacto ascendería a $4,7 billones, equivalente al 0,47 % del PBI.
A estos gastos se suman los que demanda el programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas. Allí el costo adicional alcanzaría los $574.200 millones en 2025 (0,07 % del PBI) y más de $1,2 billones en 2026 (0,12 % del PBI). También se proyecta una compensación de emergencia a prestadores, valuada en $278.323 millones.
En conjunto, la implementación plena de la ley necesitaría $3,01 billones, es decir, un 0,35 % del PBI.
El Ejecutivo explicó que el Congreso no precisó de qué manera se financiarían esas erogaciones, lo que contraviene lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera (24.156), que exige identificar las fuentes de recursos para toda ampliación presupuestaria. Además, recordó que el jefe de Gabinete tiene la atribución de reasignar partidas, pero que esta herramienta no constituye una fuente “concreta, actual ni suficiente” para cubrir el costo de la reforma.
El texto también advierte que, incluso reasignando todos los fondos disponibles en los presupuestos de los tres poderes del Estado, el monto resultante sería insuficiente para cubrir las obligaciones de la nueva normativa.
El Poder Ejecutivo ya había intentado frenar la ley mediante el veto total del Decreto 534/25, argumentando que el proyecto ponía en riesgo la sustentabilidad del sistema por la falta de previsión financiera. Sin embargo, tanto Diputados como el Senado insistieron con la sanción por mayoría especial, lo que obligó al Gobierno a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.
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